Legisladores cuestionan lazos de delegada Dresdner y RD pide en querella obtener su declaración
Sin mayor agenda pública, la autoridad regional no compareció ante los medios luego de haber compartido agenda con el Presidente Boric en Alto Biobío. Parlamentarios piden incluso que deje su cargo, mientras su partido defendió su desempeño en el puesto durante el último año y medio.
Sin actividades públicas y con agenda de reuniones en la provincia de Arauco.
Así fue la jornada de este miércoles de la delegada presidencial Daniela Dresdner, en medio de todos los cuestionamientos en torno a su relación con la Fundación Democracia Viva, su presidente Daniel Andrade y la diputada de Revolución Democrática (RD) Catalina Pérez, a raíz de los convenios firmados con el Minvu en Antofagasta.
Dresdner fue jefa de gabinete de Pérez entre 2018 y 2020 -expareja de Andrade- y participó como fundadora de Democracia Viva, figurando en la web del organismo como "directora ejecutiva" en la fecha en que asumió funciones como delegada.
A los antecedentes conocidos durante la semana pasada en torno a la autoridad regional sobre dichos vínculos, se suma que su nombre fue ingresado en la querella presentada el martes por el partido liderado por Juan Ignacio Latorre para esclarecer responsabilidades, pidiendo su declaración en calidad "de imputada, testigo o víctima", en conjunto a una investigación interna que desarrolla el Comité de Crisis del partido.
Además, en el marco de su candidatura senatorial por Biobío, Dresdner pagó casi $4 millones a Andrade producto de una asesoría en comunicación estratégica.
Todos elementos que levantan cuestionamientos en el mundo político a nivel regional, donde los parlamentarios han pedido desde el esclarecimiento de las responsabilidades hasta su salida del cargo que asumió en marzo del año pasado. Esto, sumado a que Interior pidió una revisión exhaustiva de todos los convenios firmados por las delegaciones en todo el país.
Cuestionamientos
El arco político regional ha manifestado su preocupación en torno a los cuestionamientos en contra de la delegada presidencial.
El senador PS Gastón Saavedra planteó que "los involucrados tienen que comparecer ante los Tribunales, los responsables de estos, y ser sancionados como corresponde, porque el uso de los recursos públicos es para el bienestar de la población y no para el financiamiento de los partidos o sus activistas".
En la misma línea, el diputado DC Eric Aedo planteó que esta situación complica a la delegada ante "denuncias de desfalco en el norte" y que en el caso de la boleta a Andrade "no sabemos si esa boleta es real o ideológicamente falsa. Espero que haya claridad en todo aspecto frente a esta situación".
Desde la vereda de la oposición, el diputado UDI Sergio Bobadilla directamente solicitó la salida de la delegada apelando a que "existen vinculaciones directas de ella con esta fundaciones que han sido objeto de asignación directa de recursos de todos los chilenos (...) Las autoridades regionales debieran estar ocupadas de resolver los problemas de reconstrucción tras los temporales e incendios, y no perder tiempo en explicar lo inexplicable".
El senador Evópoli Sebastián Keitel en tanto manifestó que "no puede ser que tengamos a una persona preparando su defensa ante la justicia y al mismo tiempo, que sea la cara visible del Ejecutivo en la Región, menos ahora cuando necesitamos que los damnificados por el sistema frontal confíen en la institucionalidad y en las personas a cargo para resolver sus necesidades".
Responsabilidad política
En su visita a Alto Biobío, el Presidente Gabriel Boric abordó la situación y manifestó que es clave que el Ejecutivo se anticipe a estas situaciones antes de que salgan a la luz pública, sin necesidad de que esto último ocurra para que realicen las condenas respectivas.
"Me parece bien la querella. No pongo las manos al fuego por nadie, y en casos de estas características no estamos exentos que sucedan. La diferencia está en la reacción frente a esto, no titubear ni hacer protecciones porque son cercanos; quienes estén involucrados en actos de fraude al fisco o conflictos de intereses, deben responder ante la justicia, y si hay responsabilidad política yo personalmente la haré valer. Es así como hemos actuado desde el Estado", dijo.
Consultada por este medio en su paso por la zona, la ministra de la Mujer y miembro del comité político en La Moneda Antonia Orellana escuetamente dijo que "en el Gobierno no habrá defensas corporativas. Pero en el caso de la delegada presidencial, como dice el cargo, la nombra el Presidente y no los parlamentarios".