Por Agencias

Una audiencia prevista ayer para la lectura de cargos de Waltine Nauta, el asistente personal del expresidente Donald Trump que también está acusado en el caso de los documentos clasificados hallados en la casa del exgobernante en Florida, se aplazó al próximo 6 de julio, 24 horas después de divulgarse un audio de 2021 en el que el exmandatario reconoce tener en su poder uno de los documentos reservados.

El magistrado federal con base en Miami, Edwin Torres, fijó la fecha de la nueva audiencia luego de que el abogado de Nauta, Stanley Woodward, explicara que todavía no ha encontrado un abogado local y con jurisdicción en el Distrito Sur de Florida por medio del cual pueda ingresar peticiones al tribunal, así como la previsible declaración de no culpable.

En el transcurso de una breve audiencia que no se extendió más de 10 minutos, Woodward explicó además que Nauta no pudo estar presente hoy en la sala debido a que anoche perdió el vuelo que lo iba a trasladar desde Nueva York hasta Miami, el cual fue cancelado por mal tiempo.

Woodward señaló que preveía contar para antes del 6 de julio próximo con un abogado local que le permita ingresar mociones, incluida, como dio a entender en la sala, una probable exención para que su cliente no tenga que acudir en persona a la próxima cita, que se prevé se celebré nuevamente en un tribunal federal de Miami.

Nauta tuvo su primera comparecencia oficial en la corte el pasado 13 de junio, al lado del expresidente Trump, pero ese día se fijó para hoy la audiencia para la lectura de los seis cargos que afronta por mover cajas llenas de documentos clasificados y de alto secreto en Mar-a-Lago, la residencia y club privado del expresidente en Palm Beach.

La razón fue, precisamente, que Nauta no contaba con un abogado con permiso para ejercer en Florida.

El expresidente está acusado de 37 cargos referidos a siete delitos entre los que se incluye retener ilegalmente documentos secretos relativos a la Defensa de EE.UU. y obstrucción a la justicia, punibles con cárcel y multas, y se declaró no culpable de todos .

Nauta, de 41 años, debe responder de 38 cargos referidos a seis delitos, entre otros, obstrucción y declaraciones falsas.

La acusación dice que el expresidente le ordenó a Nauta "que moviera cajas de documentos para ocultarlos del abogado de Trump, el FBI y el gran jurado".

A diferencia de la audiencia del pasado 13 de junio, en esta ocasión no hubo manifestantes ni curiosos en las inmediaciones de la sede del tribunal federal, ubicado en el centro de Miami.

Audio comprometedor

La audiencia de ayer se dio un día después de que la cadena CNN divulgara un audio de 2021 en el que Trump reconoce tener en su poder al menos un documento clasificado.

El audio puede comprometer la causa judicial del expresidente en Florida y tuvo lugar el 21 de julio en un club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, y su contenido fue citado en la acusación del Departamento de Justicia.

La grabación, de poco más de dos minutos, se escucha al republicano decir que podría haber desclasificado los documentos cuando estaba en la Casa Blanca, pero no lo hizo. "Cuando era presidente podría haberlos desclasificado, pero ahora ya no puedo", dice Trump, que además señala que el documento, al que atribuye al Departamento de Defensa, hace referencia a Irán.

No está claro aun la fecha del inicio del juicio, en vista de que Jack Smith, el fiscal especial encargado del caso de los documentos clasificados hallados en la residencia de Trump, pidió retrasarlo hasta diciembre.

La magistrada encargada del caso, Aileen Cannon, había ordenado que el juicio con jurado comience a partir del 14 de agosto en Fort Pierce, a 208 kilómetros de Miami, pero Smith solicitó la extensión con el argumento de que el caso "tiene que ver con información clasificada, por lo que hará falta que la defensa obtenga las autorizaciones de seguridad requeridas".

La audiencia de ayer se da además un día después de que Cannon rechazara una petición de la Fiscalía para mantener en secreto una lista de 84 potenciales testigos en el juicio por los documentos clasificados.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió la lealtad de sus militares y cuerpos de seguridad ante la rebelión encabezada por el líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien se refugió ayer en Bielorrusia tras ser archivado su caso penal en su país.

"Ustedes defendieron el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de muestro ciudadanos, salvaron a nuestra patria de conmociones y, de hecho, detuvieron una guerra civil", dijo Putin a efectivos militares y agentes de seguridad en una ceremonia solemne celebrada en la Plaza de las Catedrales del Kremlin.

Rusia se salva del caos

El mandatario destacó que las fuerzas de orden, los militares y agentes de los servicios de inteligencia "cortaron el camino a la rebelión, cuyo resultado inevitable hubiera sido el caos".

Putin recordó la muerte de varios pilotos durante la sublevación y señaló que "cumplieron con honor las órdenes y su deber militar".

Tras la ceremonia, el presidente se reunió con un grupo de militares a los que agradeció especialmente sus acciones para desarticular la sublevación de los mercenarios de Prigozhin, a quien, al igual que hace con sus acérrimos enemigos, como el encarcelado líder opositor Alexéi Navalni, no menciona por su nombre.

Putin financió a wagner

El jefe del Kremlin reveló que entre mayo de 2022 y el mismo mes de 2023 la financiación del Grupo Wagner corrió completamente por cuenta del Estado, que en ese período le asignó 86.000 millones de rublos (1.014 millones de dólares). Al mismo tiempo, indicó que Concor, la empresa de Prigozhin, ganó en un año 80.000 millones de rublos, más de 900 millones de dólares, con contratos de suministros de comida al Ejército.

Advirtió de que se investigará si hubo robos, en una clara amenaza a los intereses económicos del empresario.

Lukashenko critica

Si Putin se mostró orgulloso de cómo fue frustrada la sublevación, su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, que actuó como mediador entre el Kremlin y Prigozhin, no quiso colgarse medallas.

"Por ningún motivo hay a que hacer de mí un héroe, ni de mí ni de Putin ni de Prigozhin, porque la situación se nos escapó de las manos, creímos que se solucionaría por sí misma, pero no fue así", dijo Lukashenko en una reunión con militares en Minsk.

Admitió que, además de poner en máxima alerta al Ejército del país, dispuso que una brigada estuviese totalmente preparada para ser enviada a Rusia en caso de necesidad.

El acuerdo alcanzado con la mediación del jefe de Estado bielorruso permite a los wagneritas incorporarse al Ejército ruso, volver a sus casas o marcharse a Bielorrusia, además del cierre de las causas penales incoadas por su sublevación.

Llegada de prigozhin

El mandatario bielorruso confirmó personalmente la llegada del jefe del Grupo Wagner a su país.

"Se le proporcionaron garantías de seguridad, como prometió (el presidente ruso, Vladimir Putin. (..) Sí, de hecho, hoy (ayer) está en Bielorrusia", indicó en una ceremonia de entrega de grados de general.

Lukashenko sugirió que el exilio de Prigozhin y de los mercenarios que se sumen a él puede ser solamente temporal, pero se mostró interesado en aprovechar sus experiencias de combate. "Si sus comandantes (del Grupo Wagner) vienen y nos ayudan... Es experiencia. Eran grupos de asalto en la vanguardia. Nos contarán qué es importante ahora. Porque pasaron por todo esto (...)", dijo.

Indicó que los mercenarios pueden asesorar a Minsk "sobre táctica, armamento, cómo avanzar y cómo defender".

"Es algo que no tiene precio. Es lo que debemos aprovechar de los wagneritas", dijo.

Lukashenko se mostró además de acuerdo con su ministro de Defensa, Víktor Jrenin, quien manifestó que no le importaría disponer de una unidad como el Grupo Wagner en el Ejército. Al mismo tiempo, negó que Bielorrusia esté construyendo campamentos para albergar a los wagneritas, que serán ubicados -dijo- en "instalaciones militares abandonadas".

La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó ayer al fiscal Karim Khan a reanudar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela al considerar que los "procesos penales internos" de Caracas "no reflejan suficientemente el alcance" del caso y hay "periodos de inactividad inexplicables".

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI señaló que el enfoque de las investigaciones internas "parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel" y consideró que se han "tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable".

Aunque ve que Venezuela está tomando "algunas medidas de investigación", considera que "sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación" total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.

"Las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual", señaló la Sala.

No obstante, los jueces recordaron que esta conclusión "no impide" que Caracas pueda proporcionar en el futuro material que determine la "inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad", es decir, que demuestre que la justicia venezolana está ya investigando todos los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados y que la investigación del fiscal de la CPI no es necesaria.

Además de los argumentos del fiscal para reanudar la investigación y las observaciones de las autoridades venezolanas en contra de la reapertura del caso, los jueces tuvieron en cuenta unas 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000.

Un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. reveló ayer que una serie de "negligencias" en el seno del sistema federal de prisiones permitieron que el magnate Jeffrey Epstein se suicidara en su celda en agosto de 2019 mientras esperaba a ser juzgado por tráfico sexual. Según el informe, hubo fallos en las cámaras de vigilancia y también pesó el hecho de que el Buró Federal de Prisiones no asignara un compañero de celda a Epstein después de que intentara quitarse la vida un mes antes de su muerte. Además, el magnate tenía a su disposición una "cantidad excesiva" de sábanas, que terminó usando para ahorcarse.