Por Redacción

A nueve días de que se destapara el "Caso convenios" la polémica no para de crecer y lo que para algunos en el Gobierno al principio fue un "descriterio político", ahora pasó ser un posible "delito", como dijo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, o una "sospecha de corrupción", como señaló ayer Revolución Democrática, partido en que militan los involucrados en el hecho que ha golpeado duramente a La Moneda.

El conflicto se generó luego de que se revelaran convenios por 426 millones de pesos entre la seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por Carlos Contreras, con la fundación Democracia Viva, presidida por Daniel Andrade. Los dos involucrados son militantes de RD al igual que la entonces pareja del último, la diputada Catalina Pérez, quien se vio envuelta en el escándalo al igual que toda la colectividad.

Ayer el ministro Montes viajó a Antofagasta para informar del alcance de este caso a la Fiscalía, oportunidad en la que volvió a descartar que hubiera funcionarios de su cartera con dobles contratos, pero sí detalló que "algunas fundaciones contrataban a personas que se iban a trabajar al ministerio para efectos de hacer un seguimiento a los proyectos. Nosotros creemos que son seis personas, no más que eso, contratadas por las fundaciones y cumplían funciones de apoyo en la seremi o Serviu".

Querella de rd

Paralelamente ayer RD presentó una querella contra quienes resulten responsables de eventuales delitos en este caso. El presidente de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, explicó que "a medida que han ido apareciendo antecedentes (...), hay sospecha de corrupción, hay sospecha de una organización que se forma, que tiene poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado de muy amplia diversidad de temas para sacar provecho de recursos públicos".

El senador precisó que "los antecedentes iniciales que teníamos, era que acá había más bien un descriterio político, pero en la medida que se van conociendo más antecedentes hay ya sospecha de delitos y obviamente por eso entra la Fiscalía".

Además, el partido dio a conocer que se suspendió la militancia de la diputada Pérez y que se pidió la expulsión de Contreras y Andrade.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, fundador de RD, expuso en radio Cooperativaque "es gravísimo, y para quienes formamos parte durante tanto tiempo de este proyecto es súper doloroso".

Por otra parte, ayer en la tarde se conoció la primera reacción de Andrade ante este caso: presentó un escrito ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en el que solicita ser parte de la investigación de oficio de la Fiscalía de Antofagasta.

"Atendida la existencia de una querella criminal interpuesta en este procedimiento en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de cohecho agravado y fraude al Fisco, en cuya relación de hechos se alude directamente a mi persona (...), solicito a que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento penal, en calidad de imputado, para todos los efectos legales", planteó la expareja de la diputada Pérez.

Asimismo expuso que "ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación", autorizando acceso a todas sus cuentas y registros de operaciones o movimientos.

Cualquier ciudadano ya puede apoyar una o varias de las 1.292 iniciativas populares de norma ingresadas alConsejoConstitucional desde la sociedad civil.

Para avanzar, la propuesta de norma constitucional debe reunir un total de 10 mil firmas de apoyo en cuatro regiones del país, y para eso hay plazo hasta el próximo 7 de julio.

Hasta el cierre de esta edición, la iniciativa con más apoyo (casi 4.300) era "Con mi plata no, protejamos nuestros ahorros previsionales", ingresada por la organización "Con mi plata no" y que busca asegurar la propiedad sobre los ahorros previsionales"Las cotizaciones y los fondos generados por estas, tendrán el carácter de heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables, y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización bajo ninguna modalidad ni circunstancia", señala.

"Por un Estado sin pitutos" de Pivotes, Horizontal e IdeaPaís, llegaba a los 4.000 apoyos, y más atrás, con más de 3.500 votos, estaba "Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno", de la Corporación Vive Chile Rural, y que busca que prevalezca el respeto a actividades como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes chilenas.

Se pueden apoyar hasta 10 iniciativas populares de norma y, para hacerlo, se debe contar con Clave Única, y buscarlas en el portal de la Secretaría de Participación Ciudadana (secretariadeparticipacion.cl).-

El problema que ha revelado la fundación Democracia viva -el flagrante tráfico de influencias y ya se verá si, además, la comisión de un delito penal- ha puesto de manifiesto la necesidad de regular mejor a las llamadas organizaciones de la sociedad civil.

¿Cuáles debieran ser las líneas básicas de esa regulación?

Desde luego, y quizá el más urgente, consista en disponer un mejor gobierno corporativo para ellas.

El tema del gobierno corporativo consiste en resolver lo que la literatura llama un problema de agencia. Hay un problema de agencia cada vez que sea difícil asegurar que quien administra (el agente) persiga los objetivos de aquel cuyos intereses deben ser servidos (el principal). El ejemplo de las sociedades anónimas permite comprender el problema. En la sociedad anónima administran los gerentes (ellos serían los agentes) y se espera que al ejecutar su labor persigan maximizar los intereses de los accionistas (que por eso son el principal). A estos últimos (que son los dueños) les interesa maximizar su utilidad y para ello deben vigilar a quienes administran (los gerentes); pero como es muy difícil que los primeros lleven a cabo ese control por sí mismos, resuelven el problema delegando en un directorio esa tarea. Así, los directores de una sociedad anónima son responsables por el control y la marcha del negocio y responden con su patrimonio por los acuerdos a los que concurren. Tienen, pues, fuertes incentivos para controlar que los gerentes o administradores no defrauden ni capturen los objetivos de la empresa.

Cuando se compara esa estructura con una fundación como Democracia viva, se comprende el problema. En una fundación como ésta el directorio es de papel. Se compone por personas que prestan su prestigio para que la fundación lleve adelante la recolección de fondos y realice sus tareas. Pero quien tiene el control final son los administradores ¿Por qué? La razón es obvia, porque en este tipo de organizaciones no hay dueños cuyos intereses los administradores deban servir y ante quienes los directores deban responder (es decir, no hay equivalente a los accionistas de la sociedad anónima). En ausencia de dueño o propietario preciso, la fundación queda en manos de quien administra el que, entonces, puede obrar a su antojo, especialmente si los directores son de papel ¿Cómo resolver este problema? La manera más obvia de hacerlo consiste en que la ley establezca explícitamente que en una fundación el directorio tiene deberes fiduciarios hacia los intereses que constan en los estatutos y que sus miembros sean personalmente responsables del quehacer de vigilar el quehacer de los administradores. En otras palabras, un directorio fiduciario en este tipo de organizaciones ayudaría a resolver, siquiera en parte, el problema. Si los directores fueran personalmente responsables y debieran informarse de las gestiones de la administración, y la ley explicitara su responsabilidad, es poco probable que el tipo de negocios como el de Democracia viva se pudiera realizar.

En el derecho romano (la base del derecho actual, dicho sea de paso) se llamaba fiducia al conjunto de negocios que se realizaban en base a la confianza. Hoy ese tipo de operaciones existen. Una persona (fideicomitente) encarga a otra (fiduciario) que realice algo en favor de un tercero (el beneficiario). Para que ese tipo de negocio funcione, se requiere que el tercero pueda exigir al fiduciario que cumpla su deber. Si aplicamos ese esquema al caso de Democracia viva, tenemos que el fideicomitente es el estado, el fiduciario la Fundación y el beneficiario los pobladores. El problema es que estos últimos no tienen cómo exigir que el fiduciario cumpla su deber para con ellos. La solución es que quien represente a los beneficiarios sea el directorio de la fundación, es decir, que el fiduciario tenga una forma de gobierno cuya deber explícito sea alinear los intereses del agente (los administradores de la fundación) con el principal ( a falta de dueño, los beneficiarios).

Directorios responsables de la custodia de los intereses de los beneficiarios (indicados por los estatutos) podría ser un primer paso para evitar que casos como el de Democracia viva se repitan.

Carlos Peña