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Pero aseveró que previamente se estaban recabando antecedentes

Ministro Montes descarta haber tenido antecedentes en caso Democracia Viva

Senador RD Juan Carlos Latorre aseguró que el jefe del Minvu recibió alertas por parte de cuestionada subsecretaria Rojas. Presidente Boric pidió al oficialismo actuar con el mismo estándar y firmeza que cuando condenaron este tipo de casos.
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Por Redacción

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, abrió una nueva polémica por el convenio entre la fundación Democracia Viva y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, al asegurar que la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, militante de su partido, sabía de la situación desde mayo y que advirtió al ministro Carlos Montes tras recibir un email con la denuncia desde la Asociación de funcionarios del Serviu local.

El parlamentario afirmó en radio Concierto que según las conversaciones que tuvo incluso con Rojas, "cuando ella recibe la información lo conversa en el ministerio, con el ministro y también con todo su gabinete y empieza a recabar información con el seremi, y el problema es que la información que le fue entregando el seremi, lo que nos dice la subse, es que fue como parcial , fue de a poco hasta que la cosa fue como creciendo en términos de los problemas vinculados con este convenio en el fondo".

"(Rojas) no es que oculte la información, sino que lo conversa con todo el gabinete, incluido el ministro y la gente que toma decisiones en relación a estos temas", agregó.

Sin embrago, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, salió rápido al paso de las declaraciones de Latorre y afirmó que "el presidente de Revolución Democrática se equivocó, entiendo que va a ser una aclaración próximamente, si ya no la hizo en este rato, pero la subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena".

"La historia hay que conocerla mucho más en detalle porque había un proceso en marcha que yo no conocía, pero había un proceso de recabar información previa a propósito de unas denuncias", añadió.

En la tarde Latorre envió un video a los medios en el que dice que "estamos completamente en sintonía con el ministerio de Vivienda encabezado por el ministro Carlos Montes y la subsecretaria (Tatiana) Rojas. No vamos a aceptar ningún acto que esté reñido con la ética, la probidad, la confianza pública, con los recursos públicos y con la corrupción. Por tanto saludamos las medidas que ha tomado el ministerio de Vivienda",

El escándalo se enmarca en los polémicos convenios por $426 millones de la fundación Democracia Viva, de Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, y Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de la diputada y ex seremi del Minvu en Antofagasta.

Investigación de fiscalía

El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, confirmó que iniciaron una investigación de oficio y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI está a cargo de indagar en los supuestos delitos.

Según detalló el persecutor, derivaron requerimientos de información al Minvu, a la seremi y a Contraloría para "poner a disposición todos los antecedentes relativos a la existencia de convenios entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la mencionada fundación (Democracia Viva) para efectos de poder definir las circunstancias en que se produjeron dichos convenios".

Además, detalló que se investigarán diversos delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

De todas formas, reconoció que se pueden ordenar más diligencias en caso de que se presente una querella, como anticiparon diputados de la UDI.

Condena del presidente

El Presidente Gabriel Boric también abordó la polémica y afirmó que "en primer lugar tiene que haber colaboración absoluta con la Fiscalía. Si la Fiscalía decide involucrarse es porque hay sospecha o antecedentes de delitos y eso es gravísimo y nuestro Gobierno tiene el deber y la exigencia de colaborar en todo el proceso y poner todo a disposición".

"Se exigirá la restitución de los montos asignados que aún no han sido ejecutados y trabajaremos conjuntamente y de manera transversal para modificar los actuales mecanismos de asignación de estos recursos para avanzar en más transparencia y probidad", anunció el Mandatario.

Luego afirmó que "si en el pasado de nuestro sector político fuimos muy duros en condenar cualquier todo tipo de actos reñidos con la fe pública y donde hubiesen delitos o presunciones de delitos -que eso le corresponderá decirlo a la Justicia-, hoy día, cuando los que están involucrados son personas cercanas al Gobierno tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes".

A través del Programa Asentamientos Precarios

Contraloría da cinco días al Minvu para detallar dinero traspasado a fundaciones

Seremi de Antofagasta debe entregar la información, pues otras ONG, como ProCultura, también son cuestionadas.
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La Contraloría le dio un plazo de cinco días a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta para entregar toda la información relativa a convenios suscritos con fundaciones a raíz de la polémica con Democracia Viva.

Pero el oficio, firmado por la contralora regional, Claudia Neira, abarca a todos los convenios realizados por la seremi de Antofagasta a través del programa de Asentamientos Precarios.

Según reveló radio Biobío, son más fundaciones las que han recibido recursos de la seremi Minvu de Antofagasta, donde por ejemplo la Asociación Campamento de Ideas ha recibido casi 800 millones de pesos por nueve asignaciones directas.

De acuerdo a la emisora, la Fundación ProCultura, donde trabajó cerca de un año la pareja del Presidente, Irina Karamanos, recibió en el mismo periodo que Democracia Viva la asignación de 500 millones.

En el caso de Fundación Urbanismo Social, en el último trimestre de 2022 se le transfirió 577 millones.

El director de ProCultura, Alberto Larraín, aseguró a radio ADN que la fundación "tiene 14 años de experiencia, trabaja en 47 comunas, en 11 regiones y tenemos más de 300 proyectos rendidos a lo largo del país; y tenemos un convenio marco desde el gobierno pasado con el Minvu para desarrollar distintos tipos de actividad en beneficio de territorios".

"Poner en cuestionamiento todo lo que hace la sociedad civil claramente es un descriterio", criticó el psiquiatra, y añadió que "las rendiciones están abiertas por si cualquier persona o cualquier medio las quiere".

Parlamentarios de oposición anunciaron que buscan interpelar al ministro Carlos Montes por el caso de Democracia Viva y el diputado Rubén Oyarzo ingresó una solicitud para conformar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

Tras arremetida del Partido Republicano de dicho país de retirar a Chile del programa

Tohá y Visa Waiver: "Espero que no tengamos que lamentar una pérdida"

Ministra dijo que es de "máxima preocupación".
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La ministra del Interior, Carolina Tohá, describió ayer como "un tema de máxima preocupación" la arremetida del Partido Republicano estadounidense para sacar a Chile del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver).

"Espero que no tengamos que lamentar una pérdida de este instrumento, muy importante para el país", señaló la ministra.

Tohá recordó que Chile "estaba prácticamente saliéndose del programa Visa Waiver", al que ingresó en 2014, cuando se instaló el Gobierno de Gabriel Boric porque el país no había respondido los requerimientos, "mucho más altos que los que tuvo esta visa en períodos anteriores", explicó.

El año pasado el Gobierno trabajó para ponerse al día con esas nuevas exigencias -continuó Tohá- hasta que en diciembre "se cerraron las condiciones que se estaban pidiendo", por lo que la Visa Waiver para Chile fue renovada.

"En las últimas semanas ha habido una aceleración de la implementación del protocolo nuevo", apuntó la titular de Interior, quien confirmó que equipos de Interior y Cancillería están en EE.UU. realizando gestiones con ese fin.

"Es fundamental que la implementación dé plenas garantías de que no se van a colar entre quienes ingresan a EE.UU. personas con antecedentes penales", concluyó.

La Embajada de Chile en Estados Unidos explicó que está en conversaciones con las autoridades estadounidenses para mantener el programa, luego de que un subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense aprobara el miércoles condicionar la financiación del programa a que Chile comparta datos sobre los antecedentes penales de los chilenos que viajan a territorio estadounidense.

Esto último ante la ola de delitos perpetrados por chilenos en el país, sobre todo en California, y cuyos procesos judiciales se han dificultado.