Por Redacción

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, dijo que "enviamos un equipo investigador a la Región de Antofagasta, para informarnos de todas las situaciones que se están provocando" a causa de los millonarios contratos firmados con Fundación Democracia Viva, liderada por la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, y el seremi Carlos Contreras, todos de RD.

"Los antecedentes que lograron recabar, y logramos recuperar información relevante que entregaremos directamente a la Fiscalía", anunció Montes, porque "lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados".

Los tres convenios entre la seremi del Minvu en Antofagasta y la citada fundación suman $426 millones, de los que un porcetaje "ya los han gastado, aquella parte que no han gastado, nos parece que lo sensato es que los pongan a disposición", afirmó el ministro, junto con que "el Gobierno no descarta presentar una querella".

El Ministerio, asimismo, instruyó un sumario a fin de "esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas, así como cambiar el sistema de transferencia de recursos y sus procesos establecidos en el año 2015 y aplicados por primera vez en 2019".

Sobre por qué no se detectó antes esta eventual irregularidad, Montes dijo que son "críticos del sistema que entrega recursos con una discrecionalidad que no contribuye a un resguardo adecuado de los recursos públicos. Este sistema debe cambiar y los equipos ya están trabajando".

En el caso que compromete a la legisladora y que la llevó a renunciar a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados "no hay indicios definidos de nuevas irregularidades, pero de haber se entregarán los antecedentes a las instituciones que corresponden", señaló Montes.

"Venimos a aplicar todas las herramientas para encontrar las responsabilidades que existen y buscaremos formas para evitar que se vuelva a repetir un caso así. Nuestro mensaje es claro: esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable", recalcó la autoridad.

Expulsión de rd

El Consejo Político Nacional de Revolución Democrática (RD) solicitó ayer al Tribunal Supremo del partido expulsar a Pérez, Andrade y Contreras.

"Siempre hemos impulsado la importancia de elevar el estándar de la función pública, asegurando los principios de probidad y transparencia en la toma de decisiones", afirmó la colectividad fundada por el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien hace un tiempo señaló que "nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió".

El Tribunal Superior Electoral (TSE) iniciará hoy un juicio por supuestos abusos de poder por parte del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien puede perder todos sus derechos políticos en caso de ser hallado culpable.

La acusación, extensiva al general Walter Braga Netto, compañero de fórmula de Bolsonaro como candidato a vicepresidente en 2022, sostiene que el líder derechista violó la ley electoral en numerosas ocasiones a lo largo del proceso que llevó a la victoria al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El proceso fue impulsado por el Partido Democrático Laborista (PDT) y está centrado en la dura campaña de descalificación que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral y otras instituciones durante los dos años previos a los comicios de octubre pasado.

El TSE reservó tres audiencias para este caso, por lo que la sentencia, que puede declarar "inelegible" a Bolsonaro durante ocho años si fuera declarado culpable, sería dictada la semana próxima.

Un punto central de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó en la residencia oficial del Presidente con medio centenar de embajadores extranjeros el 18 de julio de 2022 para insistir en su campaña de descrédito contra el sistema electoral.

En esa reunión, transmitida por la televisión pública por orden expresa de la Presidencia, intentó convencer a los diplomáticos de los supuestos fraudes que permitirían las urnas electrónicas que se utilizan en las elecciones en Brasil desde 1996, pese a que nunca desde entonces se ha comprobado una sola irregularidad.

Reiteró además sus críticas al TSE y hasta sugirió que algunos de sus miembros "conspiraban" para favorecer a Lula.

Dos años de ataques

Esa reunión con embajadores fue la puntilla de una campaña contra las urnas electrónicas a la que Bolsonaro imprimió más beligerancia aún desde marzo de 2021, cuando la Corte Suprema anuló los juicios por corrupción que llevaron a la cárcel a Lula, quien desde ese momento paso a liderar todas las encuestas electorales para 2022.

De acuerdo a la acusación, Bolsonaro incurrió en "abusos de poder y económicos" y en "uso indebido de los medios públicos", al valerse de la residencia oficial de la Presidencia para esa reunión y ordenar su transmisión por la televisión pública.

Sin embargo, el PDT fue más allá y sostuvo que Bolsonaro "buscó la adhesión de países extranjeros para, en caso de promover un golpe de Estado, obtener apoyo con la tesis de que el proceso electoral no habría sido confiable y sería el resultado de un fraude".

Asalto a los poderes

Contra Bolsonaro, aunque no esté expreso en los cargos, juega todo lo ocurrido después de que Lula ganó las elecciones y el asalto a la sede de los tres poderes de la Nación del 8 de enero, ocho días después de la investidura del actual mandatario.

Bolsonaro no reconoció el resultado de las urnas, alentó a sus simpatizantes a resistir y el país entró en una vorágine de vértigo político, con miles de activistas acampados a las puertas de los cuarteles del Ejército exigiendo un golpe militar en plena transición.

Es sorprendente la laxitud con que se ha juzgado -especialmente por parte de los dirigentes de Revolución Democrática- el caso que ha salpicado a la diputada Pérez.

En el caso, la pareja sentimental de la diputada, asesor del Ministerio de defensa y, al mismo tiempo, controlador de una Fundación de la que la diputada en los hechos participaba, obtuvo a favor de esta última institución una transferencia de fondos ascendente a más de cuatrocientos millones de pesos. Quien estaba a cargo de los fondos que se transfirieron, era el Seremi de Antofagasta, miembro también de Revolución Democrática y vinculado a la diputada (de cuyo equipo formó parte) y su pareja.

Un asesor ministerial y un seremi -el primero vinculado a la diputada- participaron, pues, de una transferencia de fondos donde la competencia se vio amagada y en la que no hubo conciencia alguna del conflicto de interés, de la promiscuidad, del nepotismo hacia los afines.

Las reacciones de parte de RD y del gobierno, del ministro Montes y de la Ministra Vallejo, han sido tibias, exculpatorias, elusivas: se trató de un error político, dijo el presidente de ese partido; una falta de criterio, dijo la ministra.

Esas declaraciones son sorprendentes porque en el lenguaje cotidiano un error político es una falta de cálculo en un diseño legislativo, una alianza electoral mal calculada, un discurso irreflexivo, un candidato mal elegido. Y una falta de criterio indica en error involuntario producto de la estupidez. Pero nada de eso es lo que ha ocurrido en este caso. Lo que ha ocurrido es que una ingente cantidad de dinero fue asignada a una fundación controlada por la pareja de una diputada (diputada que sabía de su existencia puesto que participaba de sus actividades) de manos de un Seremi perteneciente al mismo partido ¿En qué sentido preciso eso es un error político o una simple falta de criterio? En la práctica comercial a eso se le llama conflicto de interés o negocios relacionados y está pormenorizadamente regulado en la legislación por ejemplo de Sociedades Anónimas. Sí, es verdad, en este caso no hay vínculos legales entre los partícipes; pero ello no aminora el significado del acto: una transferencia de dinero entre personas con vínculos sentimentales y políticos donde se entremezclan, con obvia promiscuidad, factores que al común de los mortales se les escapan. Lo que el presidente de RD llama error político es un acto reprochable desde cualquier punto de vista imparcial y especialmente de quienes -como alguna vez proclamó el diputado Jackson- presumen poseer un alto estándar de moralidad. El nepotismo, la endogamia (en este caso política) como recurso para obtener recursos públicos y emplearlos más tarde en la actividad política ha sido habitual, sin duda, en todos los sectores; pero ello no lo hace menos reprochable en este caso que exigiría de sus dirigentes mayor severidad a la hora de juzgarlos.

La diputada Pérez ha reaccionado frente a esos hechos indignada:

…no voy a tolerar -dijo- que sin prueba alguna se busque enlodar mi trabajo poniendo un manto de duda sobre mi gestión.

Desgraciadamente no es que se esté poniendo un manto de duda sobre su gestión: ese manto ya cayó sobre ella y no fue arrojado ni por la prensa, ni por su rivales políticos, sino por su pareja y el seremi, ambos miembros de su partido, quienes ejecutaron esa operación sospechosa de promiscuidad y nepotismo.

Por supuesto puede que la diputada no haya consentido la operación y que esta última tampoco esté animada por el ánimo de defraudar; pero es hora de aprender que cuando se está en el estado se posee una responsabilidad que va más allá de las reglas legales y que consiste en no ejecutar actos que tengan la apariencia objetiva de conflicto de interés o nepotismo. Y hacerlo no es un error político, como con incomprensible tibieza, ánimo exculpatorio y tono terapeútico, dijo el presidente de RD, refrendado por ese tono que imposta neutralidad de la ministra Vallejo, sino una falta a los deberes que impone el propio rol y, sobre todo, el discurso con que se arribó a él.

El resultado de todo esto han sido tres renuncias: la del asesor ministerial, la del seremi y la de la diputada que ha suspendido su participación en la mesa de la Cámara. Y todo esto no es, por supuesto, fruto de un error político como con tono de hipnotizador dijo el presidente de RD. Es por el abandono de unos obvios deberes del cargo.

Y, claro, la renuncia, presentada como un acto sacrificial, no es más que el esfuerzo -mil veces visto aquí y allá- de hacer de la necesidad una virtud.

Carlos Peña