Por Karlyng Silva Leal

Durante las últimas semanas la región ha sido escenario de casos de violencia extrema contra las mujeres, el último de ellos ocurrió en Cañete hace dos días, donde una mujer de 47 años fue víctima de femicidio, pese a haber denunciado previamente a su agresor por amenazas.

Al respecto, la seremi de la Mujer y Equidad de Género del Biobío, Lorena Segura, aseguró que la violencia no hace distinciones y que por ello, la disposición de Gobierno ha sido instalar la perspectiva de género a nivel de gestión, pero también intencionando la prevención de la violencia en todas las actividades posibles de los servicios.

"Una mujer en Coronel que vivía una situación de violencia, el segundo femicidio de una chica profesional estudiante de doctorado, ahora una persona que estaba en una relación con un adulto mayor; lo que ocurre en Biobío es testimonio de que la violencia a la mujer es transversal", aseguró, respecto a los tres femicidios registrados en Biobío este año.

-¿Qué sucede entre el tiempo en que una mujer denuncia y ocurre un femicidio?

-En el caso del femicidio que ocurrió en Coronel, en que murió Raquel, una mujer de 47 años, ella había interpuesto una denuncia en el mes de enero por amenazas por parte de su conviviente. Si bien contamos desde el 2020 con la Ley Gabriela que tipifica el femicidio, es necesario saber que no es suficiente, necesitamos la Ley de Violencia Integral Contra las Mujeres que duerme hace 6 años en el Congreso.

Esta propuesta es importante, porque en definitiva permite que se pueda intencionar mecanismos que de algún modo aseguren que cuando llega la denuncia de una mujer pueda pasar por todas las instituciones que tienen que darle respuesta. Esta propuesta de Ley que se está tramitando en el Senado, a la que nuevamente el Ministerio le ha puesto urgencia, permitirá hacer el seguimiento de las medidas cautelares que se interponen entre los agresores.

-Entonces, ¿actualmente no hay cómo seguir esa denuncia?

-Hay cómo seguir, pero lo hacen otras instituciones como la Fiscalía. Pero esta ley permitirá que el Ministerio haga seguimiento de las medidas cautelares que se interponen contra los agresores.

-Pero una mujer que ha sido vulnerada, ¿puede tener una atención?

-Hay derivaciones, les dicen que vayan al SernamEG, se hace esa derivación.

-¿Existe un cruce de información entre la Seremi o el Servicio y las denuncias presentadas en otras instituciones?

-Solo las que llegan a SernamEG por derivación, ya sea de los tribunales, o cuando realizan la denuncia a través de Carabineros. Muchas veces ellos mismos hacen la recomendación a acercarse a los dispositivos de los Centros de la Mujer para ser acompañados en este proceso.

-¿Qué trabajo se realiza con las mujeres que han sido derivadas?

-Como esto es competencia del Servicio Nacional de la Mujer, puedo comentar que están los Centros de la Mujer, que tienen equipos multidisciplinarios, abogados, psicólogos, trabajadores sociales que toman este caso y hacen el acompañamiento. Respecto a los procedimientos, cada caso es distinto, ahí entramos en tareas que son específicas de funcionarios de los Centros de la Mujer. En el caso de femicidios, que entendemos son de connotación pública, SernamEG regional se hace cargo de forma directa.

-Y en esta falta de mecanismos, ¿cómo se intenta abordar la situación?

-Justamente a través de insistir en la aprobación de la Ley de Violencia Integral contra las mujeres. Esta propuesta de Ley permitirá al Ministerio el seguimiento de estos procesos. Creo que allí, claramente, está el nudo crítico.

El Juzgado de Garantía de Cañete amplió la detención hasta mañana, a las 12:20 horas, de Juan Iturra Neira (61) por el femicidio de su pareja, Raquel Melita Roca, una mujer de 47 años que fue encontrada sin vida en su hogar, en la comuna de Cañete.

La Brigada de Homicidios acudió hasta el domicilio en la Villa Víctor Jara, donde se constató que la víctima presentaba heridas cortopunzantes en la zona cervical y luego de realizar determinadas diligencias se logró vincular a su pareja de hace 24 años y conviviente como el autor del delito.

Tras una persecución por el robo de un vehículo en el sector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Carabineros logró detener a dos menores de edad de 15 y 17 años, para lo cual uno de los funcionarios policiales utilizó su arma de fuego. Según constató el comisario de la Segunda Comisaría de Concepción, el procedimiento finalizó sin heridos.

El capitán de Carabineros Miguel Hernández, detalló que cerca de las 8 horas de la mañana, un hombre iba a dejar a su hijo a la casa de estudios, cuando fue abordado por dos sujetos, quienes los intimidaron con un arma de fuego, aparentemente un revólver y un arma blanca, sustrayendo el vehículo.

La víctima pudo alertar la situación al 133 de Carabineros, por lo que se desplegaron varios vehículos policiales, dando inicio a un seguimiento y posterior persecución del vehículo robado por el sector de Lomas de San Andrés, en algunas calles e incluso por la Avenida Alessandri en contra del sentido del tránsito, logrando encontrarlos en Avenida Paicaví.

Durante la persecución, uno de los funcionarios efectuó tres disparos con su arma de servicio en contra del vehículo por ver su integridad física en peligro. Tras informar al Ministerio Público, este instruyó una serie de diligencias al OS9 y el Laboratorio de Carabineros, mientras los menores quedaron detenidos en la Segunda Comisaría de Concepción.

La Corte Suprema comunicó este lunes que la solicitud de remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, se declaró admisible en su tramitación. Cabe recordar que esta es la segunda vez que los parlamentarios ingresan esta petición -conforme a sus atribuciones- apuntando a deficiencias en el trabajo de la persecutora e irregularidades en diferentes casos de connotación que han tenido lugar en la zona.

Según consta en el documento firmado por los 21 integrantes de la Corte Suprema, la solicitud fue revisada respecto a los antecedentes entregados por los 16 parlamentarios firmantes, subsanando los aspectos que impidieron su tramitación en una primera instancia, lo cual tenía relación con que no se entregaron medios de prueba sobre las faltas en que habría incurrido la fiscal regional.

De esta forma, el documento señala que la decisión fue tomada con el voto en contra de 3 de los 21 supremos, quienes estimaron que "no resulta procedente -como se pretende- subsanar lo ya resuelto por esta Corte con fecha diez de mayo pasado", apelando a la primera resolución sobre la solicitud formulada por los diputados.

De los 16 diputados que firmaron la solicitud, 7 corresponden a legisladores de la Región del Biobío, incluido Leonidas Romero quien impulsó esta iniciativa tras varias reuniones con familias de víctimas que denuncian situaciones irregulares en las investigaciones de sus respectivas causas.

De esta forma, los parlamentarios apuntan a que la fiscal habría incurrido en negligencias en el marco de sus funciones, ejemplificando con casos connotados, como lo es la investigación en curso sobre la muerte del niño Tomás Bravo en Arauco; el hallazgo luego de tres años en dependencias del Servicio Médico Legal de Sergio Mardoff, entre otros que fueron detallados en el informe entregado tanto a la Corte Suprema como al fiscal nacional, Ángel Valencia.

Ahora que la Corte permitió la tramitación de la solicitud, resta que sea comunicada la fecha en que el pleno revisará todos los antecedentes expuestos por los diputados en su requerimiento.