Por Nicolás Álvarez Arrau

El Programa de acompañamiento a víctimas de violencia rural comenzó en 2018 y desde aquel año se ha encargado de brindar una serie de apoyos a las personas que han sufrido de forma directa o indirecta los efectos de los ataques perpetrados en la Macrozona Sur. Desde la Delegación Presidencial del Biobío explican que en sus inicios el plan apuntaba solamente a la reactivación económica -temática abordada por este medio en su edición del lunes pasado-, diversificándose posteriormente a temas de acompañamiento psicológico, jurídico o social.

El catastro del Ministerio del Interior concentra sus estadísticas, fundamentalmente, en la Provincia de Arauco e indica que en los cinco primeros años de operación se han atendido a 716 víctimas en la Región, de las cuales 250 corresponden a 2022 y 70 a 2023. Los números son generales, pues hay un trabajo particular a través de servicios estatales y otras entidades, entre lo que destacan, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Fondo de Organización Regional de Acción Social (Orasmi), las pensiones de gracia, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), así como Sercotec, el SII, el Fogape, o Fosis, en el ámbito económico.

Las ayudas

Juan Carlos López, coordinador regional del programa, ejemplifica algunas intervenciones. El año pasado, cuenta, generaron convenios con camioneros en los que se fijó el acompañamiento a víctimas. "Principalmente, ellos son víctimas en zonas de Mulchén, en todo lo que es la ruta 5. En 2022 reparamos y acompañamos a 177 personas con más de $104 millones y este año ya tenemos 103 por más de $80 millones, y ellos son parte de los grandes camioneros que están en toda la zona centro sur", plantea.

Esta parte de la iniciativa incluye planes dirigidos a camioneros con giftcards, bonos de alimentos, medicamentos, bienes y servicios básicos, además de pensiones de gracia cuando se ven afectados o invalidados para seguir trabajando. Respecto a las pensiones, dice que tienen una finalidad social cuando existen muertes o lesiones graves que impiden a la persona seguir trabajando, "y en donde hemos entregado 12".

López agrega que el conflicto experimentado en la zona acarrea varias consecuencias, especialmente en el área social. Afirma que la gran herramienta que tienen son los centros de atención a víctimas de violencia rural ubicados en Cañete y Los Ángeles. Los profesionales de este último comenzaron a operar en enero de este año y se espera que el inicio oficial de la oficina se concrete en julio o la primera semana de agosto.

"Los centros de atención son muy importantes porque son la primera respuesta cuando ocurre un atentado. Nuestros equipos de psicólogos, trabajadores sociales y abogados, junto con sus coordinadores y administrativos, son quienes intervienen en el territorio apenas ocurre algo y son quienes relevan la información necesaria para que las víctimas ingresen al programa, pero también realizan las primeras respuestas de emergencia o auxilio psicológico", indica López, quien añade que la estrategia se vincula a otras instituciones del Estado como la Unidad de Víctimas de la Fiscalía o la Unidad de Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, o los municipios de Tirúa y Contulmo.

Otros apoyos

En el momento que una persona pierde su hogar producto de un atentado, el programa inicia un trabajo directo con Vivienda para reponer, de alguna forma, el inmueble siniestrado, o brindar otra alternativa. El año pasado se otorgaron a nivel local dos subsidios de vivienda, dos de arriendo y uno de construcción. A través de Orasmi, en tanto, se busca satisfacer necesidades básicas, ya que las ayudas van destinadas a cubrir gastos asociados a salud o vivienda. Por medio de esta última herramienta se aportó a 310 personas en 2022 por un monto de $162 millones, mientras que este año ya van 176.

Con Sernameg se espera establecer una mirada de género, entendiendo que las víctimas atendidas en la zona son transversales, es decir, hay grandes empresarios camioneros, pero también mujeres emprendedoras que tienen cabañas o mujeres indígenas que sufren de usurpación violenta, "y la afectación que sufren las mujeres tiene una particularidad".

Antes de terminar el mes se realizarán encuentros regionales y la primera semana de julio se efectuará un encuentro nacional para someter el programa a evaluación.

70 personas han sido atendidas en lo que va del año, según estadísticas de la Delegación Presidencial del Biobío.

Con el objetivo de entregar acompañamiento integral y expedito en los ámbitos jurídico, de salud mental y social a las víctimas de violencia rural y urbana, incluyendo su entorno familiar directo, el Gobierno Regional dispuso la entrega de $750 millones para crear un espacio de soporte a quienes han padecido los embates de la delincuencia.

Se trata del "Centro regional de asistencia jurídica a víctimas de violencia rural y urbana de connotación", a concretar en alianza con la Universidad San Sebastián (USS) y enmarcado en el plan regional de seguridad "Biobío Más Seguro", el cual contempla protección a víctimas, acciones en prevención del delito y financiamiento a policías.

Este centro fue recientemente aprobado por el Consejo Regional tras su paso por la comisión de Seguridad.

Al respecto, el gobernador Rodrigo Díaz destacó que "uno de los problemas más graves que vivimos las personas del Biobío son los temas de seguridad, y dijimos que íbamos a poner el foco en materias preventivas y de atención a las víctimas, porque la cantidad de personas trabajando para ayudarlas es menos de la que se necesita. Por eso, lo que se ha aprobado es un fondo de $750 millones para brindar ayuda a víctimas de delitos más complejos, y esto va a consistir en asesoría jurídica, en materia de salud mental y social".

El programa contempla la cobertura en las 33 comunas de la Región y contará con un equipo especializado, infraestructura y procedimientos encargados de acompañar a las víctimas y a su entorno familiar directo.

Jaime Vásquez, consejero regional y presidente de la comisión ad hoc, sostuvo que "son los delincuentes los que tienen apoyo jurídico en nuestro país, entonces esto viene a hacer justicia respecto de aquellas personas que han sufrido delitos de connotación pública".

Desde enero de 2023 se ha trabajado por sentar las bases de OB Agua Coronel, un proyecto que nace desde la comunidad y que se vincula con el área científica, de tal manera de instalar un observatorio colaborativo de la calidad del agua en la comuna.

La iniciativa surge a raíz de la necesidad de los habitantes de esta ciudad por conocer la calidad de sus aguas, entendiendo que Coronel es considerada una zona de sacrificio. Así, gracias al plan, tanto estudiantes como miembros de las juntas de vecinos serán capacitados en las actuales problemáticas medioambientales, en monitoreo comunitario y en la medición de niveles de metales pesados presentes en el agua, como arsénico y cromo. Además, se espera confeccionar un mapa humanitario con toda la información recopilada y validada.

El proyecto se adjudicó un fondo desde la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción y tendrá una duración de dos años.

Mariela Yévenes, académica de la Facultad de Ciencias Ambientales de dicha casa de estudios y líder de la iniciativa, planteó que este es un trabajo que se va a hacer desde la ciencia básica, de la química acuática, "pero que se vincula con aspectos de las ciencias sociales, aspectos de acción participativa. Entonces, ¿por qué no soñar con ser agentes de cambio? Eso es lo relevante, porque no sólo trabaja aspectos de la ciencia básica, de la química, sino que vamos a trabajar en conjunto con el Liceo de Coronel y las juntas de vecinos, y estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental, donde ellos van a ser generadores de conocimiento, y esto va a ser tan útil para ellos como para nosotros en la universidad".

En tanto, el jefe de Personal de la Dirección de Educación Municipal de Coronel, Carlos Troncoso, dijo que el hecho de ser una ciudad industrial "nos enfrenta al tremendo desafío que es trabajar desde una línea medioambiental y poder recuperar nuestro ecosistema, poder relacionarnos con la comunidad. Y son las y los estudiantes de enseñanza media del Liceo Coronel quienes están tomando esta aventura que aborda la investigación del agua".