Por Redacción

Luego de que parlamentarios republicanos de California llamaran a degradar el estatus de Chile en el programa Visa Waiver para ingresar a Estados Unidos, ayer el canciller Alberto Van Klaveren afirmó que se están haciendo esfuerzos para cumplir con las exigencias para no perder este beneficio.

A raiz de la polémica desatada ante la ola de delitos protagonizados por chilenos en ese estado, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó también que se están mejorando los mecanismo de cooperación con el FBI para no dificultar los procesos judiciales.

"Estamos mejorando todos los procedimientos de cooperación entre las policías chilenas y la policía de Estados Unidos (...) Lo que nos interesa es poder cumplir con todas las exigencias que implica este programa. Es un programa que debemos cuidar", aseguró Van Klaveren.

En esa misma linea, el canciller señaló que "estamos avanzando y espero prontamente llegar a un acuerdo".

El ministro estará justamente la próxima semana en EE.UU. tratando otros temas, pero según informó CNN, podría ir también a Washington para supervisar personalmente los avances en esta materia.

"El tema básico es cómo evitar que delincuentes aprovechen este beneficio que es muy excepcional", agregó Van Klaveren sobre el programa Visa Waiver, del que Chile es parte desde 2014 y que todos los años es utilizado por miles de ciudadanos nacionales.

De todas formas, y a pesar del aumento de las detenciones de chilenos que comenten delitos en EE.UU., Van Klaveren no cree que el beneficio esté en riesgo.

Cerca del consenso

El embajador chileno en el país norteamericano, Juan Gabriel Valdés, secundó las palabras del canciller. En entrevista con radio Infinita, y consultado sobre si el estatus de Chile está en peligro, respondió que "ya no. Hoy día nosotros estamos muy cerca de lograr un consenso completo con Estados Unidos sobre las modalidades de trabajo que deben tener nuestras policías".

"Nos hemos comprometido a realizar cambios internos que permitan que las comunicaciones entre los dos Gobiernos y las policías, tanto el Registro Civil, Carabineros, como la PDI, intercambien información de manera inmediata. Esto permitirá inmediatamente informar a la policía en Estados Unidos y levantar una alerta", dijo Valdés.

"Vamos a avanzar a un punto en el cual va a hacérsele imposible o muy difícil a esos grupos viajar, porque el intercambio de información acerca de sus antecedentes penales y criminales va a ser inmediato y va a ser transmitido entre las dos policías de la manera más eficiente posible y, por lo tanto, no van a poder embarcar. Estamos trabajando fuerte para lograr eso, agregó.

La acción de los legisladores republicanos llegó luego de que el fiscal del distrito de Orange County, Todd Spitzer, acusara que Chile se negó a entregar los antecedentes penales de personas que utilizaron Visa Waiver y que luego fueron detenidos por delinquir en Estados Unidos, dificultando el proceso judicial.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Kevin MacCarthy, junto a otros legisladores del Partido Republicano, se dirigieron ayer al distrito californiano "para asistir a una sesión informativa" por este tema.

El Gobierno colombiano aseguró ayer que no ha discutido en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) la creación de un fondo internacional para subsidiar a esa guerrilla a cambio de que deje de secuestrar, una posibilidad que ha causado revuelo en ese país.

"Frente a las versiones que circulan de un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objeto de reemplazar fuentes ilícitas de financiamiento, nos permitimos señalar que ese tema no ha sido tratado en la Mesa de Diálogos de Paz con esa guerrilla", expresó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

"Sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el Gobierno nacional". agrega el texto.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que está de visita en Alemania, dijo ayer que no hay nada definido porque "el fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos, es una posibilidad y depende de los acuerdos" con el ELN.

Pese a esto, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, que está enfrentado públicamente con el Gobierno, criticó esa posibilidad porque considera que buscar cooperación internacional para que el ELN deje de secuestrar y extorsionar es financiar la criminalidad.

"Los colombianos merecen no ser 'vacunados' (extorsionados) públicamente (...) si esto se convierte en una iniciativa, que no creo que tenga ningún asidero, convertiríamos a Colombia en un escenario donde públicamente estarían 'vacunando' con un estímulo a la criminalidad", dijo Barbosa.

Subsistencia

Tras el anuncio del cese al fuego bilateral de seis meses acordado con el Gobierno en las negociaciones en Cuba y que comenzará a regir el 3 de agosto, en el cierre del tercer ciclo de diálogos en La Habana el pasado 9 de junio, el jefe negociador del ELN, alias "Pablo Beltrán", admitió que esto se había debatido pero no se había acordado nada porque es una de sus formas de financiamiento y si a la guerrilla "le quitan una cuchara, le tienen que dar otra".

"Nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Las retenciones, si no son necesarias no se harán", dijo a varios medios Beltrán, respecto a la manera de subsistir y financiarse del ELN.

Crimen de guerra

Por otro lado, el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, dijo en una entrevista con Efe que pese a que el secuestro no está explícitamente prohibido en los protocolos del cese al fuego bilateral con el ELN, el Ejecutivo colombiano considerase este delito un "crimen de guerra".

"El secuestro es una acción que está catalogada como crimen de guerra y eso tiene una connotación muy grave", explicó Patiño.

Alegó que el secuestro "significa riesgos de orden político, de orden jurídico y riesgos morales en el sentido en que la gente empieza a no creer mucho en la voluntad de paz del ELN", por lo que, "así no esté escrito expresamente en el cese al fuego, la gente imagina que se está en un proceso de desactivación de las armas para hacer política y entonces, por supuesto, eso también mina altamente la confianza de la gente", añadió.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), abordó esta jornada los avances del "fast track"y sostuvo que "vamos al fin en materia de seguridad por el camino correcto".

Esto ocurre luego de que los poderes del Estado dieron ayer un plazo de 30 días para presentar propuestas de reforma a la ley antiterrorista y del roce entre entre el propio Coloma y la ministra del Interior, Carolina Tohá, quienes presentaron diferencias en torno al número de iniciativas despachadas correspondientes al "fast track"

En un punto de prensa, Coloma sostuvo que el "15 de abril anunciamos en este mismo lugar junto al presidente de la Cámara de Diputados (Vlado Mirosevic), y el día siguiente se sumó la ministra de interior, un fast track legislativo para 31 proyectos de ley, tomando 19 proyectos que habían en el Congreso, más el compromiso del Gobierno de ingresar otros 12 proyectos hicieran una agenda robusta" en materia de seguridad. n ese sentido, aseguró que "vamos al fin por el camino correcto en materia de seguridad, pero a una velocidad insuficiente". Asimismo, llamó al Gobierno a "acelerar el proceso", ya que "no es lo que nosotros habíamos esperado y comprometido".Asimismo, aseguró que el lunes se deberían despachar dos proyectos "el que tiene que ver con daños a medio de transporte público y uno que acelera los procesos de expulsión administrativa".