Por Agencias

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó ayer que un posible adelanto de elecciones en su país "está cerrado" y cumplirá el mandato, para el que fue electa como vicepresidenta con la fórmula que lideró el destituido Pedro Castillo, que debe concluir el 28 de julio de 2026.

"Este tema de adelanto de elecciones está cerrado, nosotros seguiremos trabajando de manera responsable, y en ese respeto al estado de derecho, a la democracia y a la Constitución, hasta julio de 2026", dijo.

Boluarte hizo esta declaración, la primera en la que se pronuncia de manera tajante sobre el tema, tras la celebración de una sesión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno de Lima.

En anteriores ocasiones, la mandataria había afirmado que el posible adelanto de elecciones en su país estaba en manos del Congreso, que ha rechazado esa posibilidad hasta en cinco ocasiones en los últimos meses posteriores a la crisis.

El adelanto electoral fue uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron en el país andino en diciembre pasado, con un saldo de decenas de muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes también exigieron la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

En un intento de terminar con ese escenario de crisis, que comenzó tras la destitución de Castillo el pasado 7 de diciembre por intentar dar un golpe de Estado, el gobierno de Boluarte envió un proyecto de ley para adelantar las elecciones mientras que el Legislativo también presentó una serie de propuestas en ese sentido.

Sin embargo, tanto la Comisión de Constitución como el pleno del Congreso rechazaron hasta marzo pasado por lo menos cinco intentos de adelantar los comicios para diciembre de este año.

Mientras que las bancadas de izquierda condicionaron su apoyo al adelanto electoral a que se incluya la consulta sobre una Asamblea Constituyente, los legisladores de derecha, que dominan el Congreso unicameral peruano, aseguraron que primero se debía discutir e implementar una serie de reformas constitucionales, entre ellas el regreso a un Parlamento con las cámaras de Senadores y Diputados.

"¿cuántas muertes más?"

El pronunciamiento de la gobernante se produjo mientras organizaciones sociales y civiles del sur del país anuncian que el 19 de junio llegarán hasta la capital peruana para participar en una manifestación denominada como la "Toma de Lima".

La Policía Nacional de Perú (PNP) anunció ayer que desplegará unos 8.000 agentes para esta protesta (ver recuadro).

Durante las movilizaciones antigubernamentales entre diciembre y marzo se reportaron 77 muertos, 49 de ellos en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Boluarte criticó ayer la convocatoria a las nuevas protestas y se preguntó:"¿Cuántas muertes más quieren?", respecto a los manifestantes.

"Llamo a estas personas que nuevamente están anunciando la 'tercera toma de Lima' o la 'nueva toma del Perú', ¿cuántas muertes más quieren por el amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido a más de 60 personas en estas manifestaciones violentas? Ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el Gobierno", clamó Boluarte.

Agregó que estas muertes solo han beneficiado a quienes pedían su renuncia y que su Gobierno "está trabajando sin robar al pueblo", es respetuoso con las instituciones y la Constitución y no les van "a dar el gusto" a los que les acusan de ser "un gobierno cívico-militar".

La Policía Nacional de Perú (PNP) desplegará cerca de 8.000 agentes en las calles de la capital de cara a una nueva convocatoria de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte para el próximo lunes, informó el general de la PNP Víctor Zanabria a la Radio RPP. "Los indicadores de cómo se van a llevar a cabo estas nuevas movilizaciones presumen lo mismo: poco número de manifestantes, pero con un alto nivel de violencia", explicó Zanabria, quien aseguró que tienen capacidad para controlar a 20.000 o 30.000 manifestantes. La PNP estimó que la marcha cuente con cerca de 5.000 manifestantes en lo que sería "el escenario más problemático", dijo el general y subrayó la capacitación en el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos que han recibido los efectivos tras las denuncias hechas por organizaciones internacionales y el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el "uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza" por parte de la policía en la represión de las protestas.

La accidentada central nuclear de Fukushima ultima los preparativos para verter este verano al Pacífico toneladas de agua contaminada de radiación y depurada, una controvertida medida para la que se espera también al visto bueno de expertos internacionales.

La planta de Fukushima Daiichi, escenario del peor accidente atómico desde el de Chernonbyl (Ucrania, 1986) desencadenado por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011, afronta así un paso clave en su largo y complejo proceso de desmantelamiento.

La ingente cantidad de líquido residual de la central es tratada para retirarle la mayor parte de los materiales radiactivos hasta garantizar niveles seguros antes de su descarga al océano, afirman las autoridades niponas, que aún así afrontan las quejas de comunidades locales y de países vecinos.

Desmantelamiento

Las tareas de limpieza, desmantelamiento y construcción de nuevas instalaciones en Fukushima Daiichi han logrado progresos visibles en los últimos años.

Apenas quedan ya amasijos de chatarra, escombros u otras cicatrices del devastador tsunami de más de 15 metros que desencadenó una crisis atómica que tuvo en vilo a Japón hace más de una década.

Las obras para reforzar los edificios de los cuatro reactores nucleares dañados y preparar la extracción del combustible atómico de su interior avanzan dentro de lo previsto, aunque tienen por delante los enormes desafíos técnicos que supone operar en las condiciones de extrema radiactividad y baja visibilidad en su interior.

Pero la novedad más destacada es la instalación de varias fases del Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS) y de un circuito de bombeo, almacenamiento y canalizaciones para tratar y verter al mar el agua de la central, situada en primera línea costera.

Tepco, la compañía operadora de la planta, se encuentra verificando la eficacia del sistema para filtrar elementos radiactivos como el cesio o el estroncio y completando la instalación de dispositivos de testado del agua y la red de tuberías que la llevarán al mar, según explicó a Efe Keinichi Takahara, portavoz de la empresa.

A la espera de luz verde

El sistema ALPS puede eliminar todos los materiales radiactivos del agua residual salvo el tritio, un radioisótopo del hidrógeno que también se genera de forma natural en la atmósfera.

El líquido depurado será además mezclado con agua marina para reducir aún más su concentración de tritio antes del vertido, hasta situarla en un nivel unas cuarenta veces inferior al tope fijado por el Gobierno de Japón para el agua potable, y 1/7 del máximo fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se espera que el sistema esté listo para finales de mes, según el citado vocero, quien subraya que el tritio en concentraciones bajas no representa ningún riesgo para la salud humana y recuerda que los vertidos de agua tritiada son una práctica habitual en centrales nucleares de todo el mundo.

Este método de descarga fue ideado por las autoridades japonesas y Tepco para deshacerse de los 1,32 millones de toneladas de agua procesada almacenados en más de mil tanques en el recinto de la planta, donde se agota el espacio.

El líquido contaminado proviene del agua marina inyectada en los reactores para su refrigeración y del influjo de lluvia y de acuíferos subterráneo dentro de las unidades.

El plan nipón para el vertido está siendo supervisado por expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que tras una serie de inspecciones in situ desde el año pasado prevé publicar un informe de conclusiones hacia finales de mes.

Será entonces, una vez que la OIEA dé luz verde definitiva al vertido, cuando los operarios de Daiichi abrirán las canalizaciones para comenzar la descarga al Pacífico. El proceso de vertido podría extenderse hasta el mismo horizonte previsto para el desmantelamiento de la planta, entre 2040 y 2050, según cálculos de Tepco.

Firmes detractores

Tanto Tepco como la OIEA y laboratorios independientes de todo el mundo analizarán muestras de agua y de organismos marinos alrededor de la planta antes y durante el vertido para comprobar que se mantiene dentro de los estándares considerados seguros.

Pese a estas garantías, cooperativas de pescadores de la costa de Fukushima mantienen su firme oposición al vertido, al temer que signifique un nuevo golpe para la reputación de los productos locales.

También han expresado inquietud por motivos sanitarios y medioambientales las vecinas China y Corea del Sur, el Foro de Países del Pacífico, Greenpeace y científicos.-

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó ayer que la situación de la planta nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, es seria pero estable tras la voladura de la presa de Kajovka y la reducción del nivel de agua del embalse, vital para el enfriamiento de la planta. Tras su visita ayer a la central nuclear, Grossi dijo que hay suficiente agua en el estanque de enfriamiento de la central nuclear y que actualmente no hacen falta medidas adicionales. Eso sí, aseguró que el OIEA seguirá vigilando la situación.tos compromisos.

lLa coalición gobernante de Argentina, liderada por la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, decidió cambiar su nombre de cara al proceso electoral de este año, que concluirá con los comicios presidenciales de octubre próximo.

La coalición, que hasta ahora se denominaba Frente de Todos y está integrada mayoritariamente por diversas corrientes del peronismo, pasó a llamarse Unión por la Patria (UP).

Así se inscribió el frente ante la Justicia electoral el miércoles a la medianoche, cuando venció el plazo para inscribir alianzas electorales con miras a las elecciones primarias de agosto próximo, comicios en los que se definirán qué candidatos quedan habilitados para participar en las elecciones generales de octubre.

De acuerdo a un comunicado publicado en las redes sociales por el frente oficialista, la modificación del nombre se debe a que Argentina está frente a una "encrucijada histórica" y existe una "oportunidad única" para el "crecimiento económico con inclusión social".

Desde Unión por la Patria consideran que las propuestas de la oposición significarían un ajuste mayor, que también incluiría a la clase media. "Frente a esa disyuntiva tenemos la responsabilidad histórica de ampliar nuestro espacio político: no solo para frenar esa amenaza, para defender a nuestra patria", agregaron.-