Por Redacción

La ministra del Interior,Carolina Tohá, presentó ayer en la tarde una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso para esclarecer y sancionar la filtración de un audio del Presidente Gabriel Boric que fue obtenido sin su consentimiento durante un diálogo que mantuvo este martes con parlamentarios del Biobío y La Araucanía enCerroCastillo.

"Se ha recibido denuncia directa realizada por la Sra. Ministra del Interior, dirigida en contra de todos quienes resulten responsables de los hechos que describe como la filtración de una conversación privada, sostenida en el marco de la reunión realizada el 13 de junio pasado en Viña del Mar, que fuera convocada por el Pdte. de la República y a la que asistieron autoridades y funcionarios de Gobierno, además de parlamentarios de la zona Sur del país", informó en un comunicado el Ministerio Público.

"Estos hechos configurarían el delito sancionado en el Artículo 161 A del Código Penal. La denuncia será derivada a la Unidad Regional Anticorrupción, para la instrucción de las diligencias pertinentes", agregó la Fiscalía regional.

El escándalo, sin embargo, fue centro de conversación en círculos políticos y judiciales durante toda la jornada.

Temprano, la propia Tohá dijo en T13 Radio que "es de las cosas más insólitas que hemos visto en una reunión con el Presidente de la República, que se registre la reunión y se le pase a los medios de comunicación. Realmente es muy desconcertante".

"Estamos analizando la situación, pero ciertamente vamos a conversar con todos los participantes de la reunión", comentó la jefa del gabinete y agregó que "el Presidente estaba ayer muy impactado después de una reunión de esas características que tuvimos porque fue una muy buena reunión".

También reconoció que se generó un problema de confianzas, pues si uno en las reuniones no puede hablar abiertamente, se dificulta la comunicación política. Es una cosa que nos tiene realmente muy desconcertados y preocupados".

Pocas horas después, el ministro Segpres, el Álvaro Elizalde, adelantó que "una grabación de esta naturaleza o registro podría revestir carácter de delito, razón por la cual se va a realizar conforme a la ley la denuncia respectiva para que se realice la investigación".

Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PartidoLiberal), pidió desaforar al legislador que involucrado en la supuesta filtración.

Los 18 participantes

La cita fue convocada por Boric para analizar la situación de violencia en la Macrozona Sur antes de la gira que emprenderá hoy.

En una parte del registro que reveló La Tercera, el mandatario anunció el envío de un proyecto para modificar la Ley Antiterrorista. "Ustedes ven que yo sin tapujos he ocupado la palabra terrorismo", habría dicho a los presentes, reveló La Tercera.

Los participantes de la cita, cuatro oficialistas y 14 de oposición, fueron: Karen Medina (PDG)Flor Weisse, Henry Leal (los dos UDI), Gloria Naveillán (ind. bancada social cristiana), Jorge Rathgeb, José García Ruminot, Miguel Mellado, JuanCarlos Beltrán, MiguelBecker (los cinco RN), Stephan Schubert, Mauricio Ojeda (ambos ind. bancada Republicanos), Jorge Saffirio, Joanna Pérez (ambos ind. bancada PDG), Érika Ñanco (RD), Clara Sagardía (ind.), Carmen Gloria Aravena (Partido Republicano, Gastón Saavedra (PS) yJaime Quintana (PPD).

De ellos, la diputada Naveillán comentó lo siguiente: "Que alguien de los asistentes a la reunión con el presidente por el tema de seguridad en La Araucanía haya grabado parte de la reunión, me parece una vergüenza, pero no me sorprende (...) Acá se rompió la confianza. Moraleja, Presidente, cada vez que tenga una reunión, pida que los celulares queden fuera, porque esto va a volver a pasar, por desgracia".

El ministro Elizalde anunció más tarde que trabajaría en un protocolo para las reuniones privadas con el Presidente e incluiría la prohibición de entrar con celulares.

El republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aumentó ayer la presión para que Chile deje de formar parte del programa Visa Waiver, después de varias detenciones de chilenos que han aprovechado el beneficio para delinquir en el país.

De hecho, McCarthy avisó que hoy estará junto a otros miembros de su partido en Orange County, California, conde habrá una "sesión informativa sobre una operación sofisticada del crimen organizado que afecta a familias en el sur de California y en todo el país", donde les explicarán "cómo sus comunidades se ven afectadas por las invasiones de hogares llevadas a cabo por delincuentes extranjeros que aprovechan el estatus de Chile en el programa de exención de visa".

El líder republicano dijo en un comunicado que además se realizará una mesa redonda "para discutir cómo el estatus de Chile como un país del programa de exención de visa y el estado de California como un estado santuario -y sus leyes permisivas de detección del crimen- están facilitando la proliferación de un crimen organizado sofisticado".

En la cita en California estarán además los congresistas republicanos Michelle Steel, Young Kim y Kevin Calvert, todos ellos del Partido Republicano.

El presidente de la Cámara de Diputados enChile, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), dijo que los dichos de McCarthy eclaraciones "pueden eventualmente responder a una utilización política y eso no le hace bien y, por lo tanto, yo diría que confío en el canciller Van Klaveren para llevar a cabo estas conversaciones", de manera de mantener el asunto "en el ámbito diplomático y no en la política contingente".

Hace un mes, el fiscal de Orange County, Todd Spitzer, acusó a las autoridades chilenas de no entregar los antecedentes penales de los detenidos en Estados Unidos por robar casas, lo que habría impedido, por ejemplo, dejarlos en prisión preventiva como medida cautelar.

Un plazo de 30 días se dieron los poderes del Estado para presentar propuestas de reforma a la ley antiterrorista. Así se acordó en la reunión que sostuvieron las autoridades con el Presidente de la República en La Moneda para abordar los atentados explosivos que han ocurrido en distintas partes del país.

"Quedó un compromiso de 30 días, con coordinación del equipo del ministerio del Interior, el ministerio de Justicia, de modo de dialogar los ejes centrales de esta reforma muy acotada, como así también fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de las policías para este fin", señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero. Apuntando a los problemas de la norma, Cordero indicó que "esencialmente tiene que ver con la descripción del tipo (...) sobre la forma de acreditar el ánimo. Por eso el Ministerio Público termina utilizando otro tipo de reglas, como la ley de armas".

"Esto es importante, porque no solo hay aspectos de la descripción, sino que también hay aspectos de cuál es la pena máxima y nosotros, por un distinto tipo de razones que tienen que ver con nuestra trayectoria legislativa, hemos aumentado las penas en otras leyes y no en esta, entonces requiere de una dimensión urgente de adecuación, pero también de una visión un poco más estructural", agregó.