Por Redacción

Tras participar en la comisión de Seguridad delSenado, donde se aprobó la creación del Ministerio de Seguridad, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que la nueva cartera funcionará con comisionados de seguridad en cada región del país.

Según comentó la secretaria de Estado, el objetivo de esta figura será "llevar a cabo las tareas del ministerio y articularse con el resto de los equipos en la región manteniendo una jefatura de coordinación que son los delegados presidenciales, la jefatura del gobierno central en cada región".

"El delegado o delegada va a poder pedir la remoción al Presidente de la República si considera que el comisionado no está haciendo bien su trabajo. También va a participar en el consejo regional de seguridad presidiéndolo y el secretario ejecutivo va a ser el comisionado", explicó antes de abordar otros temas como el atentado en el puente ferroviario Itata o la Ley Antiterrorista.

"ánimo terrorista"

Sobre el viaducto de la región del Ñuble, que resultó con graves daños tras un atentado con explosivos registrado el martes en la madrugada, el subsecretario delinterior, Manuel Monsalve, explicó la decisión de no invocar la LeyAntiterrorista para perseguir a los responsables del ataque, sino la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos.

En radio Cooperativa, aseguró que el Estado tiene que usar "la herramienta que permita de mejor manera identificar a los responsables y que, además, permita de mejor manera, una vez identificados, sancionarlos de manera severa. Ese es todo el análisis y, en ese análisis, la herramienta legal que más sirve es la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos".

La autoridad reiteró que la Ley Antiterrorista es "una mala ley" ya que obliga a las autoridades a "probar el ánimo terrorista de quien lleva adelante la acción y esa área subjetiva de la ley siempre ha hecho muy difícil utilizarla para sancionar a las personas que cometen actos terroristas".

Monsalve insistió en que "no tengo ninguna dificultad en diferenciar la calificación del hecho de la herramienta legal que utilizamos para perseguir y, por lo tanto, a nosotros nos parece que hay un ánimo terrorista en los hechos que han afectado infraestructura crítica".

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric dijo sobre el suceso que "vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley, sin ningún tipo de complejo, para perseguir a quienes realizan atentados, ponen bombas e intimidan a la población"-

"Nosotros no estamos en contra de tener una legislación antiterrorista, tenemos que tener una buena, una moderna y una eficaz. Como gobierno nos hemos comprometido a ingresar un paquete de modificaciones a la actual legislación durante el segundo semestre", detalló.

Movimiento 18 de octubre

A través de una carta al portal El Ciudadano, un supuesto grupo autodenominado "Movimiento 18 de Octubre" se adjudicó el atentado al puente ferroviario y otros ocurridos en las regiones de Valparaíso y Biobío.

El diputado Miguel Mellado, que se reunió con el Presidente Boric, afirmó que el Mandatario "tomó el guante en el tema del terrorismo, lo que antes no lo había hecho".

"Prometió que en el segundo semestre iba a enviar un proyecto de ley. Le recordamos que en el presupuesto del año pasado aprobamos una glosa en la subsecretaría del Interior para crear una política nacional contra el terrorismo", agregó.

Sobre cuándo estará en tabla la iniciativa, aseveró que "algunos entienden que lo va a mandar en julio, pero la ministra del Interior lo que había dejado claro es que no tienen manos ni gente para hacer ese proyecto rápido y lo están postergando para un par de meses más".

Tohá, desde Valparaíso, respondió que se mantiene el compromiso del Gobierno de presentarla "a mitad de año".

Gran controversia protagoniza la magistrada del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago Graciel Muñoz Tapia, luego de que una investigación periodística revelara que durante los últimos años ha dirigido muchas audiencias desde fuera de Chile, luego de que el Poder Judicial implementara la opción de que estas acciones se efectuaran de manera telemática a causa de la pandemia de covid-19.

Según reportó radio Biobío, la jueza, que es hija del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, ha dirigido audiencias durante meses desde España o Italia, incluso durante la emergencia sanitaria, lo que no está permitido por la ley, que establece que los jueces están obligados a residir en la "ciudad o población donde tenga asiento el tribunal".

La recopilación de antecedentes de esta investigación reveló que Muñoz ha entrado y salido del país muchas veces en estos años. Paralelamente, seguía desarrollando sus funciones en el tribunal: dirigía y resolvía audiencias, según se puede ver en la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial. Este medio revisó causas tramitadas en dicho tribunal y en ellas, aparece conectada de forma telemática.

De acuerdo con el detalle entregado por Biobío, en ninguna de esas conexiones se advierte a los intervinientes que Muñoz está fuera de jurisdicciones y mucho menos fuera del país.

Incluso se expone que uno de los viajes, en 2021, duró siete meses y durante ese tiempo la jueza dirigió cerca de una decena de audiencias en las que se clarificaba que cada una de estas "se desarrolla mediante videoconferencia en atención a la contingencia referente a la pandemia de covid-19". Entre ellas, se revisaron medidas cautelares de Roberto Campos, conocido como el "profesor del torniquete".

Las mismas fuentes consultadas por la radio señalaron que a fines de marzo del 2022, la jueza volvió a salir del país con destino a Italia. Habría permanecido fuera de Chile aproximadamente dos meses. En ese periodo, al hacer el mismo ejercicio de mirar causas públicas a través de la Oficina Judicial Virtual, se puede ver a la jueza Muñoz Tapia dirigiendo y resolviendo audiencias de forma telemática.

Defensoría reacciona

Ante esta revelación, la Defensora Regional Sur Metropolitana, Loreto Flores, afirmó que no estaban informados de que la jueza dirigía audiencias desde el extranjero.

Por ello, la abogada hizo un llamado a todos los defensores penales de su jurisdicción "que pudiera haber tomado audiencia en esa época (de los viajes de Muñoz), que la eventualidad de considerar necesario, revisen las decisiones judiciales y ejerzan las gestiones que sean necesarias, en caso que sean contrarios a los intereses de nuestros representados".

Es "necesario aclarar que los defensores penales públicos no teníamos conocimiento de la situación informada en medios de comunicación sobre la jueza del duodécimo Juzgado de Garantía, Graciel Muñoz, en relación con la circunstancia que no se encontraría en el país al momento de dirigir algunas audiencias durante periodos del año 2021 y 2022", sentenció.

La Justicia imputó al excomandante en Jefe del Ejército Humberto Oviedo por presunto lavado de activos en el marco de una malversación que, de acuerdo a la investigación en curso, suma más de 240 millones de pesos.

Procesado ya por la Justicia militar, Oviedo fue imputado por la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana, que lo investiga por supuestas maniobras financieras dirigidas a ocultar el desvío de caudal público proveniente de gastos reservados asignados al Ejército.

Comandante en Jefe del Ejército entre 2014 y 2017, Oviedo fue acusado en la Justicia militar de recibir 6 millones de pesos cada 30 días provenientes de gastos reservados y destinados para uso personal.

Según la ministra a cargo de la causa, Romy Rutherford, la investigación determinó que mientras encabezó la institución fueron depositados 200 millones de pesos a través de más de 40 trámites bancarios.

"Procedió a instruir verbalmente a quien se desempeñaba entonces como director de Finanzas del Ejército para que parte de los recursos fiscales recibidos por el Ejército por concepto de gastos reservados fueran entregados al jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército", señaló el fiscal del Ministerio Público, José Morales, quien agregó que fueron denominados como "recursos extraordinarios del comandante en jefe del Ejército o recursos de libre disposición del comandante en jefe del Ejército".

El tribunal determinó mantener la medida cautelar ya decretada por la Justicia militar en contra de Oviedo: firma mensual y arraigo nacional, fijando un plazo de seis meses para la investigación.

En 2015 se destaparon supuestos desfalcos y la emisión de cientos de facturas falsas por parte de otro excomandante jefe, por lo que la magistrada Romy Rutherford inició una serie de investigaciones en el interior de las Fuerzas Armadas.

La secretaria general del partido oficialista Revolución Democrática (RD), Araceli Farías, denunció un intento de secuestro en las cercanías del Parque Forestal en Santiago Centro. La PDI abrió una investigación tras la instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte y, según indicó Farías, tres desconocidos la amenazaron con un arma e intentaron llevarla a una camioneta. En un comunicado, agregó que logró escapar y pedir ayuda en una botillería, comunicándose con la policía, quienes la llevaron a un centro asistencial donde le diagnosticaron heridas leves.

A las 9 de la mañana está programada la audiencia de formalización en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, junto con otros cinco exfuncionarios del municipio, imputados por cargos de fraude, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita. Después de analizar por cerca de dos años las irregularidades denunciadas por la alcaldesa CamilaMerino, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal jefe de Santiago Centro, Francisco Jacir, pedirán prisión preventiva para el exjefe comunal en base a los antecedentes recabados.

Durante la madrugada de ayer, Carabineros dio cuenta de la sustracción de dos armas de fuego y también de munición desde los almacenes generales de la institución, ubicados en Avenida Quilín, comuna de Macul.

Según información preliminar, el hecho se originó cuando la guardia de dicho cuartel recibió un llamado por parte de una persona que se identificó como un coronel, quien señaló que era el jefe de la unidad, por lo que solicitó a un cabo que se encontraba en el lugar que sacara desde una caja fuerte dos pistolas y también munición, las cuales fueron retiradas posteriormente desde dos vehículos.

Tras lo anterior, durante la mañana se confirmó que la llamada se trataba de un engaño, por lo que se iniciaron los peritajes correspondientes, los cuales quedaron a cargo de personal especializado del OS-9 de la policía uniformada y también por la Fiscalía Militar.

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior afirmó que se trata de "un hecho grave el hurto agravado de armamento y municiones desde los Almacenes Generales de Carabineros".

Por esto, la cartera que lidera Carolina Tohá instruyó a Carabineros "poner a disposición del Ministerio Público y de la Fiscalía Militar los antecedentes que correspondan para la investigación de los hechos; instruir una investigación sumaria a fin de esclarecer el caso y determinar las responsabilidades; e informar sobre la existencia de protocolos que regulan la administración de armamento fiscal a fin de aclarar si se cumplieron los procedimientos estipulados".