Por Agencias

La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de aclaración interpuestos por el Gobierno, cuatro isapres y un particular sobre el fallo contras las Isapres debido a cobros excesivos mediante tabla de factores, dictamen que obliga a la devolución de US$1.400 millones a los afiliados. La polémica surgió porque la ministra Ángela Vivanco afirmó que el reembolso sería sólo para quienes denunciaron.

El secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez, dijo que "la Tercera Sala de la Corte Suprema ha resuelto todos los escritos que han sido presentados en los respectivos procesos y los ha rechazado. En consecuencia, se mantienen los fallos en los términos en que fueron pronunciados para los casos en que se dictaron", por esto, "no hay nada que aclarar".

Vivanco sigue perteneciendo a la Tercera Sala, sin embargo, ayer no asistió al contar con un día administrativo, siendo reemplazada por un abogado integrante. Esta semana, además, renunció a su rol como vocera de la Corte, producto de numerosos cuestionamientos.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, horas antes afirmó que "es insostenible mantener el sistema de salud privado sujeto al régimen de judicialización que tiene en la actualidad".

Ley corta

Cordero, una vez conocida la resolución de la Suprema, indicó que "es general para los afiliados de cada isapre, no es universal para el sistema. Por lo tanto, el proyecto de Ley (corta presentado por el Ejecutivo) se hace indispensable, porque (la devolución) tiene un efecto que no es menor respecto del funcionamiento del sistema en general. Sobre este punto no hay ningún cambio en lo que hubiese resuelto la Corte".

En el momento en que el máximo tribunal "recibió amparo de derechos en estos casos, amparó a la persona recurrida y a los afiliados a la isapre donde se aplica esa tabla de factores. (...) Las Isapres recurridas son aquellas respecto de las cuales la Corte decidió los recursos en noviembre, que son las que solicitaron aclaración en este caso", es decir, Banmédica, Vida Tres, Nueva Masvida y Cruz Blanca.

Se "dio un plazo de seis meses para el cumplimiento de la sentencia, eso se cumple a finales del mes de noviembre", recordó el ministro.

El exprimer ministro británico Boris Johnson anunció ayer que abandona su escaño como diputado conservador en la Cámara de los Comunes con efecto inmediato.

En un comunicado remitido a los medios, el antiguo jefe del gobierno británico afirmó que el comité parlamentario que investiga si mintió sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia de covid-19 le "dejó claro" en una carta que se preparaba para expulsarlo.

"Es muy triste abandonar el Parlamento -al menos por ahora-, pero sobre todo estoy desconcertado y horrorizado por el hecho de poder ser expulsado, antidemocráticamente, por un comité presidido y dirigido por (la laborista) Harriet Harman, con un sesgo tan atroz", señaló.

Johnson, que dejó Downing Street en septiembre de 2022 acechado por varios escándalos, se ha sometido en los últimos meses a un proceso dirigido por el Comité de Privilegios de los Comunes para determinar si mintió a sabiendas sobre las fiestas ilegales durante la pandemia, por las que ya fue multado por la policía.

Los diputados de ese órgano pueden recomendar que Johnson sea suspendido de la Cámara Baja si lo consideran culpable.

"Recibí una carta del Comité de Privilegios que deja claro, para mi asombro, que están decididos a utilizar este procedimiento en mi contra para expulsarme del Parlamento", detalló el exprimer ministro, que ocupaba un escaño parlamentario desde 2001.

Cuando salió a la luz el escándalo del "Partygate", a finales de 2021, Johnson aseguró en los Comunes que nunca tuvo conocimiento de que se rompieran las restricciones sociales impuestas durante la pandemia en Downing Street.

"Estoy siendo expulsado del Parlamento por un pequeño puñado de personas que no tienen pruebas", sentenció.

El expresidente de EE.UU. Donald Trump deberá responder ante la justicia federal de 37 cargos penales relacionados con los documentos clasificados hallados en su casa de Florida en 2022, en medio de la campaña para las primarias republicanas con miras a regresar a la Casa Blanca.

Se le acusa de retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción a la Justicia y conspiración, entre otros delitos, según los documentos judiciales publicados oficialmente ayer, un día después de que Trump informase que "la caza de brujas más grande de la historia" se había trasladado a Florida.

El fiscal especial Jack Smith, a cargo de la investigación, dijo ayer que la ley se aplica para todo el mundo y que buscará un juicio rápido "de acuerdo con el interés público y los derechos de los acusados".

Asimismo, le pidió al público que lea el documento de la acusación para comprender "el alcance y gravedad de los delitos imputados".

La Fiscalía alega que Trump "se esforzó por obstruir las investigaciones del FBI y del gran jurado y ocultar la retención de documentos clasificados".

Según el documento de 49 páginas, los delitos más graves que se le imputan, como obstrucción a la justicia y conspiración, están penados con un máximo de 20 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares (232.500 euros) y los menos graves, como conspiración para ocultar, con 5 años de cárcel y la misma sanción económica.

Además de Trump está imputado Waltine Nauta, un asistente militar que trabajó para él durante su mandato como presidente (2017-2021) y fue visto moviendo cajas con documentos oficiales en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach (Florida)

Para la investigación se conformaron dos grandes jurados, uno en Washington, y otro en Miami, que desde el 19 de mayo hasta el miércoles ha escuchado testimonios de personas relacionadas con el manejo de los documentos oficiales que Trump tenía en su casa sin autorización, algo ilegal en EE.UU.

El próximo martes, el expresidente deberá comparecer en los tribunales federales de Miami para la lectura de los cargos.

"Va a haber muchos simpatizantes allí. Florida es tierra de Trump", dijo a Efe el analista político republicano Alfonso Aguilar, uno de los que considera que "a la larga, como en el caso de Nueva York" (el caso de los pagos a Stormy Daniels), este procesamiento va a beneficiar al expresidente en su campaña".

Afirma inocencia

Dos de los abogados de Trump, Jim Trusty y John Rowley, dimitieron ayer y ahora estará representado por Todd Blanche, que ya formaba parte de su equipo legal y otros abogados que se sumarán "en los próximos días", según dijo ayer.

El expresidente afirmó ser "inocente" y dice que el objetivo de esta acusación en la justicia federal es "dañar su reputación" para impedir que gane las elecciones de 2024.

"Colusión", "interferencia electoral" y "engaño" son algunas de las palabras que Trump repitió a lo largo de un video publicado la noche del jueves, en el que acusó al actual presidente, Joe Biden, que busca la reelección inmediata, de estar detrás de todo.