Por Redacción

El exministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, se refirió ayer al piloto del plan "Gas a precio justo", para reducir el costo del combustible mediante el ingreso al mercado de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), lo que, sin embargo, terminó elevando a $117 mil el balón debido a los costos de logística: "Uno ve ese mismo síntoma en la inclinación del Gobierno de pedirle al Estado que controle el negocio del litio, que es un negocio que tampoco conoce".

Esto "es muestra de una tendencia que ya hemos visto en el Gobierno, que es la inclinación a pensar que el Estado va a resolver todos los problemas", dijo a Emol la exautoridad durante la administración de Sebastián Piñera. Esta situación ocurre "sin tener consciencia ni conocimiento de las limitaciones que tiene el Estado para hacer algunas cosas".

El también académico señaló que "muchos advertimos que esto tenía pocas posibilidades de ser exitoso porque Enap simplemente no tiene capacidades, conocimiento, experiencia, para ser exitoso en el mercado minorista del gas licuado".

El extitular de Hacienda, Ignacio Briones, con quien Jobet compartió en el gabinete, recordó en Twitter que "cuando se lanzó con pompa el 'Gas a precio justo', dije que había que conocer el 'costo justo': de producción, pero también de distribución. Y que ese costo total arriesgaba ser mayor que el 'precio justo'. Me llegó de todo de vuelta pero, dicho y hecho".

Junto al mensaje, el economista citó una publicación suya del año pasado, en cuyos comentarios incluso postuló que, dadas los requerimientos de distribución "en una de estas sale mejor darle un subsidio directo a la persona, en lugar de producir directamente cilindros. Ojalá (desde el Ejecutivo) pudieran abrir esa información".

"un fiasco"

Jobet afirmó que "se generó una frustración de expectativas en las personas grande, porque se anunció con bombos y platillos, con el protagonismo de figuras muy importantes del Gobierno que esto iba a ser un plan que iba a llegar a miles de familias, que iba a resolver el problema del gas, y manejar las expectativas de las personas, sobre todo de sectores vulnerables, las que más sufren con el alza del precio del gas, es muy complejo".

"Este desenlace, yo me imagino que para esas personas, es un episodio más de los políticos prometiendo cosas que después no cumplen", agregó el exministro, junto con tildar la situación de "compleja en un momento de desconexión y desconfianza en la política, es preocupante".

"El ministro (de Desarrollo Social, Giorgio) Jackson, en vez de tramitar la ley del gas, que es lo que hay hacer, retiró el proyecto del Congreso (presentado por Piñera) y se puso a intervenir en ENAP para hacer este plan piloto que terminó siendo un fiasco, a pesar de todas las advertencias que se le hicieron. No hay por dónde evaluar positivamente este episodio", sostuvo.

Jackson respondió reiterando que este "piloto se corta en una etapa, fue desde agosto hasta diciembre y se corta. Por tanto, no termina su funcionamiento. Lo que hemos visto en los medios de comunicación es un informe en el cual toda la inversión se divide por la cantidad de balones de gas que fueron finalmente entregados (cerca de seis mil). Es por eso que se da una suma muy alta".

Marcel

Su par de Hacienda, Mario Marcel, reconoció nuevamente que "es evidente que el plan piloto no tuvo éxito", pero "los programas piloto tienen ese propósito, no puede esperar que un programa piloto sea perfecto, pero sí lo que puede asegurar es que si hay errores de diseño o de altos costos va a tener la oportunidad de corregir, modificar antes de escalarlo a un programa más ambicioso".

El senador e integrante de la comisión de Energía, Juan Luis Castro (PS), dijo en radio Cooperativa que el "Gas a precio justo" dio una "rebaja artificial" a los consumidores, además de una "experiencia fallida que deja en duda si el Estado es capaz o no es capaz".

"Jamás imaginamos, ni se nos dijo, que para vender un balón a $15 mil se iba a tener que subsidiar con $87 mil, que tenía que echarse mano al bolsillo el Estado para ponerle un precio competitivo", afirmó Castro.

La empresa estatal chilena Codelco inició ayer formalmente la negociación con Soquimich para incorporar al Estado chileno en la explotación del litio en el Salar de Atacama, que contiene el 90% de las reservas del mineral del país.

"Estamos comprometidos y trabajaremos arduamente desde Codelco para que esta negociación sea exitosa y nos permita conseguir el objetivo de fortalecer el liderazgo de Chile en la producción de litio en el mundo", dijo el presidente de Codelco, Máximo Pacheco.

El directivo explicó que la negociación "durará el tiempo que sea necesario para diseñar el modelo de negocio que le entregue los mayores beneficios a Chile y en el que Minera Tarar, la filial recientemente constituida por la cuprífera, ejerza como controladora".

En concreto, se creará una nueva empresa, una asociación público-privada con dos accionistas y, según Pacheco, "va a ser un joint venture donde Codelco va a tener una posición mayoritaria de propiedad".

El Presidente Gabriel Boric anunció a fines de abril su esperada política sobre el litio, que busca convertir al Estado en el principal promotor y controlador de la industria a través de un modelo público-privado y una empresa nacional.

Las estatales Codelco y Enami serán las encargadas de implementar la primera fase de la estrategia hasta que empiece a funcionar la empresa nacional del litio, cuya creación tiene que ser aprobada por el Parlamento, donde el Gobierno no tiene mayoría.

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), dueña del salar, entregó el miércoles a Codelco un documento que formaliza su nuevo rol y le habilita a negociar, en nombre del Estado, alianzas público-privadas en Atacama antes de que concluyan los contratos actuales de arrendamiento.

La Comisión de Expertos del proceso constitucional continuó ayer votando en el Pleno el capítulo enfocado en el Congreso Nacional y los lineamientos para el organismo legislativo del anteproyecto de nueva Constitución.

En ese sentido, se mantuvo el bicameralismo actual, aunque con algunas innovaciones que buscan disminuir las divisiones dentro del parlamento y favorecer a las mayorías.

Por ejemplo, ahora las votaciones para elegir a los representantes se realizarán en coincidencia con una eventual segunda vuelta presidencial: "Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente, el cuarto domingo después de efectuada la primera votación para elegir al Presidente de la República".

Otro de los temas que había generado discusión al interior de la subcomisión, pero que además fue tema dentro de algunas tiendas políticas, fue el denominado "umbral del 5%", que implica que deben alcanzar ese porcentaje de votación nacional en las elecciones parlamentarias para que puedan tener cupos en el Congreso. La única excepción es que el partido tenga "escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios".

El artículo donde se incluyó esta materia fue visado con 23 votos a favor y una abstención d la comisionada Magaly Fuenzalida (cupo FRVS).

De todas formas, también establece que será con gradualidad, por lo que en el primer año será requisito un 4% (en vez de cinco) o conseguir al menos cuatro legisladores electos.

Pueblos indígenas

Una iniciativa que generó discusión fue la norma que señala que "la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional", aunque no fija escaños reservados.

Este apartado fue aprobado por 19 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Además, la paridad de salida fue uno de las materias en las que no existió un consenso, aunque fue aprobada la norma que indica que "corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños, en elecciones de diputados y senadores, cuando algún sexo supere el sesenta por ciento de los electos en los respectivos actos".

Al igual que el umbral del 5%, será de manera progresiva, aunque en este caso aplica para su eliminación, porque dejará de regir después de dos elecciones, así como también podría cesar antes si la paridad se produce de forma natural.

La iniciativa fue aprobada por 20 comisionados a favor y cuatro en contra.

Las llamadas medidas antidiscolaje, que buscan fortalecer la política partidaria, también fueron aprobadas y con alta mayoría. "Cesará, asimismo, en su cargo el diputado o senador que sea sancionado con la expulsión del partido político en conformidad a lo establecido en la ley, y tras un procedimiento justo y racional", dice el texto visado por los expertos con 23 votos a favor y una abstención.

El número de integrantes de la Cámara de Diputados y de el Senado quedará definido por ley, metodología que también se usará para la participación política de los pueblos originarios.

Al cierre de esta edición, el Pleno continuaba con la votación del Capítulo V, denominado "Gobierno y Administración del Estado", que tiene directa relación con el cuarto en cuanto a materia legislativa, como la potestad del Presidente de informar una "agenda prioritaria" para que hasta tres proyectos de ley se pongan en votación en un plazo máximo de un año.