Por Karlyng Silva Leal

Tras finalizar el trabajo en terreno para detectar los daños en los departamentos del complejo habitacional Prais I y II en San Pedro de la Paz -tras la toma que duró casi una semana en el lugar-, el Minvu se encuentra en estos momentos evaluando los costos y plazos de reparación, todo esto mientras ya se generaron gestiones de seguridad para evitar una nueva ocupación ilegal previo a la entrega oficial a los respectivos dueños de las unidades de viviendas.

Así lo indicaron desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío, asegurando que hasta el momento no hay familias habitando los departamentos, ya que si bien el trabajo en terreno del catastro finalizó, aún se están realizando las estimaciones en cuanto a tiempo y recursos para la reparación, cuantificando la información obtenida y con ello evaluar también qué entidad se hará cargo de financiar la reparación de las unidades.

Por otra parte, para impedir una nueva ocupación como la registrada el viernes 28 de abril, la empresa a cargo de la obra, Rukan Tec, dispuso la presencia de guardias de manera permanente y junto con la autoridad regional y del Minvu, se acordaron rondas periódicas por parte de personal de Carabineros en el sector de San Pedro de la Costa.

Demora en la entrega

La seremi de Vivienda, Claudia Toledo, detalló que la principal razón por la que se ha atrasado la entrega de los departamentos a los beneficiarios tiene relación con papeleo administrativo. Pese a apoyar las gestiones para acelerar estos procesos, Toledo aceptó que "por lo visto todavía falta un mayor esfuerzo, no solo de nosotros como servicio, sino que también a todos los que participan en el proceso".

"Se estaba haciendo una gestión en el municipio porque hubo un ajuste del proyecto en el proceso, que suele pasar en un proyecto. Ahora si bien se pueden ver las viviendas terminadas o un edificio, no significa que esté 100% listo, porque hay conexiones que deben certificarse en Essbio, CGE, la SEC, Bomberos, etc, porque se trata de un lugar que albergará familias y necesita ser seguro, digno y adecuado", explicó la seremi.

En esta línea, aseguró que cada prórroga en la entrega de los proyectos se somete a votación en los comités, sin embargo en este caso, ya que la empresa a cargo presentaba problemas económicos mientras la obra presentaba más de un 90% de avance, se ponderó la complejidad de cambiar de constructora y buscar formas de apoyar para finalizar el proyecto de una vez.

Daños y reparación

Toledo explicó que tras concretar el desalojo se acudió hasta el lugar con la empresa a cargo de la construcción, pero también equipos técnicos y sociales para acompañar a las familias y apoyarlas tras lo que definió como un evento traumático. "Los equipos entraron el jueves, hay una primera visualización y se está viendo en detalle el presupuesto, los costos, todo ese tipo de cosas", agregó.

"Cuando fui vimos que los daños se concentraron en un 90% aproximado de las puertas de acceso que fueron forzadas, algunas están rotas, a otras les rompieron las chapas. En algunos departamentos se notaban mucho los daños, muchos rayados en puertas donde incluso estaban los nombres de las personas que supuestamente se habían instalado", detalló.

Por otra parte, indicó que efectivamente se corroboró el ingreso a todos los departamentos y que "hubo retiro de los calefont, no en un 100%, pero sí en la mayoría. También había lavamanos o WC que no estaban en su lugar, pero continuaban dentro de los departamentos, algunas ventanas fueron dañadas, pero sin duda los principales daños se concentran en la sede social, donde sí sacaron ventanas, puertas y el mobiliario adicional que se había dispuesto"

En cuanto a la ocupación, Toledo aseguró que "no había 1.200 personas, tengo que aclararlo, porque en realidad vimos un número mucho menor en las cámaras operativas. Se hace una proyección, pero era menos, porque en las cámaras se pudo ver cómo hubo una retirada de varias personas el día previo al desalojo y también antes del inicio del operativo, hubo gente que salió con colchones y en algunos casos hasta con puertas arriba del hombro".

208 departamentos fueron catastrados, por lo que ahora los técnicos trabajan en estimar los recursos y tiempo de reparación

Seis adultos con antecedentes penales fueron detenidos en el marco de una investigación sobre una banda criminal dedicada al traslado de droga desde el norte del país hasta la Región del Biobío. El trabajo de la sección OS7 de Carabineros permitió allanar dos inmuebles en San Nicolás en la Región de Ñuble y otro en Los Ángeles, logrando incautar cerca de 14 kilos de pasta base de cocaína, avaluado en $70 millones, que era comercializada a microtraficantes en la provincia de Biobío.

Tras recabar una serie de antecedentes en una indagatoria que se extendió por más de un año, el viernes pasado Carabineros concretó órdenes de entrada y registro en un domicilio ubicado en el sector María Dolores en la comuna de Los Ángeles y un segundo inmueble en San Nicolás, en la Región de Ñuble, encontrando en estos inmuebles diversos elementos que infraccionan la ley de drogas y de armas.

Según detalló el coronel Gabriel Ortega, prefecto de Biobío con el operativo que también se enmarca en el Plan Calle Sin Violencia, se incautaron 14 kilos de pasta base de alta pureza, 2 escopetas de alto calibre, 182 cartuchos de escopeta, dinero en efectivo, teléfonos celulares, 2 vehículos y diferentes elementos químicos como ácido muriático, petróleo, parafina y soda cáustica , todos ellos altamente tóxicos y que eran utilizados para abultar la droga, es decir, incluso doblar su cantidad.

El prefecto explicó que se investigó a la banda como una organización criminal, pues traían la droga desde Coquimbo, donde los 6 detenidos residían -incluido un ciudadano venezolano indocumentado-, luego en San Nicolás se utilizaban los químicos para abultar la droga, es decir, aumentar su cantidad, y posteriormente continuaba una cadena de distribución a los microtraficantes en la ciudad de Los Ángeles.

Respecto a los detenidos, tres quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados, mientras que otros tres quedaron en libertad.

Por su parte, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause valoró los resultados de este procedimiento, pero llamó también a no bajar la guardia en temas de seguridad. "El tema de la droga es uno de los principales, aquí en Los Ángeles se han generado homicidios, violencia, muerte en distintos barrios de la ciudad, la droga genera condiciones de temor en nuestra población, así que en ese sentido es un tremendo golpe", agregó.

El alcalde de Los Ángeles valoró el operativo,

indicando que las drogas son el principal factor que genera violencia

La Corte Suprema tomó ayer una decisión respecto a la admisibilidad de la solicitud realizada por diputados para destituir a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Sin embargo la resolución quedó en acuerdo, por lo que durante los próximos días se dará a conocer el resultado.

La iniciativa impulsada por el diputado Leonidas Romero fue patrocinada por otros 14 parlamentarios de la Cámara Baja, los cuales argumentaron ante el fiscal nacional y la Corte Suprema que la fiscal regional ha tenido un desempeño deficiente e incluso negligente.

Así, ejemplificaron con casos emblemáticos de la región como lo es la investigación hasta ahora sin responsables por la muerte del niño Tomás Bravo; apuntando a negligencias en la investigación de Sergio Mardoff, cuyo cuerpo estuvo en el SML 3 años sin ser reconocido, entre otras actuaciones de la fiscal Cartagena que según los diputados han sido cuestionadas.

La solicitud presentada el 20 de abril fue revisada en cuanto a su admisibilidad por el pleno de la Corte Suprema, compuesta por 20 ministros, durante la tarde. En este sentido, los ministros tomaron una decisión, la cual aún no es comunicada, ya que debe ser argumentada, redactada y firmada. Si la resolución fuera aprobada, el pleno debe fijar una fecha para analizar los antecedentes y posteriormente se votaría la solicitud.