Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl

Hoy se elegirá por voto popular a los 50 miembros del Consejo Constitucional, órgano cuyo único objetivo será discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Carta Magna. A diferencia de la anterior Convención Constitucional, que falló en su misión, sus integrantes no estarán solos, ya que deberán trabajar en conjunto a miembros de otras dos entidades: la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad. Con todo esto, entonces, se proyecta una labor más estructurada y regulada a la hora de definir las líneas base del país, a fin de lograr en diciembre, mes destinado para el plebiscito de salida, un resultado auspicioso que sea impulsado por grandes acuerdos.

En la Región del Biobío compiten 20 cartas, pero sólo tres resultarán victoriosas esta noche una vez que el Servicio Electoral dé cuenta de la votación. Son tres, porque la actual reforma constitucional (ley 21.533) establece que a la elección de los integrantes del Consejo les serán aplicables las disposiciones pertinentes a la elección de senadores. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentarán los consejeros? ¿Qué nudos entramparán el proceso? ¿Hasta qué punto podrán estar representadas las demandas regionales en el documento? Son muchas las interrogantes que surgen en un día como este, más aún cuando el presente clima electoral ha estado marcado por la desinformación y el desinterés de la gente, algo que, por ejemplo, quedó de manifiesto en la campaña de los candidatos, pero también en la escasa difusión nacional del trabajo de los expertos y expertas -o comisionados- que iniciaron su tarea el 6 de marzo pasado.

Con la ley en mano, cuatro académicos de las universidades de Concepción, del Desarrollo, Andrés Bello y San Sebastián intentan responder parte de estas inquietudes, de tal manera de despejar un camino que se vislumbra -quizá- como la última gran oportunidad para modificar la actual Constitución de Chile.

Fases e impacto de los consejeros en la propuesta

Una vez electos, se espera que los consejeros asuman sus funciones el 7 de junio de 2023. Antes de ponerse a discutir sobre el anteproyecto que les presentará la Comisión Experta, tendrán que tener en cuenta que la reforma constitucional en cuestión considera 12 bordes o bases constitucionales que no pueden ser traspasadas o desconocidas, como el hecho de que Chile es una República democrática, que el Estado es unitario y descentralizado, o social. Aquí también se establece que los emblemas patrios son la bandera, el escudo y el himno nacional y que el país tiene tres poderes separados: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos y otros elementos están recogidos en el artículo 154 de la reforma, punto que se configura como un componente limitante, aunque la reforma también abre la puerta para que por el quorum de los tres quintos el Consejo apruebe, apruebe con modificaciones o incorpore nuevas normas al anteproyecto constitucional que pondrán sobre la mesa los comisionados.

"Es probable que tengamos variaciones, porque existe una amplia posibilidad de que, según a como quede conformado el Consejo, tengamos más o menos desarrollo de derechos sociales. Sin embargo, lo importante es tener claro una certeza, el artículo 154 que señala que las bases constitucionales o límites se tienen que respetar. Eso quiere decir que no nos vamos a encontrar con un Consejo Constitucional que apruebe una norma relacionada a la plurinacionalidad, porque las bases indican que Chile es una sola nación, o un Estado unitario y no regional", precisa el académico del área de Derecho Público de la Universidad Andrés Bello, Abraham Quezada.

Aunque pueda parecer un poco evidente, Alejandro Lagos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo, dice que el nivel de impacto de los consejeros en esta segunda fase dependerá en gran medida del resultado de la elección, sobre todo si se considera lo expuesto por algunas encuestas que afirman que la oposición podría hacerse de los tres quintos y elaborar un texto al gusto de un solo sector. Pese a todo, recalca que desde ya se ve "un procedimiento más parecido a la formación de la ley, algo más tradicional, no con el desorden que hubo en la Convención, en donde se rechazaba una norma en el pleno y se volvía a presentar una nueva propuesta a través de otra comisión. Hay que ver el resultado de la elección, pero se ve un proceso más ordenado".

En términos simples, la reforma plantea que evacuada la propuesta de texto por parte del Consejo Constitucional -acción que debe producirse dentro de los cuatro meses siguientes a su instalación-, la Comisión Experta la analizará para hacer entrega luego de un informe con observaciones que mejoren el documento. Dichas propuestas serán votadas por los consejeros, entendiéndose que serán visadas si reúnen tres quintos de los votos y rechazadas por un quorum de dos tercios. En caso de haber propuestas que no sea aprobadas o rechazadas, entrará a jugar una comisión mixta integrada por seis consejeros y seis comisionados, quienes propondrán soluciones con el voto de los tres quintos de sus representantes en ejercicio. Así, el acuerdo finalmente tendrá que tener luz verde del Consejo con tres quintos de las preferencias.

Asimismo, la ley indica que, si la comisión mixta no alcanza un acuerdo en un plazo de cinco días, la Comisión Experta, dentro de un período de tres días, y por las tres quintas partes de sus participantes, deberá presentar una nueva propuesta a los consejeros. Una vez terminada la votación de cada norma que formará parte de la propuesta de nueva Constitución, se deberá aprobar la totalidad del texto por los tres quintos de los consejeros.

El Comité Técnico de Admisibilidad y sus 14 miembros asumirán un rol clave, pero siempre y cuando se interpongan requerimientos asociados a propuestas que contravengan las 12 bases constitucionales. Las solicitudes de este tipo se fundamentarán por al menos un quinto de los miembros del Consejo, o dos quintos en el caso de la Comisión Experta, y se interpondrá dentro del plazo de cinco días contados desde la aprobación, en comisión o en el pleno, de la norma que se estima contravenir las bases institucionales. El Comité Técnico tendrá tres días para pronunciarse respecto a los requerimientos sometidos a su consideración, y cinco días adicionales para hacer públicos los fundamentos.

Posibles nudos a enfrentar

Uno de los grandes desafíos y complicaciones que podría presentar este nuevo espacio dice relación con la capacidad de diálogo de los diferentes grupos políticos. Así lo cree Lucas Serrano, director de Administración Pública Advance de la Universidad San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa Biobío, quien además plantea que este fue un tema que nunca pudo ser resuelto en el anterior proceso constitucional. "Ese siempre será un desafío, considerando que estos cambios tienen que llegar a los tres quintos, es decir, se requieren acuerdos relativamente transversales, porque es el 60% de los consejeros. Se necesitará la capacidad de llegar a acuerdos y salir de las trincheras, y hacerlo con una voluntad de crear el concepto de 'la casa de todos', un concepto que parece estar un poquito olvidado", enfatiza el académico.

Los profesionales consultados piensan que son varios las materias que podrían generar un mayor debate y entrampar los avances, más todavía considerando que los bordes constitucionales que propone la reforma son amplios y que hay una alta posibilidad de que se generen consensos estratégicos importantes entre los grupos, lo que posibilita cambios profundos. Asuntos como el principio de subsidiaridad del Estado, el régimen de la propiedad asociado al sistema de pensiones, la heredabilidad de los fondos y la expropiación, la autonomía de algunos órganos, la cláusula de Estado social y democrático, la democracia paritaria y el rol de los privados son puntos de atención en el debate.

Jeanne Simon, profesora asociada del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, advierte que es muy posible que la Comisión Experta esté siendo analizada con atención por parte de las distintas listas políticas con el objetivo de formular normas antes de la entrada en funcionamiento del Consejo. Eso, agrega, lleva a que el desafío vaya por encontrar la capacidad de incidir y alcanzar