Por Felipe Cuevas Mora

Cuando restan solo nueve días para que concluya el periodo de campaña para las elecciones al Consejo Constitucional, el ambiente que se percibe en las calles dista significativamente respecto a procesos anteriores.

Ambiente que se percibe con la falta de publicidad gráfica de alguno de los 20 aspirantes para los tres escaños que tendrá la Región y masivas actividades de campaña, pero también a la hora de analizar los aportes de campaña que se declaran en el Servicio Electoral (Servel).

Según la plataforma del organismo, hasta el viernes pasado las cartas al Consejo en el Biobío han recibido un total de $267 millones individualizados en 116 aportes tanto públicos como privados, cifra considerablemente menor respecto a procesos anteriores como las últimas elecciones parlamentarias o la de consejeros constitucionales de mayo de 2021.

De estos, un total de $142 millones corresponden a aportes con publicidad, mientras que otros $109 millones responden a créditos contra reembolso, seguidos por los aportes propios y sin publicidad que suman un total de $15 millones.

A nivel de fuerzas políticas, el pacto Chile Seguro -que reúne a los partidos de Chile Vamos- concentra el 60% de los aportes con un total de $159 millones entregados a sus cuatro candidatos, seguidos por Unidad para Chile -pacto de Apruebo Dignidad y el Partido Socialista- que concentra el 21% de los aportes con $57 millones asignados.

Las listas del Partido de la Gente, Republicano y Todo por Chile concentran el restante 19% con un total de $51 millones distribuidos entre doce candidatos.

Principales aportes

A la hora de observar el detalle de los cinco candidatos que más aportes han recibido, lideran los miembros de la lista Chile Seguro encabezada por Jorge Ulloa (UDI) con casi $60 millones, seguido por Robert Contreras (RN) con $57 millones, Mónica Troncoso (RN) con $21 millones y Victoria Pincheira (UDI) con $20 millones. En tercer lugar, se ubica la candidata de Revolución Democrática Paloma Zúñiga con $37 millones recolectados en las últimas semanas.

En contrapartida, los candidatos que menos recursos han recibido son las cuatro cartas del Partido de la Gente: Astrid Abarzúa con $1,8 millones, Nelson Cares, Mirtha Encina y Hugo Soto con un millón para cada uno respectivamente. A la lista se suma la candidata del Partido Republicano Claudia Ortega con $217 mil en aportes.

Los mayores aportes individuales que han recibido los candidatos en las últimas siete semanas son tres créditos contra reembolso solicitados por Jorge Ulloa ($31,6 millones), Robert Contreras ($31 millones), Paloma Zúñiga ($23 millones) y dos aportes de Renovación Nacional a sus candidatos Robert Contreras y Mónica Troncoso, con $21 millones y $20 millones respectivamente.

Las diferencias

Consultado por este medio, el candidato Jorge Ulloa (UDI) explica que la principal fuente de financiamiento radica tanto en los aportes que le ha realizado el partido y en el crédito solicitado.

"Lo importante en esto, es que yo creo que lo que ha habido es una falta gigantesca de interés e información del Gobierno respecto al proceso, que asocio particularmente a que el Gobierno se jugó por el proceso anterior que fracasó y va a esta elección con desventaja. En la campaña nos ha tocado hacer pedagogía electoral, y hemos contemplado un despliegue completo por toda la Región, ya que muchas comunas se sienten alejadas de la mano de las autoridades", indicó.

Cristian Cartes (FRVS), que en contrapartida solo ha recibido $6 millones provenientes de su partido, explica que "es positivo que no se trabaje con tanta publicidad gráfica, tantas palomas. La campaña se ha hecho de forma más territorial, generando diálogo con los vecinos y haciendo política desde la generosidad de escuchar al otro. Ha sido un entretenido proceso de aprendizaje y una oportunidad de generar una mejor política".

1. Jorge Ulloa (UDI)

$59.954.864

2. Robert Contreras (RN)

$57.430.000

3. Paloma Zúñiga (RD) $37.858.769

4. Mónica Troncoso (RN)

$21.000.000

5. Victoria Pincheira (UDI)

$20.800.000

6. Patricia Spoerer (PR)

$12.610.000

7. Aldo Sanhueza (PR)

$12.409.000

8. Pablo Cuevas (PC)

$9.695.000

9. Nataly Neira (DC)

$8.070.000

10. Cristian San Martin (DC)

$7.110.000

El presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Andrés Bernasconi encabezó la clase inaugural de la sede Concepción de la Universidad San Sebastián (USS), instancia en la que abordó los principales cambios y ajustes que ha tenido el sistema de certificación de las instituciones de educación superior a nivel nacional.

"En estos cinco años, yo creo que se ha restablecido la confianza en el sistema, no por obra de la legislación necesariamente, sino porque el sistema ha demostrado que tiene una alta calidad. Mostró una altísima resiliencia en la pandemia, las instituciones de educación superior fueron las que primero resolvieron el problema de la pandemia", dijo, junto con señalar que "hemos pasado momentos difíciles como, por ejemplo, tener que acostumbrarnos a que no aumente el número de estudiantes como sí lo fue, a tasas muy altas, entre el 90 y 2013".

"Es importante tener presente que la responsabilidad por la calidad de las instituciones no es de la CNA sino de las instituciones en sí (…). Lo peor que puede pasar es que las instituciones crean que el aseguramiento de la calidad es responsabilidad de la vicerrectoría o de la dirección de Aseguramiento de la Calidad. Aquí aplica el típico comportamiento burocrático (...) esas oficinas están para catalizar la iniciativa autorregulatoria y de mejoramiento continuo de toda la comunidad y ahí es cuando se crea una cultura", advirtió.

El rector de la USS, José Rodríguez indicó que "somos una universidad cuya excelencia se refleja en su compromiso con la sociedad. Nos sustentan valores como la razón, la verdad y la virtud, los que nos sirven como guía para contribuir a generar mayor bienestar y progreso".

Una preocupante situación es la que ha manifestado el diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien la semana pasada ofició al Servicio Electoral para modificar los locales de votación de habitantes de isla Mocha, Talcamávida, Rafael y otros sectores, producto de que la georeferenciación implementada por el Servel los dejó alejados en varios kilómetros respecto a sus domicilios.

"Tras la publicación de los datos electorales, un gran número de ciudadanos ha denunciado, a través de diversas plataformas, que el Servel cambió sus locales de votación a lugares que se alejan considerablemente de sus domicilios. En la mayoría de los casos, se trata de personas de la tercera edad, cuyo recinto para ejercer el derecho a sufragio en la última elección se encontraba próximo a sus hogares, por lo que el nuevo cambio les genera un perjuicio mayor en razón de las dificultades y el gasto adicional que implica recorrer mayores distancias para cumplir con su deber cívico", indica el oficio también firmado por otros siete diputados.

La preocupación se acrecienta luego del accidente ocurrido el pasado domingo con una avioneta que capotó en las orillas de la isla Mocha, ante lo cual el diputado Bobadilla indicó que "esperemos que el Servel responda y corrija a la brevedad. No sacamos nada que todo cambio de domicilio sea después de la elecciones ya que el problema lo tienen todos los ciudadanos para este proceso".

Pese a ello, el legislador planteó su preocupación ya que la respuesta del Servel al oficio sería entregada recién entre 30 y 60 días, posterior a los comicios del domingo 7 de mayo. "Esperamos una solución", añadió el legislador.