Cuando restan poco menos de tres semanas para la elección de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo y con el objetivo de dar a conocer las propuestas de los veinte aspirantes a los tres escaños que tendrá la Región del Biobío, Diario EL SUR realizará una serie de publicaciones con cada uno de los candidatos, en las que se abordarán sus propuestas de campaña, expectativas en torno al proceso y la visión frente al aporte que el proceso puede realizar al avance de la descentralización.

En este último punto, los candidatos consultados marcaron ciertas diferencias respecto a la forma o mecanismos bajo los cuales se puede fomentar la entrega de atribuciones o recursos a las regiones.

El candidato de Chile Seguro, Robert Contreras (RN) explicó que, a raíz de los incendios, "un ejemplo claro es que la atribución de decretar estado de excepción viene del nivel central. Se llega tarde en situaciones de riesgo y se vuelve clave entregar esa y otras funciones a los gobiernos regionales. Nosotros creemos fuertemente que la Región debe tener facultades para tomar decisiones como estas, con un estado de emergencia que permitiría también elevar los requerimientos económicos para prevenir".

La candidata de Unidad para Chile, Carolina Martínez (PL), en tanto dijo que "en un estado descentralizado, los gobiernos regionales y locales tienen más autonomía en la gestión de sus recursos y en la implementación de políticas que respondan a las necesidades y demandas de la población local".

La carta de Todo por Chile, Cristian San Martín (DC) planteó que "se deben fortalecer los gobiernos comunales y regionales, con competencias como vivienda, obras públicas y transporte para los Gores, ya que afectan directamente a las personas", mientras que Hugo Soto, del Partido de la Gente manifestó que "cada Región debería definir cómo se distribuirá el dinero, porque lamentablemente es Santiago quien distribuye los recursos; debemos acabar con el centralismo económico".

Claudia Ortega del Partido Republicano, en tanto puso el énfasis en que "el tema de la descentralización debe desarrollarse por materias de ley, porque la Constitución no debe ser maximalista como ocurrió con el texto rechazado el 4 de septiembre".

"Hemos tenido un agenda fuerte de entregas de títulos de dominios. El Presidente nos ha mandatado a desplegarnos en el territorio y ser resolutivos, dándole prioridad a la entrega de los títulos de dominio, como lo hicimos en Arauco, Nacimiento, Lebu y Concepción, beneficiando a las primeras familias afectadas por los incendios forestales".

De esta forma, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, explica a Diario EL SUR el despliegue que ha realizado con dos visitas en la última semana para avanzar en la regularización de títulos de dominio para afectados por los incendios. "La Región es una de las que tiene mayor demanda de títulos de dominios, lo que da cuenta de una irregularidad en la tenencia de la tierra, que es habitualmente un tema que se tramita ante el ministerio y requiere una priorización", dice, en alusión a los 188 títulos de dominio para damnificados por los incendios.

"Durante años, en las zonas afectadas por los incendios ha faltado una llegada oportuna al Estado para regularizar los títulos de dominio. La urgencia de los incendios nos da esta emergencia, porque la falta de los títulos de dominios dificulta acceder a los beneficios de la reconstrucción", añade.

-¿Está cuantificado cuantas familias de la Región están en proceso de regularizar sus títulos de dominio tanto a nivel general como víctimas de los incendios?

-El universo son aquellas personas que no tienen la propiedad sobre el terreno que habitan o trabajan, y que han sido afectadas por los incendios, todo acreditado por la ficha Fibe. Tenemos una estimación de alrededor de 1.200 regularizaciones y el número exacto lo tendremos en medida que se presenten las solicitudes, y veamos el caso a caso.

Habitualmente la regularización de títulos de dominio tiene una duración de 24 meses, y en el caso del proceso de emergencia esto se ha comprometido a realizar en ocho meses.

-¿El proceso involucra a todo tipo de terrenos o sólo aquellos donde se asientan primeras viviendas?

- Es aplicable a todas las personas que acreditaron daños en sus inmuebles en la ficha Fibe y son aptos para realizar el proceso. Ya sean primeras viviendas o terrenos que trabajan, aplican cumpliendo los requisitos de regularización con una construcción y uso exclusivo por cinco años y un avalúo fiscal límite de 800 UTM en zonas rurales.

Un grupo de diputados de distintas bancadas oficiaron al Gobierno en donde una serie de legisladores de distintas bancadas solicitaron poner suma urgencia al proyecto de ley "Que Pase La Micro" que busca habilitar la creación de empresas de transporte de parte de municipalidades y gobiernos regionales.

Por otra parte, en el oficio se justifica la petición de suma urgencia sobre la base de los constantes incumplimientos del sector privado en transportes, lo que ha quedado en evidencia desde marzo de 2020 hasta la actualidad, además de declaraciones de dirigentes sociales y locales que apoyan la moción parlamentaria.

Junto con apoyar la moción, la diputada del distrito 20 María Candelaria Acevedo (PC) indicó que "en nuestro distrito la locomoción colectiva pasa hasta las nueve de la noche, pero hay muchas personas que trabajan o estudian hasta las 11 de la noche y ahí es donde se produce un conflicto para poder llegar a sus hogares y eso también tiene que ver con un problema de seguridad."