Por Karlyng Silva Leal

Cinco diputados de la Región del Biobío, incluido el impulsor de la iniciativa, Leonidas Romero, apoyaron la recolección de firmas en la Cámara Baja, con el objetivo de presentar ante la Corte Suprema y el fiscal nacional una solicitud de remoción de la fiscal regional, Marcela Cartagena. No obstante, para otros parlamentarios la vía para esta destitución no sería la adecuada, ya que apuntan a una politización de la justicia.

Durante los últimos meses, parlamentarios locales han manifestado su preocupación ante la persecución penal en determinados casos mediáticos en la región; uno de ellos ha sido el caso del menor Tomás Bravo que en dos años de investigación no se ha determinado a el o los culpables; además de las investigaciones en contra de uno de los imputados por la muerte del carabinero Daniel Palma; sumado a la molestia de la familia de Sergio Mardoff, joven que tras pasar 13 años desaparecido fue encontrado en el Servicio Médico Legal.

El precursor de esta iniciativa, el diputado Leonidas Romero (IND), explicó que "esto nace del trabajo que ha hecho la señora Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, y posteriormente don Sergio Mardoff, del caso en que su hijo estuvo 13 años desaparecido en la región. Esto y la desidia, falta de compromiso, la falta de respeto porque la Fiscalía no hace el trabajo, por eso estamos pidiendo la remoción de la fiscal regional de Biobío, la señora Marcela Cartagena".

Consultados sobre esta situación, desde la Fiscalía Regional de Biobío indicaron que no hay pronunciamientos al respecto.

Diputados locales

Si bien el diputado Eric Aedo (DC) coincide en que no han habido buenos resultados en los casos mencionados, así como en investigaciones por robo de madera y narcoterrorismo; aseguró que todos los antecedentes han sido puestos a disposición del fiscal nacional, así como la preocupación de la comunidad en esta materia.

"Respecto de poner una firma para pedir la remoción de una fiscal regional, yo no soy partidario de politizar la acción de la justicia, me parece que es una mala señal, no se puede remover por esta vía política a quien hoy está ejerciendo justicia, porque en el fondo se le sigue haciendo un trato preferente al propio crimen organizado. Por lo tanto es el fiscal nacional quien tiene que tomar una decisión en relación a la fiscal Marcela Cartagena", agregó.

La diputada Flor Weisse (UDI) apuntó que en esta gestión se han conocido desaciertos, falta de rigurosidad y despreocupación en las investigaciones, por lo que hoy la ciudadanía requiere seguridad y necesita responsables.

"No bastan las explicaciones, no son suficientes los sumarios administrativos. Necesitamos orientación, acuciosidad y responsabilidad de las autoridades regionales. Aquí hay una instancia para que la Corte Suprema se pronuncie sobre el actuar de la fiscal regional", aseguró Weisse.

Por su parte, la diputada Karen Medina (PDG), comentó que "mañana (hoy) nos juntamos en Santiago con las familias y vamos a hacer entrega de estas cartas. Los estoy apoyando, porque creo que es una causa que ha sido muy dolorosa para la familia, para la región y nos parece que ha sido la justicia en este caso incompetente en lo que corresponde a su responsabilidad como Fiscalía".

Solicitud

A las 10 horas de esta mañana Romero, junto a Estefanía Gutiérrez, Sergio Mardoff (padre) y algunos de los diputados firmantes presentarán la solicitud a la Corte Suprema y luego al fiscal nacional, Ángel Valencial.

Según la ley, solo el Presidente de la República, la Cámara de Diputados o 10 de sus miembros, así como el fiscal nacional, pueden solicitar la remoción de los fiscales regionales. La Corte deberá convocar un pleno para analizar el asunto y reunir el voto de la mayoría de sus miembros.

"Yo pregunto ¿qué plan de trabajo ha presentado la señora Marcela Cartagena? ¿Cuál ha sido la directriz que ha entregado a los fiscales comunales bajo su administración sobre cómo operar? Tengo entendido que no hay nada de aquello. Por lo tanto están todos los pasos dados, que este sea un mensaje claro al resto de los fiscales a que hagan su trabajo, que no sobresean las causas o las cierren sin haber hecho diligencias", sostuvo Romero.

10 miembros de la Cámara de Diputados, como mínimo, pueden solicitar a la Corte Suprema la remoción de un fiscal regional

Una serie de acuerdos y compromisos fueron alcanzados tras una reunión entre la Defensoría Penal Pública, la Corte de Apelaciones y la Seremi de Justicia para abordar los nudos críticos en salud mental que enfrentan imputados e imputadas en la Región del Biobío.

El defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, expuso que 12 hombres y tres mujeres representadas por la institución que mantienen órdenes de internación provisional por enajenación mental se encuentran en diferentes dependencias de la cárcel sin tener acceso a sus tratamientos.

"Todos ellos deberían estar internados en un servicio de psiquiatría, con camas psiquiátricas recibiendo las atenciones médicas respectivas y ninguno de ellos está", sostuvo Pizarro.

De esta forma, los imputados están distribuidos en dependencias del hospital penal de la cárcel, en los módulos respectivos y seis de los casos están en psiquiatría forense, mientras que las mujeres se encuentran en la situación de mayor vulnerabilidad pues no se les permite el ingreso en el hospital intrapenitenciario del Biobío y su acceso a las camas psiquiátricas de los Servicios de Salud es limitado.

Para abordar la situación, la encargada regional de Salud Mental de la Seremi de Salud comprometió derivar los 15 casos informados a los Servicios de Salud correspondientes. Por su parte, la seremi de Justicia comprometió realizar las gestiones con Gendarmería para permitir que equipos de salud ingresen y presten atenciones mientras se gestiona el ingreso a una cama psiquiátrica.

La presidenta de la Corte de Apelaciones designó a la administradora del Juzgado de Garantía de Concepción para coordinar todos los tribunales de la región para agilizar gestiones con la seremi de Salud y derivar de forma expedita. Además, se acordó construir un protocolo que aborde los cuatro Servicios de Salud para enfrentar estos casos.

Por otra parte, el subsecretario de DD.HH. comprometió plantear la problemática al Ministro de Justicia con la finalidad de reactivar la "Mesa de Salud y Justicia" para abordar el tema junto al Ministerio de Salud, considerando la transversalidad de la situación.

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dictó sentencia condenatoria en contra de César Barrales Calvo (44) y Jorge Vargas Bello (39), ambos por el homicidio calificado consumado de Ricardo Poveda Ormeño (63) y el homicidio calificado frustrado de su hijo de 34 años, todo ello ocurrido en febrero de 2021 en la comuna de Coronel.

El fiscal de Coronel y especialista en delitos violentos, Hugo Cuevas, explicó sobre la dinámica de los hechos que la víctima, que era una persona que venía saliendo de la cárcel, llegó a Coronel, a la casa de su expareja.

Allí, mientras estaba a bordo de un automóvil junto a su padre, fue seguido por dos rivales del hampa, quienes efectuaron una encerrona con otro vehículo y ejecutaron a su padre con múltiples disparos con armas cortas de fuego, un revólver y una pistola, todo esto de forma sorpresiva. La motivación habrían sido rencillas anteriores.

A esto agregó que el principal objetivo que era el hijo de la víctima fatal recibió alrededor de 7 disparos en su cuerpo, lo cual produjo diversas lesiones, dejándolo parapléjico de por vida.

"Con la prueba que se aportó durante el juicio, especialmente, con la declaración de la víctima sobreviviente, se logró la convicción del tribunal que acogió nuestra posición de que se trataba efectivamente de un doble homicidio calificado", agregó el fiscal.

El tribunal de Concepción decidió condenar a César Barrales y Jorge Vargas, fijando una próxima audiencia para la comunicación de la sentencia, la cual se realizará el sábado 22 de abril.