Por Karlyng Silva Leal

En el marco de una sesión especial de la Cámara de Diputados que realizó en la Región del Biobío para analizar las deficiencias del Servicio de Protección Especializada a la Niñez, actores locales describieron la situación en que se encuentran hoy los menores vulnerados en sus derechos, todo esto tras el incendio que afectó a la Residencia Castellón, hecho que dejó a un adolescente imputado por delito de incendio y a otro con quemaduras graves en sus vías aéreas.

En esta instancia estuvo presente la directora nacional del servicio, Gabriela Muñoz, quien aseguró que "me voy con la sensación de haber escuchado a distintas personas, instituciones que tienen un diagnóstico sobre el servicio y que tienen ciertas preocupaciones como está funcionando. Creo que representa una oportunidad, porque no buscamos tapar el sol con un dedo, sino que hacernos cargo de esas preocupaciones.

-¿La convivencia de menores infractores de ley y/o vulnerados tras lo ocurrido en la Residencia Castellón requiere medidas de cambio?

-Es importante reconocer que niños que han sido vulnerados en sus derechos pueden tener compromiso delictual, es una de las consecuencias de largas trayectorias de vulneración. Cuando tribunales de familia determinan alguna medida de protección, es el Servicio el que debe brindar respuesta, aún cuando esos niños han sido sancionados por algún delito. Hemos estado diseñando varios modelos comprobando en base a la historia fallida de protección, que estos jóvenes con compromiso delictual y están en el sistema requieren un modelo distinto, muchos más especializado.

Hemos estudiado que las residencias no deberían ser más de 5 o 6 niños, que deberían tener terapeutas 24/7, sistemas de salud muy conectados con esos dispositivos residenciales, programas de tratamiento de consumo muy conectados, porque nosotros como servicio no somos un programa de tratamiento de salud mental ni de consumo de drogas.

-Algunos actores apuntan a unificar los servicios para la atención de los menores y que sea más rápida y efectiva ¿qué opina al respecto?

-La protección especializada quiere decir que acogemos niños que han sido gravemente vulnerados en sus derechos y la restitución de aquello requiere de un trabajo intersectorial. Un joven con consumo problemático de alcohol y otras drogas requiere a la entidad especializada que es Senda; un adolescente que por vulneraciones , trauma complejo, manifestaciones de daño, problemas de salud mental, ahí requerimos la presencia de Salud (...). Brindamos planes de intervención con familias, niños, trabajamos la prevención de nuevas vulneraciones, abordamos la posibles prevención nuevas conductas transgresoras, pero efectivamente estamos trabajando en un modelo que requiere un trabajo súper fuerte al menos con Salud, Senda y Educación.

-En Biobío se habló de una lista de espera de 3 mil menores ¿qué se está haciendo para solucionarlo?

-Cuando se dice que ha aumentado la lista de espera es también que hemos ido sincerando cifras, antes los sistemas informáticos no nos permitían ver bien. Sin perjuicio de eso, reconocemos que hay una lista en que el 50% de esos niños espera 3 meses, entonces es una lista de espera móvil, ya que la de hoy no es igual a la de ayer.

En esta línea, Muñoz detalló que el 2022 no contaba con presupuesto para abordar estas listas presentes en los distintos programas del servicio, por lo que se busca que este año sean aprobados nuevos recursos y aumenten cada año. "Por ejemplo, cuando lancemos el nuevo programa de Diagnóstico Clínico Especializado, Biobío podrá abordar el 100% de los niños que esperan diagnóstico, que es la puerta de entrada al servicio, para que tengan pertinencia del programa al que serán derivados y con un plan de intervención", agregó.

-¿Faltan recursos para avanzar en mejoras?

-Hay un tema de recursos y por eso la Ley de Garantías habla de una implementación progresiva en el tiempo. Pero hay otros temas más estructurales del sistema, con respecto a las residencias, las distintas dificultades que se han planteado desde la comisión, efectivamente el ausentismo es un tema; Biobío tiene 40 reemplazos de trabajadores que se movilizan según el ausentismo en las residencias, eso no es un problema de recursos, tiene que ver con la posibilidad de encontrar a personas dispuestas a trabajar con población adolescente con estas características.

Por el delito de homicidio frustrado de tres carabineros y sustracción de vehículo motorizado fue formalizado un hombre de 35 años que durante el fin de semana intentó atropellar a personal policial en medio de un procedimiento de control vehicular en Cañete.

Así lo indicó el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos, quien detalló que los hechos tuvieron lugar el domingo 16 de abril durante la tarde, cuando carabineros realizaba controles preventivos a vehículos en la ruta P60-S, a la altura del kilómetro 25.

En ese contexto, carabineros visibilizó un vehículo marca Toyota conducido por el imputado haciendo los gestos para que se detuviera. Pese a que el conductor en primera instancia disminuyó la velocidad, repentinamente aceleró el móvil lanzándose contra el lugar en que se encontraban al menos tres carabineros, los cuales esquivaron el vehículo.

"Inclusive uno de los funcionarios policiales hizo uso de su armamento a efecto de disuadir la conducta del conductor, no obstante se da a la fuga", agregó el fiscal.

Tras una persecución, el sujeto logró ser ubicado por carabineros, constatando que el vehículo mantenía solo una de sus placas patentes y mantenía encargo vigente por robo en febrero de este año en Coronel. El fiscal solicitó al juzgado la medida cautelar de prisión preventiva, accediendo al requerimiento.

Tras dos semanas de trabajo, la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Concepción finalizó la primera sesión de 2023 acogiendo 61 de las 239 solicitudes presentadas por internos de los centros penitenciarios de las provincias de Concepción, Arauco y Biobío.

Así se dio lugar a la libertad condicional de 24 de las 85 solicitudes del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Concepción; 2 de las 59 del CCP Biobío; 13 de las 22 del Centro de Educación y Trabajo (CET) Concepción; 3 de las 4 del CET Cañete; 4 de las 14 del Centro de Detención Preventiva (CDP) Mulchén; 6 de las 25 del CDP Yumbel; 7 de las 17 del CDP Arauco y 2 de las 13 del CDP Lebu.

Del total de las solicitudes, en dos se omitió un pronunciamiento de la corte, ya que los postulantes se encontraban ya en libertad al momento de revisar sus situaciones y documentos.

El ministro Mauricio Silva Pizarro, presidente de la comisión, agregó que "estuvimos revisando las postulaciones que se hicieron en este mes de abril, que en total fueron 239, de las cuales se otorgaron el beneficio a 61 postulantes, que equivale al 25,5%".

"Las demás fueron rechazadas por no cumplir los requisitos que establece el decreto ley respectivo que regula esta materia. La comisión se reúne dos veces al año, así que en el mes de octubre volverán a presentarse las postulaciones y eso será revisado nuevamente por la comisión de libertad condicional", agregó Silva.

Cabe recordar que el trabajo de la comisión está regido por ley, permitiendo que postulen al beneficio aquellos internos que hayan cumplido la mitad de la condena y dos tercios en caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal; y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería.

En el trabajo de la comisión de forma semestral durante los últimos tres años se evidencia una disminución en la aprobación de las solicitudes. Mientras en el primer semestre de 2020 se aprobó el 54%; durante los siguientes semestres el porcentaje de aprobación no superó el 27%, llegando hasta un 14% el semestre pasado.