Por Nicolás Álvarez Arrau

La muerte del cabo primero Daniel Palma, carabinero asesinado de un balazo en su cabeza mientras realizaba un control policial, en la comuna Santiago, llevó al Gobierno a anunciar un adelanto en la intervención de 30 comunas del país con mayor cantidad de delitos violentos e índices de criminalidad. La acción se confirmó en el marco del tercer homicidio que enluta a la institución uniformada en menos de un mes, uno de ellos Álex Salazar, quien falleció días después de ser atropellado cuando cumplía labores de fiscalización en el barrio Estación de Concepción.

La idea es que la iniciativa -que concentra un tercio de la población nacional, en donde se experimenta el 50% de los delitos más violentos- inicie en abril a través de un plan piloto en Santiago y luego, en mayo, se replique en las demás ciudades, con la posibilidad de sumar otras. Parte de las medidas buscan reforzar la persecución penal y el trabajo con Fiscalía, incrementar patrullajes y la fiscalización en el tráfico de armas, realizar operativos masivos, destinar más recursos a Carabineros, entre otras.

Si bien el nombre de las comunas se mantiene en reserva para facilitar la implementación del plan, los líderes de las principales urbes del Gran Concepción igualmente salieron al paso. Indican que sí o sí es vital que esta intervención integre más zonas y que se otorguen recursos directos a los municipios para aportar en las tareas de prevención.

Más ciudades y recursos

Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante y presidente de la comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, advierte que las 30 comunas que contempla el plan es un número bajo que no alcanza a completar, siquiera, el 10% de las comunas que hay en todo el país. Por lo mismo, llama a sumar, al menos, al 50% de las ciudades, de tal forma de alcanzar una intervención mayor que impida un eventual desplazamiento de los delitos y la criminalidad una vez que las bandas se sientan "arrinconadas".

"Es urgente también que los municipios tengan más recursos para poder tener más camionetas y motos con balizas, que permitan acompañar más prolongadamente a los vecinos. A eso hay que sumar una ley que posibilite contratar a más funcionarios en materia de seguridad", sostiene Rivas.

Este último punto es respaldado por el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien valoró que se adelante dicha intervención. "A las medidas que sean implementadas, es necesario sumar una fuerte inyección de recursos para otorgar herramientas tácticas y operativas que permitan mejorar el trabajo de las instituciones persecutoras del delito e incrementar significativamente la fiscalización en torno al porte y uso de armas, aspecto que venimos planteando con fuerza desde el año pasado", señala.

En materia de prevención, sostiene que es vital entregar más recursos a los municipios para fortalecer esta área y potenciar la labor de los focos investigativos.

Irresponsabilidad e ideologización

Henry Campos, jefe comunal de Talcahuano, es tajante respecto a la medida anunciada. Cree que si el Gobierno está adelantando el plan es porque tenía las herramientas y el conocimiento de las ciudades más complicadas, lo que a su juicio habla de una "irresponsabilidad". Pese a todo, quiere que el plan funcione, "o estaremos viviendo una situación muy compleja como país en los próximos meses. Espero que tomen en cuenta a las regiones".

En el caso particular de Talcahuano, cuenta que el año pasado contabilizaron nueve homicidios, el 90% ligados a crimen organizado y ajuste de cuentas. "Esperamos que se intervenga la comuna de Talcahuano, porque tenemos focos investigativos liderados por la PDI y Fiscalía que hablan sobre tráfico de armas y uso de armas de alto calibre", recalca, a la vez que insiste en mejorar los mecanismos de prevención a través del trabajo territorial y psicosocial de los municipios, o readecuar los espacios públicos.

Por último, desde Coronel el alcalde Boris Chamorro hace un llamado al Estado en su conjunto para asegurar "el orden y patria". "Eso no es sólo para el Gobierno, sino que también para el Congreso, el Poder Judicial y los partidos políticos, para que de manera conjunta nos dediquemos a trabajar desde lo más profundo del alma de Chile y así devolver la seguridad que anhelamos", puntualiza.

Agrega que lo que se requiere es dejar las ideologías políticas a un lado y ponerse a trabajar de forma seria, de tal manera de devolver a Carabineros sus atribuciones y permitir el resguardo de la ciudadanía.

La noche del jueves se registró un robo en la tienda comercial Falabella ubicada en el Mall del Trébol de Talcahuano. Los antecedentes preliminares apuntan a que los sujetos desconocidos habrían sustraído una gran cantidad de relojes de alta gama, huyendo luego en dirección a Concepción.

Los responsables serían cinco sujetos que llegaron pasadas las 23 horas al centro comercial, allí ingresaron en un vehículo al primer nivel de la tienda, levantando la cortina con una linga para entrar y robar los relojes que se encontraban al interior.

Los sujetos a bordo del mismo vehículo huyeron del lugar en dirección hacia Concepción lanzando miguelitos por la ruta, lo que también provocó que numerosos vehículos que transitaban por el sector tuvieran problemas como neumáticos pinchados.

Las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigaciones Especial (SIP) de Carabineros, lo que considera el levantamiento de evidencias como la revisión de las cámaras de seguridad, al igual que la realización de pericias en el lugar.

Carabineros detuvo a tres personas tras percatarse que utilizaban chalecos balísticos y portaban armas de fuego mientras transitaban por el centro de Concepción y cuya investigación quedó a cargo de Labocar.

El mayor Ricardo Molina, de la Primera Comisaría penquista, detalló que un equipo motorista se encontraba realizando controles vehiculares en la Avenida Paicaví cuando ocurrió la detención.

Uno de los motoristas al fiscalizar al conductor de un vehículo negro "se percató que llevaba puesto un chaleco antibalas, por lo que procedió a fiscalizar a los tres ocupantes, todos adultos, dos hombres y una mujer. A raíz de esa fiscalización se pudieron percatar que dos individuos portaban chalecos antibalas y entre sus vestimentas pistolas 9 mm con gran cantidad de munición, uno de los armamentos portaba 15 tiros y la otra persona contaba con 30 tiros".

En prisión preventiva quedó José Espinoza Monsalve, a quien se le imputan los delitos de secuestro, abuso sexual, amenazas, lesiones y tráfico de drogas, todos ellos ocurridos en la comuna de Yumbel. Allí, la víctima de violencia intrafamiliar, expareja del imputado, logró escapar del domicilio en que se encontraba secuestradas tras denunciar su situación a SernamEG y Carabineros.

El Juzgado de Garantía de Yumbel determinó que el imputado representa un peligro para la sociedad y para la víctima, ordenando su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de la comuna y fijando un plazo de investigación de tres meses.

El fiscal Jorge Sandoval sostuvo que la mañana del domingo 2 de abril de este año la víctima y el imputado llegaron al domicilio de Espinoza Monsalve en el sector Vista Hermosa. El sujeto tras revisar el celular de la víctima descubrió que trabajaba como scort, por lo que comenzó a insultarla, golpearla e intentó estrangularla.

La víctima intentó huir, sin embargo el imputado la alcanzó y la llevó a un sitio eriazo donde la golpeó nuevamente y abusó sexualmente de ella. Luego la llevó de vuelta al inmueble, donde a la mañana siguiente la amenazó de muerte con un arma y ante un nuevo intento de fuga la encerró en la casa.

La mañana del martes 4, el imputado amenazó a la víctima con quemarla, exhibiéndole un desodorante en aerosol y un encendedor. Ese día la joven pudo enviar un mensaje de texto al número de SernamEG indicando su ubicación , lo que permitió luego que Carabineros acudiera y la rescatara, mientras que el sujeto huyó del lugar, escondiéndose en un bosque arriba de un árbol.

Personal de Carabineros logró ubicarlo y detenerlo, así como en el interior de la vivienda pudieron encontrar una bolsa con 347 gramos de marihuana y un arma de fuego sin cargador.

El fiscal indicó que dado que las principales pruebas exhibidas en la formalización estaba el testimonio de la víctima quien resultó con lesiones de gravedad, así como del testigo con el que ella pudo contactarse por teléfono durante el periodo en que estuvo encerrada en el domicilio de su ex pareja.