Por Redacción

En la madrugada de ayer falleció la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares tras recibir un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento en Quilpué, Región de Valparaíso. Se trata de la primera carabinero que fallece en un acto tan violento en la institución, por lo que la conmoción en el mundo político generó varias reacciones que terminaron con la decisión de que el Congreso suspendiera su semana distrital para dedicarla exclusivamente al debate de proyectos de ley sobre seguridad.

Esto fue en la línea de la solicitud que hizo el Presidente Gabriel Boric, quien llamó a la unidad política frente a la crisis de seguridad. Hay que destacar que en el crimen están involucradas entre cinco y ocho personas, pero sólo dos fueron detenidas. Uno de ellos es un hombre que se fugó de la cárcel de Valparaíso en 2021.

"Dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la sargento (...) les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia. Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter ", antes de volver al país tras la Cumbre Iberoamericana, en República Dominicana.

Horas más tarde, afirmó que "quiero invitar a todos quienes están en política, de todos los sectores, a que no hagan de estas tragedias motivos de trincheras o peleas chicas", porque "acá la pelea no es contra el Gobierno, ni contra los alcaldes, ni contra un parlamentario ni contra nadie que esté por acabar con la delincuencia. La pelea es contra los delincuentes". Agregó que "los Carabineros de Chile tienen nuestro respaldo para, dentro del Estado de Derecho, defenderse de estos ataques".

Respecto a la agenda legislativa, la vicepresidenta Carolina Tohá dijo que es necesario agilizar "los esfuerzos que estamos llevando adelante y convengamos un calendario que permita despachar con mayor velocidad la dimensión legislativa de nuestros compromisos".

Acusación constitucional

Ayer se escucharon varias críticas , pero fue la diputada RN Camila Flores, quien dio un paso más allá al apuntar que el Gobierno ha dado señales de "complicidad con los delincuentes", por lo cual "voy a proponer a la oposición acusar constitucionalmente a la ministra del Interior por faltas graves" contra la "Constitución y las leyes, dejando en total desprotección y vulnerabilidad a Carabineros". No obstante, el general director de la institución, Ricardo Yáñez, aseguró que "tenemos absolutamente el respaldo del Gobierno", y que "nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento y materiales para poder ejercer nuestra labor policial".

Críticas

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli), dijo que "aquellos que celebraban con el (perro) Matapacos, que básicamente en medio del estallido social le quitaron el piso a Carabineros, y desgraciadamente muchos de ellos están gobernando, le deben pedir perdón a Chile". Además, anunció que hoy se reunirá con Tohá y el director de Gendarmería. Su par en la Cámara, Felipe Alessandri (RN) agregó que el Gobierno no le ha puesto urgencia a ningún proyecto del área, tampoco a la Ley Naín, que endurece las penas contra ataques a Carabineros, PDI y Gendarmería.

El líder de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), aseguró que había una disposición transversal a dedicar esta semana a avanzar en estos temas, mientras que el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, indicó que "no tiene sentido que el Gobierno siga discutiendo en materia tributaria y de pensiones si no avanzamos en esta materia" de seguridad.

El Presidente Gabriel Boric regresó ayer de la Cumbre Iberoamericana realizada en Santo Domingo, donde criticó al Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega; tuvo un extenso diálogo con su homólogo boliviano, Luis Arce, que reiteró la demanda marítima del país altiplánico; así como con el Mandatario argentino, Alberto Fernández, quien cuestionó a la justicia chilena por el proceso contra el excandidato Marco Enríquez-Ominami (ME-O) por el caso SQM.

En su alocución ante los representantes de 22 países, condenó que Ortega quitara la nacionalidad nicaragüense a cerca de 300 opositores, entre ellos la escritora Gioconda Belli, quien ahora es chilena: "Ortega pareciera no saber que la patria se lleva en el alma y en la sangre y no se quita por decreto".

El canciller de aquel país, Denis Moncada, respondió que el Presidente "no debe utilizar a Nicaragua como plataforma para demostrar su traición al pueblo chileno y su entrega al imperio norteamericano y sus aliados".

Boric respondió que "un par de veces creo que he recurrido a (el poeta Vicente) Huidobro para responder este tipo de ataques: 'el adjetivo cuando no da vida, mata', y creo que esta verborrea, que no se traduce en respeto por el propio pueblo, finalmente no construye nada", por lo tanto, "los principios y convicciones de la democracia y el respeto a los derechos humanos, cuando uno los defiende sin doble estándar, no es susceptible de ser acusado de traición, sino que creo de consecuencia, y es la línea que por lo menos desde Chile vamos a seguir".

Arce, en tanto, reivindicó la causa marítima de Bolivia contra Chile apenas llegó al encuentro, tema que fue evitado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. Ayer el Presidente dijo que "no me cabe duda, como lo hemos reiterado, que con Bolivia más allá de ese tema puntual donde tenemos una diferencia irreductible, porque Chile no negocia su soberanía, tenemos muchos otros puntos en común en los cuales avanzar".

"El Presidente Arce no puso condiciones para esto", sostuvo el Jefe de Estado en referencia a otro foco de tensión: el retorno de los migrantes que ingresan por el altiplano a la Macrozona Norte, ya que el país vecino, de acuerdo a los tratados, no está obligado a recibirlos.

"Yo diría que avanzamos sustantivamente y conversamos la disposición para tener un trabajo conjunto" en la materia, agregó Boric, además de "la posibilidad de realizar patrullajes conjuntos en la frontera norte, lo que se va a tratar más en detalle a nivel de cancilleres".

A esto se sumó que el Presidente argentino criticó el proceso judicial contra ME-O por SQM y, al cierre de la cumbre, dijo "esto no es contra Chile y mucho menos contra el Gobierno", sino que "estoy opinando sobre los derechos vulnerados de una persona".

Boric ayer indicó que "le he reiterado al Presidente Fernández que nosotros, tal como respetamos las instituciones de nuestros países hermanos, exigimos respeto también por las nuestras y yo confío en la integridad de la justicia chilena".

El martes 21 de marzo alrededor de 15 establecimientos educacionales y un par de universidades ubicadas en Playa Ancha (Valparaíso) decidieron suspender sus clases como medida de protección a sus comunidades ante los riesgos que implicaba el desarrollo de un funeral de una persona vinculada a las mafias de narcotraficantes que están presente en Valparaíso y otras ciudades de Chile.

El gran tema de discusión que se produjo luego de este episodio no fue la ocurrencia y preocupante normalización de este tipo de hechos en Chile (lo que demuestra como el Estado se encuentra cada vez más paralizado para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia) sino que la procedencia o no de la suspensión de clases por parte de las autoridades de los colegios y universidades. En este orden de cosas, el Subsecretario Monsalve declaró enfáticamente que esta suspensión "no fue una buena decisión" ya que se trataba de un "funeral de mediano riesgo". Tras los dichos de Monsalve es necesario plantearse legítimas dudas respecto de la actuación del Gobierno frente a un evento del que se tenían suficientes antecedentes para coordinar adecuadamente los pasos a seguir en materia de seguridad y desarrollo de las actividades estudiantiles (balaceras, fuegos artificiales, un recorrido del cortejo conocido públicamente, etc.). ¿Estaban en conocimiento las autoridades de los planteles educativos que se trataba de un funeral de "mediano riesgo" ?, ¿se les hizo llegar esta información que claramente manejaba el Subsecretario? Por otro lado, también es válido preguntarse: ¿los directores de colegios están facultados para determinar si un funeral narco es de "bajo", "mediano" o "alto" riesgo, para de esta forma tomar una, parafraseando al Subsecretario Monsalve, "buena decisión"?

Lo acontecido el martes en Valparaíso evidencia la incapacidad del Gobierno (y del Estado en general) de cumplir adecuadamente su rol de dar protección a la población, falta de coordinación entre sus personeros y lo que es más grave, una especie de resignación frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado (la calificación de la suspensión de clases como una medida viable por parte del Ministro de Educación, las declaraciones de Monsalve indicando la "mediana gravedad" del funeral narco así lo demuestran). También, se vuelve a evidenciar una práctica muy arraigada en la actual Administración: externalizar las responsabilidades evitando cualquier autocrítica por sus deficiencias e incapacidades.

Es muy preocupante pensar en el futuro de Chile cuando al parecer día a día vamos involucionando en nuestro desarrollo y en donde, en diversos escenarios y contextos, los límites de lo permitido y lo prohibido ya no lo coloca el derecho sino grupos violentos que actúan al margen de la ley, con la tolerancia del Estado y de quienes nos deben proteger.

Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Facultad de Derecho, UNAB