La implementación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas se llevará a cabo de manera gradual en un horizonte de 5 años. Para las empresas este nuevo escenario involucra sortear importantes desafíos como la adaptación de los horarios de trabajo con alcances en la planificación y la gestión de recursos humanos. Esto, pues podrían enfrentar un incremento en los costos laborales al verse obligados a contratar más trabajadores para cumplir con niveles de producción actuales. Por otro lado, el reto por parte de las organizaciones que operan con sistemas de turnos la nueva ley implica la necesidad de planificar y gestionar de manera más eficiente los descansos y la rotación de los trabajadores.

En resumen, las empresas deberán adaptarse a la nueva ley laboral y gestionar de manera eficiente los cambios que implica, lo que podría requerir una inversión en tiempo y recursos para asegurar el cumplimiento de la normativa y garantizar un ambiente de trabajo saludable y productivo para sus empleados.

La reducción de la jornada laboral no es una medida nueva y ha sido implementada en varios países en diferentes momentos de su historia. Es importante ver la experiencia de países desarrollados en esta materia. El 2000, por ejemplo, Francia redujo la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales. Los resultados de esta medida fueron variados, pero en general se observó una reducción del estrés laboral y un aumento de la calidad de vida de los trabajadores, así como un aumento en la contratación de personal y una disminución del desempleo.

Otro caso es Alemania, que en 1995 implementó una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en algunas industrias. El alcance de este cambio incluyó una reducción del ausentismo laboral, una disminución en los niveles de estrés y una mejora en la satisfacción de las personas.

Suecia, en la década de 1980, disminuyó la jornada laboral a 35 horas semanales en algunas industrias, lo que impactó en una mejora en la productividad y una disminución del ausentismo laboral, así como un aumento en la satisfacción y la motivación de los trabajadores. Nueva Zelanda, que en 1990 redujo la jornada laboral a 40 horas semanales, logró una mejora en la salud mental y física de los trabajadores, así como una reducción en los niveles de estrés y una mejora en la conciliación entre la vida laboral y familiar.

En resumen, la reducción de la jornada laboral ha sido implementada en varios países con impacto positivo en términos de mejora de la calidad de vida de los trabajadores, la productividad y la satisfacción laboral. Sin embargo, cada país y cada industria es diferente, por lo que los resultados pueden variar en función de las circunstancias específicas de cada caso.

Chile, en su realidad, su contexto, aspira a obtener resultados positivos también. He de esperar que nuestras empresas y nuestros trabajadores obtengan los beneficios proyectados en este nuevo escenario sin duda desafiante para los ejecutivos, con entornos tan dinámicos y plazo tan acotado. Se trata de un momento esperanzador para los trabajadores en búsqueda de mejorar su calidad de vida.

Chile peligra por falta de agua. Nuestro país atraviesa la sequía más larga de la región en al menos mil años, según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado del clima en América Latina. A ello se suma, que hemos tenido 13 años de escasas lluvias, situándonos a la cabeza de la crisis hídrica a nivel global. Una dramática realidad que ha provocado el derretimiento acelerado de los glaciares, aumento del nivel del mar e incendios forestales devastadores. Esta tragedia se profundiza con las graves consecuencias para los ecosistemas, la biodiversidad, la salud y la subsistencia de cientos de millones de personas alrededor del mundo que simplemente dejan de tener acceso al agua para vivir.

Según el Banco Mundial, cerca de 2.000 millones de personas en el planeta no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura, 3.600 millones no cuentan con servicios de saneamiento seguros y 2.300 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. De hecho, una de cada tres personas no cuenta con agua potable salubre y dos de cada cinco personas, no disponen de algo tan necesario como una instalación simple, destinada a lavarse las manos con agua y jabón, y se prevé que la demanda de agua aumente hasta un 30 % para 2050.

Este crítico escenario implica desafíos en materia de gobernanza, regulación y gestión del agua para cuidar hasta la última gota ya sea en el uso doméstico, industrial y de riego. Debemos con urgencia y en conjunto, desarrollar técnicas sostenibles que conlleven a preservar, proteger, reducir, mantener y ahorrar el agua para las futuras generaciones.

El ODS6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Así, este año en la Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, se instalarán los compromisos urgentes en la denominada Agenda de Acción del Agua, un plan rápido y transformador en el que todos deben ser conscientes, la que estará reflejada en acciones individuales y por supuesto, colectivas. En Chile, de acuerdo con la normativa vigente, tanto en el Código de Aguas como en la Ley Marco de Cambio Climático, se establece la implementación de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en todas las cuencas, con estándares compatibles con las metas del ODS6, pero debemos acelerar el tranco. Optimizar el uso del agua a través de mejoras en la planificación y los incentivos, ayudará a mejorar el bienestar y aumentará el crecimiento económico, fundamentales para el desarrollo de los países y de las personas.

El enorme desafío consiste en dar prioridad a la búsqueda de soluciones alternativas reales y al alcance de todos, de manera de contar con suficiente agua para nuestras necesidades.

Esto implica mejorar la planificación a largo plazo; aplicar una gestión eficiente, capaz de garantizarla, además de establecer sinergias entre el mundo público y privado, junto a la sociedad civil para, y -como lo ha señalado las Naciones Unidas-, "Acelerar el cambio". Es urgente repensar los modelos operacionales y regulatorios y concretar proyectos de infraestructura e innovación para combatir con sentido de urgencia la falta de agua, elemento vital para la vida humana.

Imagina que abres una ventana y ves diferentes texturas, colores y formas. Escuchas diversos sonidos, y el aire es prístino. Te sientes feliz, porque tu entorno está lleno de vida y de abundancia natural. Pero, de un momento a otro y por efecto del fuego, esta imagen cambia. Tu entorno está devastado.

Es la situación que aún viven las familias afectadas por los incendios de Biobío y Ñuble durante febrero pasado, y que lamentablemente, no es una historia nueva. Lo vivieron en 2012, cuando se quemaron 26 mil hectáreas en Quillón; en 2017 con los incendios que devastaron 30 mil hectáreas en Florida; y este 2023 en las comunas de Santa Juana, Nacimiento y Tomé, principalmente. Cada año, los incendios se transforman en una amenaza latente para las personas que residen en las zonas rurales, sobre todo para los sectores campesinos, y especialmente, para las mujeres.

Si bien se tiende a romantizar la vida en el campo, la realidad es que, dependiendo de las condiciones socioeconómicas, la vida de las mujeres campesinas está muy lejos de esta idea: trabajan arduamente labrando la tierra, sembrando, en el mantenimiento de los cultivos, cosechando, en el cuidado de los animales, en el cuidado de otras personas de la familia, y en tareas domésticas.

En medio de esas labores, las mujeres campesinas forjan una profunda conexión con la tierra, a través de huertas y jardines, fuente inagotable de conexiones donde se produce la regeneración y el encuentro de las mujeres con la vida. Pero, hoy aquellos espacios no existen. El fuego se los arrebató. Y el impacto en sus vidas es profundo y multidimensional.

Se afecta su salud mental producto de la experiencia traumática, además de la pérdida de sus casas, entornos y vínculos. La ONU Mujeres señala que las mujeres campesinas sufren de manera desproporcionada las múltiples dimensiones de la pobreza y la exclusión; aspectos que se agravan en territorios arrasados por el fuego. Las investigaciones señalan que se incrementan los estados de ansiedad, depresión, angustia, aumento en los niveles de estrés postraumáticos y de amenaza percibida. El efecto de observar el paisaje devastado, donde las cenizas reemplazaron a la vida, es un atentando al propósito y esfuerzo de la vida de muchas mujeres rurales.

Por eso, reconstruir y regenerar el entorno campesino resulta un imperativo ético tras el daño que causaron los incendios. En Fundación Trabajo Para un Hermano, en unidad con organizaciones como Cetsur, Peuma Florida y Codeff, levantamos la campaña "Huertas Para El Alma", esfuerzo solidario que busca recolectar semillas agroecológicas, especies frutales, ornamentales, medicinales y productivas, además de productos de origen natural, para que cada mujer pueda rearmar sus huertas y jardines perdidos.

En esos espacios, con tesón y esfuerzo, las mujeres rurales generan alimento, medicina y belleza; cultivando en intimidad el contacto con las plantas y saberes ancestrales. Muchas mujeres también desarrollan huertas productivas, de hortalizas, flores, y otros productos, que comercializan en mercados locales, transformándose en el sustento del hogar.

Y la reflexión de fondo es simple: el camino de la reconstrucción no solo implica clavos, martillos y madera, sino también una reconstrucción emocional que devuelva con esperanza el sentido de vida trastocado por la tragedia, y que permita volver a observar un espacio de tierra fértil donde las raíces se asienten, perseverantes, nuevamente. Lugares donde las mujeres puedan refugiarse, y donde la cultura viva campesina pueda habitar.

Tenemos que apurarnos en reconstruir las huertas, regenerar los suelos, los bosques con semillas y plantas, para devolver la esperanza que la vida traerá más vida a los campos arrasados.