Por Estefany Cisternas Bastías

Bernarda Cid y su hijo trans de 14 años viven en Los Ángeles y por al menos dos años han intentado buscar apoyo y orientación especializada en los centros de salud de su comuna, la que ha resultado infructuosa. Para ella, como a muchas personas trans y sus familias, le es difícil encontrar el tratamiento necesario junto con una atención digna en el área.

"Ya debería estar todo más preparado, con ayuda psicológica para los que pasan por esto y sus familias, para todos es un proceso complejo y el sistema de salud no apoya. Como mamá lo he apoyado harto, pero es otra ayuda la que nos ha costado encontrar. Todo es muy lento y engorroso", explicó Bernarda Cid.

Una organización regional que acompaña a familias en esta situación es Fuvadi (Fundación Vanguardista Divergente), quienes manifiestan que la falta de recursos retrasa las transiciones de las personas. Les es difícil conseguir horas de atención y las particulares están fuera del alcance por sus valores.

Gustavo Helmo, coordinador del Área Trans de Fuvadi, indicó que los hospitales "muchas veces no tienen la preparación para guiarnos como corresponde, lo difícil es conseguir los tratamientos hormonales que corresponden a cada caso por sus precios y porque no se encuentran en cualquier farmacia".

Dentro de aquellos centros que cuentan con atención focalizada, destaca el Hospital Las Higueras de Talcahuano, ya que tiene un policlínico específicamente para personas trans, mientras que en el resto de la región se está trabajando para obtenerlos.

La socia fundadora y abogada de Fuvadi, Paola Laporte, reconoció que para llegar a esta meta "es importante implementar una institucionalidad antidiscriminación en el país, que sea una política de Estado, con los recursos asegurados, cuyos avances no dependan de los gobiernos de turno".

En la actualidad, el Ministerio de Salud y diversas organizaciones de diversidad trabajan para que personas trans puedan acceder sin discriminación a la atención especializada en centros de salud del país, pero es algo aún sin concretar a pesar de la alta demanda.

Aseguran que se necesita mayor preparación y recursos, especialmente en sectores más alejados de las ciudades. Si bien los hospitales cuentan con endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras, cirujanos, urólogos y ginecólogos, no todos tienen la preparación especializada y las herramientas, e incluso la voluntad para trabajar con personas trans.

Gustavo Helmo pasó por muchas dificultades en el sistema de salud hasta ser atendido, principalmente, tuvo que enfrentar largas listas de espera que perjudicaron su tratamiento. "Pasan años para tener nuestras cirugías, generando inseguridades y poniendo en riesgo nuestra integridad", relató Helmo y agregó que debió "esperar dos años para hacer mi histerectomía en salud pública, y pagar casi $4 millones de forma particular para realizar mi mastectomía bilateral".

Asimismo, sostiene que se requiere incorporar educación en la salud, ya que aún se identifican actos discriminatorios al no respetar sus nombres sociales o al tratar a las personas por el género que no les representa.

Esta es una batalla difícil de ganar sin la especialización, porque como contó Cid, las personas trans "pierden su capacidad de ser autónomos, de sentirse ellos mismos, de estar contentos con su cuerpo y su mente, porque la sociedad no se los deja".

"Muchas veces creen que esto es una moda y la pregunta es ¿quién es capaz de mutilar su cuerpo por capricho? Soportamos cirugías dolorosas para poder ser quienes queremos y sentimos ser, aún al no contar con la ayuda médica que es primordial para comenzar este proceso que llena de alegría a quienes hemos vivido tanto tiempo encerrados en un cuerpo, que sentimos, no nos pertenece", finaliza Helmo.

4 millones de pesos es el mínimo para optar a una cirugía particular, sin contar las atenciones y medicamentos para el tratamiento.

Hasta la Corte de Apelaciones de Concepción llegó el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, para presentar un recurso de protección en contra de la empresa Enap por los hechos de malos olores que se registraron en su comuna el pasado viernes de 10 marzo.

El jefe comunal indicó que a raíz de ese evento "nos hizo suspender clases de los establecimientos educacionales, donde más de mil personas se vieron afectadas, que solamente pertenecen al sistema educacional nuestro, más de 28 personas acudieron a nuestros centros de salud con intoxicaciones y un sinfín de otros malestares".

Lo que están solicitando, en palabras del alcalde, es "saber qué es lo que estamos respirando. Hemos solicitado con este recurso que se puedan ampliar las estaciones de monitoreo, que se puedan paralizar algunas estaciones de producción de Enap que son críticas, como la antorcha por la cual fueron multados y otras estaciones".

Además, se suma la ampliación de estaciones de monitoreo. Actualmente la comuna solo cuenta con una, que está ubicada en un jardín infantil.

Fernando Cortés, asesor jurídico de la Dirección de Medioambiente del municipio, especificó que "lo que solicitamos, básicamente, es que se aplique el Convenio de Escazú, que tiene relación con el acceso a la información ambiental, el artículo quinto del mismo así lo señala y que también tengamos la capacidad de poder conocer qué contaminantes son los que estamos respirando(...) Tenemos casos de niños de 6 a 9 años que fueron afectados, eso es muy relevante porque estamos hablando de una empresa del Estado de Chile".

El abogado aclaró que se concurrió a la presentación del recurso con pruebas como el diagnóstico de salud, el certificado de Bomberos y los propios comunicados emanados desde Enap ante los episodios.

El alcalde Rivera comentó que "llevamos más de 60 años sufriendo por un sinfín de condiciones, esta semestre Enap -de verdad- ha tenido una cantidad de eventos impresionante, no es la primera vez que nos vemos obligados a suspender clases, pero esto ya raya en lo máximo".

Por este hecho, la Seremi de Salud inició un sumario sanitario a la empreas. La compañía informó la emanación de malos olores se produjo debido a una falla operacional que consistió -principalmente- en el calentamiento de un estanque que contenía combustible, lo que generó emisiones tóxicas.

El Hospital Guillermo Grant Benavente logró la reacreditación en calidad y seguridad del paciente para el periodo 2023-2026, cumpliendo con los estándares exigidos por la Superintendencia de Salud.

El director del Hospital Regional, Claudio Baeza, indicó que "esta reacreditación es tremendamente importante porque demuestra que en este hospital existe una cultura y seguridad en las atenciones que brindamos a nuestros usuarios, luego de un proceso intenso de revisión de casi tres años, comprobamos que hoy se trabaja con la máxima eficacia y eficiencia".

En tanto la jefa de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente, Claudia Muñoz, dijo que "estamos muy contentos porque de las 89 características aprobadas, logramos cumplir con 69 de ellas en un 100%, siendo este resultado un gran avance en relación a la última vez, cuando fuimos acreditados en 2017".

Asimismo, agregó que "antes detectábamos los problemas cuando ya estaban instalados, en cambio hoy prevenimos, nos anticipamos. Estamos mirándonos y evaluándonos constantemente, detectando situaciones de riesgo en las que podemos actuar, pero sin duda, nos falta mucho, esto es mejora continua, seguir avanzando".

El director del establecimiento reiteró que "este es un enorme esfuerzo del equipo que lidera los procesos de acreditación y evaluación, además de la labor de todos los funcionarios del hospital, desde el guardia, los Tens, personal clínico y de unidades asesoras, médicos y diversos especialistas. Agradezco el enorme compromiso y trabajo de los funcionarios que se demuestra en este tipo de acreditaciones, en este proceso que fue muy exigente y con el cual pudimos cumplir y salir adelante".