Por Francisca Pacheco Pérez

Preocupación sienten los viñateros del Itata, que junto a otros miembros del gremio a nivel nacional, llevan años denunciando la falta de regulación en el mercado vitivinícola. En época de vendimia, acusan que los grandes poderes compradores no han establecido precios de referencia para la uva, y lo que reciben por ella tampoco reflejaría los precios de exportación.

Seferina Riquelme, presidenta de la asociación gremial Viñateras Bravas y dirigente hace 43 años, puntualizó que las acciones del Gobierno no se condicen con lo prometido durante la campaña, para el sector. "Hasta la fecha, ni siquiera Odepa (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) ha publicado los precios. Mucha gente está vendimiando a ciegas" dijo.

Ante la incertidumbre por la falta de respuestas concretas, anunciaron su visita al Palacio de La Moneda durante las próximas semanas, tras cumplirse casi un año desde que enviaron una carta al Presidente, firmada por gremios parlamentarios de Ñuble, Biobío, Maule, alcaldes del Itata y otras autoridades, a través del Ministro de Agricultura, en el marco de su visita a Quillón y Quirihue el 26 de marzo del año pasado, donde además se habría comprometido a evaluar la situación.

No obstante, la coordinadora de la Coalición Nacional de Viñateros, Yenis Llanos, afirmó que al consultar vía transparencia no existían antecedentes de la carta, por lo que acudieron presencialmente a La Moneda a entregarla durante noviembre pasado.

Ahora, exigirán una instancia de diálogo con el Presidente Gabriel Boric y "una respuesta concreta y con fundamentos técnicos", indicó la coordinadora, pues si bien algunas autoridades se han pronunciado al respecto, los miembros del gremio acusan que no se les ha dado un motivo preciso por el cuál podría implementarse o no una Cotrisa del vino.

Modelo de la Cotrisa

La propuesta nace a raíz de la Comercializadora de Trigo S.A (Cotrisa), empresa estatal que, según explicó la coordinadora, "surgió para corregir distorsiones y asimetrías estructurales, porque el mercado del trigo también está altamente concentrado y manejado por un par de molinos".

La creación de este organismo tendría por eje principal la inyección de competencia en la industria, con el fin de equilibrar los precios según las exigencias del mercado y así generar una mayor transparencia, pues según denuncia Yenis Llanos, "de nuestras organizaciones, que son miles, no hay productores que tengan un contrato con algún precio. Los contratos eran con precio a fijar".

Asimismo, sostuvo que "el 2019, el vino de cepa francesa llegó a 240 pesos el litro, y en consideración que el costo de ese vino era de 470, es decir, la mitad de vino iba regalado. Los precios de exportación promedio de ese mismo vino eran de 700", y aseveró que, a raíz de los bajos precios que impiden cubrir los gastos económicos que demanda el rubro, de los 17 mil viñateros que había en 2007, la cifra se ha reducido un 30% hasta la fecha, y que "cada año salen más del mercado, porque no pueden costear sus necesidades".

Gobierno

Por otra parte, la Fiscalía Nacional Económica, a raíz de una denuncia de asociaciones gremiales del Biobío, Maule, Ñuble y O'Higgins contra las principales agroindustriales durante 2018 y que fue resuelta en diciembre de 2022, constató, mediante un informe, que no se ha aplicado la normativa que obliga a publicar precios de referencia para los compradores, impactando negativamente en la libre competencia.

Además, evidenció una falta de regulación sobre el valor de la calidad de la uva, lo que permitiría a los poderes compradores determinar estándares subjetivos. Por ello, recomendó al Ministerio de Agricultura mejorar la regulación en la materia, derogando toda norma contraria al resguardo de la libre competencia, y que los controles de calidad sean ejecutados por un tercero independiente.

Si bien ninguna autoridad se refirió específicamente al tema, desde la seremi de Agricultura del Biobío señalaron que, mediante la mesa regional de la uva y el vino, se trabaja "para ver sus necesidades y ayudarlos para reactivar la producción a nivel regional", y disponen de programas como "Acelera", que apuntan a que "pequeñas y medianas empresas de la Región accedan a oportunidades de negocios para integrarlas a la red de fomento productivo, entregarles asesoría empresarial mediante talleres, acompañamiento técnico y apoyo en planes de negocios".

La exigencia de una Cotrisa del vino nace a raíz de cómo se solucionó la misma problemática pero en el sector del trigo.

Producto de la sequía del 2022, fueron 110 los apicultores entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía que sufrieron mermas en el trabajo de sus colmenas y que se adjudicaron indemnizaciones r por un total de $225 millones 705 mil gracias al Seguro Apícola. En la Región del Biobío fueron 25 los beneficiados.

Santiago Rojas, director de Indap, indicó que "el cambio climático ya no es una emergencia, es la nueva normalidad a la que tenemos que adaptarnos. Van a haber menos precipitaciones en la zona central, va a haber más temperatura y, por lo mismo, tenemos que reducir ese riesgo y para eso son muy importantes los seguros".

El director ejecutivo de Agroseguros, Alberto Niño de Zepeda, en tanto, destacó las ventajas de contratar oportunamente este seguro que cuenta con subsidio estatal de esa entidad e Indap. "Resulta un instrumento muy atractivo que cubre las necesidades de los pequeños y medianos apicultores desde la región de Coquimbo hasta Los Lagos y cuenta con una muy buena aceptación por parte de ellos. Aunque sus costos dependen de la ubicación del apiario y el número de colmenas, la parte no subsidiada por el Estado que deben pagar es muy baja", apuntó.

El Seguro Apícola es parte del set de Seguros Agropecuarios que el Ministerio de Agricultura, a través de Indap, pone a disposición de los usuarios de este servicio para que se protejan frente a eventos climáticos adversos y muerte animal. Subsidia hasta el 95% del costo de la prima neta no subsidiada por Agroseguros.

Actualmente, Chile se encuentra en un proceso de transición energética donde acciones y actores ayudan al cumplimiento de los diferentes propósitos y pilares planteados en la política energética nacional.

Nuestra matriz energética ha tenido enormes cambios en los últimos 40 años por diversos factores (climáticos, económicos y medio ambientales), donde se han introducido y establecido los conceptos de eficiencia energética, gestión de la energía, almacenamiento e impacto medioambiental. Una acción a destacar es la ley de cambio climático, que tiene la meta de carbono neutralidad para el 2050 en nuestro país.

Es aquí donde la electromovilidad juega un rol clave para lograr este objetivo, dado que en 2021 el sector transporte fue uno de los de mayor consumo energético en nuestro país, con un 35%, donde el transporte terrestre corresponde al 83%. Los combustibles fósiles son los que utilizan mayoritariamente como energía primaria en este sector, siendo responsables del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En el caso de países como el nuestro, que son importadores de combustibles fósiles, pero tienen superávit en fuentes energéticas renovables, la electromovilidad permite: disminuir la emisión GEI y material particulado en ciudades, e independizarse de la importación de combustibles contaminantes, que además tienen un mercado controlado por un oligopolio y son estratégicos económica y geopolíticamente, entre otras ventajas.

A pesar del excelente escenario energético que tenemos para potenciar la electromovilidad en Chile, la hoja de ruta entregada por la Estrategia Nacional de Electromovilidad no aborda las siguientes brechas: las particularidades económicas-productivas de las regiones y sus ciudades; las proyecciones de penetración de los vehículos eléctricos y cómo estos afectarán la demanda eléctrica; el criterio de instalación de la infraestructura de carga y almacenamiento; la gestión de la energía eléctrica; y, finalmente, la generación de personal calificado mantenedor de vehículos eléctricos según la zona del país.

Es así como la UCSC, a través de los académicos y estudiantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica se encuentran trabajando para aportar en la disminución de las brechas señaladas, mediante diferentes proyectos que cuentan con el patrocinio y financiamiento de los Gobiernos Regionales del Biobío y Ñuble, y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, como también de la misma Institución. Estos proyectos abordan temas transversales, tales como la generación de la hoja de ruta necesaria para la implementación de la electromovilidad en Ñuble, la implementación de una planta de producción de Hidrogeno Verde en la UCSC para utilizar este vector energético en vehículos eléctricos y el estudio del uso de baterías de segundo ciclo en sistemas de respaldo.

Desde la academia, la UCSC aporta con la formación de capital humano avanzado con sus programas de Magíster en Sistemas Energéticos y Doctorado en Ingeniería. Además, contamos con una oferta en formación continua mediante el diplomado en proyectos de energía sustentable y próximamente abriremos el Diplomado en Electromovilidad.

La electromovilidad es parte fundamental de las diferentes acciones que se han realizado para el logro de la transición energética y para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país.

Dr. Eduardo Espinosa

Jefe Magíster en Sistemas Energéticos UCSC