Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl

Hace muy pocos días, el 8 de marzo pasado, el Servicio Electoral (Servel) dio por iniciado el primer período de propaganda electoral de los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional, órgano encargado de discutir y aprobar la propuesta de nueva Constitución. La elección está programada para el 7 de mayo y se espera que la instalación de sus 50 miembros -todos elegidos por voto popular obligatorio- se concrete un mes después. Estas personas, de las cuales tres provendrán de la Región del Biobío, tendrán también la misión de reencantar a la ciudadanía en materia constitucional, la misma que mostró un rechazo rotundo al documento elaborado por la Convención Constitucional en el primer proceso. Para ello será necesario converger de una manera adecuada con la labor que puedan lograr la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad ya instalados.

En lo que respecta a la elección, la zona cuenta con 20 cartas repartidas en cinco listas: Unidad para Chile (PC, RD, PL y FRVS), Todo por Chile (DC, PPD y PR), Chile Seguro (UDI y RN), Partido Republicano y Partido de la Gente. Dentro del grupo de candidatos hay figuras con una amplia trayectoria política en Biobío y otras más desconocidas, varias sin tanta experiencia en dicho mundo. También hay activistas, dirigentes y docentes, así como hombres y mujeres que han cumplido roles en empresas, municipios y servicios públicos locales. Son figuras, en su mayoría, emergentes y que se han desempeñado a nivel partidario y de asesores de parlamentarios, convencionales o autoridades de gobierno.

Si bien la gama es amplia, parece haber un consenso respecto a los grandes asuntos que aspiran a desarrollar en el Consejo en caso de ser electos, según plantean los interesados. En conversación con EL SUR, cinco candidatos y representantes de cada una de las listas exponen los ejes principales de campaña, marcando así la ruta del trabajo que buscan desempeñar en esta instancia que, independiente del resultado, regirá los destinos del país. Las eventuales modificaciones respecto al anteproyecto que prepara la Comisión Experta igual es un punto que miran con atención.

Seguridad como primer foco

Seguridad y orden público. Más allá del color político, estos son los conceptos que más se repiten a la hora de hablar de las prioridades. De acuerdo al exintendente regional Jorge Ulloa (UDI), la materia en cuestión resulta clave para fortalecer la democracia en Chile, y no sólo desde el punto de vista de la seguridad frente a la delincuencia, el narcotráfico o el terrorismo, sino que también de la seguridad en lo que concierne al derecho de propiedad o al resguardo de las policías. Es decir, seguridad en todo sentido.

"Hoy tenemos un sistema garantista con los delincuentes, pero que no le entrega garantía a las víctimas. Como partido hemos planteado desde hace largo tiempo la defensa de las víctimas y, en ese sentido, vamos a establecer, ojalá, que a nivel constitucional exista el debido proceso para las víctimas. Mi impresión es que desde el punto de vista de lo macro lo que requiere Chile es estabilidad, y eso necesita absolutamente seguridad", sostiene el candidato.

Aldo Sanhueza, uno de los representantes del Partido Republicano en esta elección, cree que la Carta Magna debe configurar tres aspectos: la garantía del orden público, a fin de otorgar herramientas efectivas a la autoridad para combatir la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico, un estatuto de especial protección a la legítima defensa, "en donde las personas en caso de ser víctimas de delitos podrán adoptar las medidas necesarias para resguardar su integridad personal y la de sus familias", y un estatuto de resguardo jurídico para las policías que velan por el orden público.

"Necesitamos policías empoderadas y no con temor a represalias por utilizar sus armas de servicio cuando sea necesario", insiste Sanhueza.

Desde la otra vereda, la activista feminista Paloma Zúñiga (RD) reconoce la importancia de desarrollar el concepto de seguridad en el documento, pero con un especial foco en la prevención y reinserción. La idea es configurar una política nacional de prevención, lo que debiese ir a la par de una política de reinserción, "porque hoy las comunidades religiosas son las únicas que se hacen cargo de este último tema". Agrega que tiene que existir un castigo tras cometer un delito, "pero nos importa que esa persona se vuelva a reintegrar a la sociedad para ser un aporte".

Vivienda y descentralización

Otro de los grandes temas mencionados por los aspirantes tiene que ver con la vivienda. En el caso de la DC Nataly Neira, la prioridad pasa por plasmar herramientas que a la postre permitan generar políticas públicas efectivas, es decir, que posibiliten a las personas contar con viviendas dignas, de calidad y oportunas, "ya que no puede ser que comités de vivienda esperen más de 10 años para la construcción de sus casas".

Desde Unidad para Chile coinciden. Sostienen que el acceso a la vivienda debe ir más allá de sólo las familias vulnerables y que el Estado tiene que enfocarse en las nuevas generaciones de familias que en estos momentos ya tienen problemas para encontrar una solución habitacional. Dado que se trata de un problema transversal, buscarán que el acceso a la vivienda esté garantizado en la nueva Constitución, sobre todo en los aspectos asociados a la propiedad y calidad.

Paloma Zúñiga agrega que es relevante, además, volver a conversar sobre equidad social y descentralización, entendiendo que hoy Chile sigue siendo una nación fuertemente centralizada. A su juicio, la distribución de los recursos tiene que tener un componente equitativo entre las regiones. "La mitad de la población se encuentra en una sola región y entendemos eso como un problema urbano, pero necesitamos avanzar hacia una descentralización política y administrativa, lo que es muy importante para nosotros", plantea la candidata RD.

Salud, educación y trabajo

Hay otros elementos que los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional destacan. Uno de ellos es la salud, un elemento que según Hugo Soto (PDG) no puede ser obviado en este nuevo proceso. "La salud para mí es lo principal, porque hay gente que espera por mucho tiempo ser atendida. Incluso, hay personas que mueren esperando, por eso creo que en esa materia estamos muy mal como país", recalca.

Nataly Neira coincide y precisa que el trabajo está en implementar una estrategia que mejore el sistema público de salud, de tal forma de disminuir las listas de espera y generar un mecanismo que lleve a contratar una mayor cantidad de funcionarios. Desde que comenzó su campaña, la representante demócrata cristiana en la elección acusa, por ejemplo, que en muchas comunas de la Región existe sólo una matrona para dos mil personas, "lo mismo que ocurre con los médicos, y eso no puede ser".

Ambos candidatos resaltan igualmente la importancia del trabajo y la educación. En el primer caso, Neira espera alcanzar "una verdadera igualdad" entre los trabajadores del sector público y privado y reconocer constitucionalmente las labores que se realizan de forma doméstica. Respecto al segundo ítem, Soto pretende robustecer la educación pública y replantear políticas adoptadas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. "Ahí tenemos que poner más énfasis", declara.

El trabajo de los 50 consejeros constitucionales estará marcado por el avance y la profundidad que logre en estos meses la Comisión Experta, a través del anteproyecto constitucional que este órgano redacta. La mayor parte de los consultados piensa que tendrán una gran incidencia en el anteproyecto y que podrán efectuar cambios importantes, sobre todo si es que esta primera instancia no atiende las urgencias de la ciudadanía. Eso sí, hay unos pocos que sienten que su rol será más bien limitado.

Lo cierto es que la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente indica que el Consejo Constitucional podrá aprobar, aprobar con modificaciones e, incluso, incorporar nuevas normas al anteproyecto de nueva Carta Magna por el quorum de los tres quintos de sus miembros en ejercicio. En otras palabras, existe un amplio margen para concretar un aporte significativo.

Eso sí, la normativa indica también que "después de evacuada la propuesta de texto de nueva Constitución por parte del Consejo Constitucional, que deberá producirse dentro de los cuatro meses siguientes a su instalación, la Comisión Experta hará entrega de un informe en el que podrá formular observaciones que mejoren el texto".