Producto de los terribles incendios que seguimos sufriendo en la zona sur de nuestro país, ya se han consumido 240 mil hectáreas de bosque de plantaciones, lo que representa el 11% del patrimonio forestal productivo del país, destruido en sólo 3 semanas.

Junto al Instituto Forestal estábamos realizando un estudio exhaustivo sobre el abastecimiento a largo plazo de madera, pero esta tragedia cambió de manera radical los números, por lo que se deberá realizar nuevas proyecciones para el futuro.

En término de abastecimiento de madera, en lo inmediato existirá una cosecha acelerada para salvar lo que queda en pie de los bosques quemados, y abastecer con ello de leña y madera a la pequeña y mediana industria.

Pero esta importante pérdida de bosques y la cosecha anticipada hace presagiar que en el corto plazo existirá un déficit estructural en el abastecimiento de madera, hacia los pequeños y medianos productores.

Son casi 4 mil pequeños propietarios de bosque que han visto reducido su patrimonio familiar cultivado por décadas a cenizas en sólo unas horas. Son ellos quienes históricamente han abastecido a la pequeña y mediana industria del aserrío y de la producción de energía.

Por lo anterior, tendremos que hacer frente a este tremendo desafío social y económico, ya que el déficit en abastecimiento a la pequeña y mediana empresa, daña a una fuente de empleo esencial para un importante número de trabajadores de comunas del centro sur de nuestro país.

Hoy más que nunca nuestro país requiere de madera, tanto para suplir el déficit de viviendas, como reemplazar el plástico por fibras naturales, dando así una respuesta efectiva al desafío que nos plantea el cambio climático y avanzar hacia la meta de la carbono neutralidad.

Debemos generar espacios de colaboración público y privada, creando incentivos para que el pequeño propietario pueda volver a plantar y apoyar al pequeño productor para que cuente con materia prima y tecnologías modernas para generar mayor agregado, y mantener así el empleo. El desarrollo sustentable e inclusivo del sur de nuestro país depende en gran medida de ello.

Hace unos días, entre aplausos y alegría, el Gobierno promulgó de la tan esperada "Ley TEA", que tiene como objetivo asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades, atención integral en salud y resguardar la inclusión social y educativa de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Hoy muchos chilenos celebramos el cumplimiento de este compromiso. Por fin, las familias se verán contenidas por un sistema de salud que les otorgará beneficios, cobertura y prestaciones sin discriminación, donde el Estado velará por un proceso de diagnóstico de las personas con TEA temprano, oportuno y con un enfoque interdisciplinario.

En el contexto escolar, la buena voluntad de algunos educadores ya no será la opción para abordar la neurodiversidad, por el contrario, se esperan equipos de trabajo y profesores preparados desde la sensibilización, el saber conceptual, actitudinal y procedimental, que los llevará de a poco a desarrollar un ojo clínico y agudo que los invite a fortalecer y aprender desde la normativa vigente nuevas estrategias diversificadas.

La Organización Mundial de la Salud en 2021 planteó que uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. En el mismo año, un estudio publicado en la Revista Pediátrica de Chile indica una prevalencia de autismo en nuestro país de uno por cada 51 niños de entre 18 y 30 meses de edad. Esta investigación consideró como muestra aproximadamente a 300 niños que asistieron a control sano en dos centros de salud familiar de dos comunas de Santiago.

Hagamos el ejercicio de mirar a nuestro alrededor, con seguridad encontraremos un amigo, familiar, compañero de trabajo o de clase de nuestros hijos con TEA, lo que hace que esta ley cobre sentido de realidad para muchas familias y un tremendo compromiso de nosotros como sociedad con los principios de esta normativa, que nos exhortan a mantener un trato digno, respetar la participación y diálogo en todos los contextos, procurando y acompañando la autonomía progresiva, dándoles la posibilidad de una detección temprana con miras a una mejor calidad de vida, respetando y valorando la neurodiversidad que considera la variabilidad natural del funcionamiento cerebral que establece sutiles o marcadas diferencias entre las personas.

Empezó el año escolar y nuevamente el Gran Concepción se puso a prueba. Los niveles de congestión en diversos puntos de la ciudad tienen este año varias agravantes: aumento del parque automotriz debido a la pandemia, trabajos de infraestructura en calles importantes, el imprevisto que obligó a la suspensión del servicio de Biotrén sobre el Puente Ferroviario del rio Biobío, etc. Sin embargo, el colapso vial también pone en evidencia una realidad permanente: hemos diseñado nuestra ciudad para el uso del automóvil y descuidado el transporte público. Prueba de ello es que la última licitación de transporte público en el Gran Concepción se realizó hace más de 20 años. En esas dos décadas no han ocurrido cambios (mejoras) importantes: se han ido extendiendo plazos e incorporando mínimas regulaciones. Sólo la comuna de Tomé cuenta con un perímetro de exclusión, una alternativa a la licitación que es más ligera, pero que de todas maneras exige mayores condiciones de operación.

¿A qué norte debemos apuntar? Si bien no es perfecto, el estándar del transporte público del Gran Santiago es una referencia válida. Mirar hacia la capital es incómodo para muchos penquistas y en este caso lo es más aún, pues la comparación es demoledora.

En primer lugar, es evidente la mayor asignación de recursos: en el Gran Santiago se cuenta con administración financiera, se proveen recursos para terminales, la flota se ha renovado continuamente y a un mejor estándar (buses eléctricos y con accesibilidad), se ha implementado con éxito el pago electrónico, etc. Pareciera que el Estado ha asumido riesgos financieros más altos en la capital que en nuestra ciudad y, en consecuencia, un operador de transporte público del Gran Concepción asume mayor riesgo financiero que uno del Gran Santiago.

En segundo lugar, los conductores de transporte público trabajan en peores condiciones: no hay exigencias en la regulación sobre área de descanso, alimentación, servicios higiénicos y planes de capacitación. Además, su remuneración no es fija y deben preocuparse de otras funciones adicionales a conducir (como el cobro del pasaje).

En tercer lugar, los sistemas tecnológicos también parecen haberse quedado en el pasado. El sistema de transporte público del Gran Concepción no cuenta con información en línea de GPS, los usuarios no pueden conocer información en tiempo real del servicio, no existen contadores de pasajeros que permita analizar mejor el funcionamiento del sistema y el cobro sigue siendo con efectivo, sin la opción de ser electrónico.

Finalmente, otro punto en deuda es la evaluación de calidad de los servicios. En la regulación del sistema de transporte público del Gran Concepción no se exige a los operadores medir los indicadores de frecuencia, regularidad y puntualidad, ni tampoco se obliga a considerar la calidad de atención al usuario. La información con la que cuentan las autoridades es incompleta, dificultando de sobremanera implementar un sistema de control y sanciones para- en el caso de existir- operadores deficientes.

El transporte público ha sido por décadas el modo de transporte más ocupado en el Gran Concepción y, a diferencia de muchas otras ciudades de nuestro país, su demanda no ha decaído significativamente. Debido a que es un modo de transporte muy eficiente en cuanto a espacio, su fortalecimiento (que sea una alternativa atrayente frente al automóvil particular) es esencial para disminuir los niveles de congestión en la ciudad. Por ejemplo, según las mediciones de la Secretaría de Transporte, sólo el 5% de los vehículos que cruzaron el puente Llacolén en la punta mañana del súper lunes (de la semana pasada) fueron transporte público, pero transportaron al 61% de las personas, justificando con creces la implementación de la vía exclusiva. Si bien existe preocupación de parte de las autoridades de nuestra ciudad para rescatar al transporte público, sus esfuerzos- varios de ellos elogiables, incluido el perímetro de exclusión en Tomé- parecen no ser suficientes. Es urgente renovar el estándar, en todo sentido, del transporte público regulado del Gran Concepción.