Por Redacción/Agencias

Durante casi cuatro horas el Tribunal Constitucional (TC) escuchó ayer los alegatos frente a los recursos que presentaron senadores de Chile Vamos y Demócratas para que se declaren inconstitucionales siete de los 13 indultos otorgados el 30 de diciembre pasado por el Presidente Gabriel Boric.

De los requerimientos, seis corresponden a indultados por delitos cometidos en el marco del estallido social, a partir del 18 de octubre de 2019, entre ellos Luis Castillo Opazo, condenado a cuatro años de cárcel por diversos asaltos que cometió en Copiapó tras la revuelta y quien se calificó como "rodriguista" e "insurrecto" apenas obtuvo su libertad.

El prontuario de Castillo, sin embargo, contenía un par de decenas de ilegalidades previas, entre sentencias y detenciones, y era considerado un reo de alto compromiso delictual.

El séptimo requerimiento corresponde alexfrentista Jorge Mateluna, condenado a 16 años de cárcel como autor de un robo a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel en 2013.

Indulto en trámite

Además, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, RaúlLetelier, en representación del Presidente Boric, señaló que existe una petición de indulto por el estallido social que está "en tramitación".

Al cierre de esta edición, el pleno del TC decidió oficiar al Ministerio de Justicia para que informe sobre "eventuales solicitudes de indultos particulares presentadas con anterioridad al día 29 de diciembre de 2022, de personas condenadas por delitos cometidos en el contexto del denominado estallido social. De existir, remítase copuas digitales de los expedientes".

También pidió informar eventuales solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha señalada.

Previamente, el TC pidió "decretar medidas para mejor resolver, de forma previa a la adopción del acuerdo, en los siete requerimientos de inconstitucionalidad".

Hube y letelier

Durante los alegatos, la abogada UDI Constanza Hube, desde la parte requiriente, explicó ante el TC que "el Presidente tiene la facultad de indultar, puede indultar a quien quiere, no le tiene que pedir permiso a nadie. Es por esto que sólo se le pide que cuando deje en libertad a un condenado por delitos tan graves como el caso del señor Mateluna, o con evidente perfil criminógeno, como el señor Castillo o el señor Rojas, explique por qué lo está haciendo, porque eso no consta en los decretos impugnados".

Para Hube, lo central de la acción es revisar si los siete decretos supremos "están o no fundamentados", y citó declaraciones de Boric a la prensa el 2 de enero pasado, cuando dijo que "tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades (...) tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto".

Para Hube, esto indicaría que Mateluna fue indultado "con la convicción de que es inocente. Es la convicción más íntima por parte del Presidente".

Agregó que es grave que el Gobierno invocara la "razón de Estado" para justificar los decretos, pues "no está explícita" en los textos impugnados.

Letelier explicó que "los requerimientos interpuestos se refieren a dos tipos de indultos; el primer grupo es que beneficia a distintos condenados, en lo que se ha llamado 'estallido social', y el otro, que constituye un caso, beneficia al señor Jorge Mateluna, por un delito distinto y contexto diverso".

En los indultos del estallido, afirmó que el fundamento apunta a "la necesidad de superar una crisis política e institucional en la cual se generaron hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos, que exigen la adopción de acciones extraordinarias, que permitan restablecer la paz social. Y que el nivel de conflictividad del país configuró un contexto excepcional, enmarcado en masivas manifestaciones públicas. En ese contexto, con el objeto de propender a la cohesión social, el reencuentro nacional y mirar hacia el futuro con mayor dignidad y paz, es que se conceden estos indultos".

En el caso de Mateluna, "las razones aluden a reinserción social, buena conducta, perdón a sus acciones, de informes psicológicos correctos (...)y razones de capacidad para reinsertarse en la sociedad".

Letelier dijo que los decretos tienen una "fundamentación transparente" y "detrás de ellos hay un proceso lógico y fundado que los justifique".

"Todo el mundo sabe, el fiscal regional lo ha dicho, el Tren de Aragua está instalado en Alto Hospicio, las maras también están instaladas en nuestra comuna, en las tomas particularmente".

Eso señaló la mañana de este jueves el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira (DC), en entrevista con CNN. Así, volvía a poner en el tapete la opción de que la agrupación criminal de origen salvadoreño "Las Maras", hayan ingresado al país. Ante esto, tanto del Gobierno como de la fiscalía refutaron esta última información dada por la autoridad comunal.

"La información que hemos recogido tanto de Fiscalía como de las policías no dan cuenta de ningún antecedente que permita establecer la presencia de maras en Alto Hospicio", fue enfático el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros.

La autoridad señaló a Emol que "de todos modos, nuestro Gobierno está implementando actualmente la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que en Tarapacá cuenta con más de 70 medidas específicas para articular y fortalecer el trabajo de las instituciones del Estado, con el objetivo de identificar oportunamente a las bandas criminales y enfrentar esta nueva realidad delictual".

Desde Interior también señalaron que no manejan información de la presencia de las maras en el país.

A esta postura se sumó el fiscal regional, Raúl Arancibia. "Organizaciones criminales transnacionales han ingresado a nuestro país por la frontera norte y se han instalado en nuestra región, como es por ejemplo, la megabanda Tren de Aragua". Pero precisó a este medio que "sin embargo, sobre la presencia de las maras en la región de Tarapacá, a la fecha no tenemos información al respecto".

Chile es un país vulnerable ante catástrofes socio-naturales. Las experiencias traumáticas vividas durante décadas, derivadas principalmente de fenómenos como terremotos, tsunamis e incendios de gran magnitud, son condiciones que forman parte de nuestra identidad y del imaginario colectivo de nuestro país.

Esta compleja situación, la volvimos a sufrir nuevamente durante esta temporada estival que finaliza, sin embargo, las consecuencias de los devastadores incendios que han aquejado a la zona centro-sur del país en las últimas semanas dará paso al proceso de reconstrucción que a su vez, será uno de los principales desafíos para el estado en sus distintos niveles.

Las cifras son desalentadoras: 7.000 personas afectadas, 2.100 viviendas damnificadas -de las cuales cerca de 1.400 corresponde a primera vivienda- y más de 450 mil hectáreas quemadas. Sumado a esto, actualmente más de 3.000 personas no tienen acceso a agua potable en sus hogares a raíz de los incendios, donde un alto porcentaje corresponde a población de sectores rurales. Sin duda, muchos de estos problemas se han transformado en permanentes, entonces cabe preguntarse: ¿Qué lecciones podemos sacar de los catástrofes recientes y que oportunidades tenemos en el abordaje del proceso de reconstrucción que viene?

El proceso de reconstrucción que se llevó a cabo post 27F nos dejó muchas enseñanzas que han posibilitado ciertos avances en la materia y que valdría la pena recordar. Entre ellas, la planificación territorial del borde costero, la importancia de las barreras urbanas y naturales en las costas, así como el estándar y exigencias que requieren en las viviendas denominadas tsunami resilientes, son algunos ejemplo para incentivar la planificación en zonas de producción forestal además, con problemas hídricos ya estructurales, de modo de generar condiciones de resiliencia territorial. Junto con ello, creemos que para contar con un proceso de reconstrucción sostenible es relevante que este se realice de manera participativa y así recoger el conocimiento de las comunidades para generar soluciones con pertinencia territorial.

Desde el punto de vista institucional y para liderar de manera correcta este proceso, es relevante potenciar los liderazgos y las capacidades regionales y locales por sobre figuras del nivel central sin facultades administrativas ni equipos profesionales. Se requiere una coordinación activa y bidireccional con las entidades técnicas tanto de los municipios como en los Gobiernos Regionales con el nivel central. Lo mismo ocurre en el ámbito de los recursos y el financiamiento del proceso. Es necesario analizar la capacidad técnica de diferentes unidades del Estado y los municipios, muchos en situación de vulnerabilidad y carencia de equipos que puedan diseñar soluciones y proyectos de infraestructura para superar la contingencia, además de los déficit estructurales que viven los territorios: agua potable, conectividad vial y el acceso a la vivienda.

Por último, es primordial la coordinación intersectorial para catalizar la inversión. Para avanzar con la infraestructura y viviendas son relevantes las factibilidades técnicas dependientes de distintos sectores del estado y servicios asociados, por lo que mesas regionales y locales pueden ser relevantes para tener avances relevantes en el corto y mediano plazo.

Por último, es relevante el rol que puede jugar la sociedad civil organizada para ser un aporte relevante. Existen buenos ejemplos de colaboración entre los gobiernos regionales y el tercer sector. Esto, gracias a la experiencia acumulada por instituciones en el desarrollo de proyectos de infraestructura, participación ciudadana y articulación de esfuerzos públicos y privados y, también, por la flexibilidad presupuestaria y facultades que los mismos GOREs han ido ganando desde su elección democrática el 2021, hoy reflejadas en la Ley de Presupuesto 2023.

Estamos viviendo un episodio dramático, sin embargo, es una realidad que se podría repetir en los años venideros. La emergencia se ha ido abordando de buena forma pero creemos que tenemos una oportunidad en la experiencia acumulada y en la posibilidad de desarrollar un trabajo colaborativo que permita a las comunas y sus comunidades damnificadas avanzar hacia una mejor calidad de vida luego de la reconstrucción.

Gonzalo Vial Luarte Director ejecutivo Fundación Huella Local