Por Agencias

La exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte aseguró ayer que salió de la Embajada de Argentina en Quito, donde estaba refugiada desde hace más de dos años y medio, debido a que el Gobierno de Ecuador le negó el salvoconducto que considera le correspondía "como asilada política", para viajar a Argentina.

En su cuenta de Twitter, Duarte, que formó parte de la administración de Rafael Correa (2007-2017) y que se había refugiado en la embajada para no ir a prisión por una condena por corrupción, agradeció a Argentina por haberla "cobijado ante la persecución de los Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso".

"Decidí dejar la embajada porque, al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo a la convención de Caracas de 1954, e impedir mi salida segura (salvoconducto), el Gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política", escribió la exministra, que no reveló su paradero en el mensaje.

Añadió que "tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía".

La exministra, cuya salida se conoció en la noche del lunes, terminó su mensaje con una frase de Martin Luther King: "La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes".

Convocado embajador

Duarte publicó su mensaje después que se conociera que el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, convocó al embajador argentino, Gabriel Fuks, para responder a consultas en torno "al escape" de la exfuncionaria de la embajada de ese país en Quito.

Fuks fue convocado para "responder sobre algunas consultas realizadas por el Estado ecuatoriano en torno a detalles que fueron informados en una reunión mantenida la noche de ayer con relación al escape de la prófuga de la Justicia ecuatoriana María Duarte", indicó la Cancillería en un comunicado.

Más tarde, dijo que la embajada de Argentina "se opuso" a entregar videos para esclarecer el "escape" de Duarte y lamentó esta circunstanciatras reunión con Fuks con el vicecanciller Luis Vayas.

Duarte "habría salido de la residencia de la embajada argentina, en Quito, el viernes 10 de marzo de 2023, en horas de la tarde, aunque posteriormente altos oficiales argentinos dieron otra versión, en la que mencionan que habría salido el día sábado", indicó la Cancillería ecuatoriana en su comunicado.

A su vez, el jefe de misión argentina desmintió haber hablado con Duarte tras su escape e indicó que desconocía su paradero.

Más información

Ante "ciertas imprecisiones", la Cancillería ha solicitado formalmente más información y documentos para conocer los detalles del escape de la exfuncionaria y así establecer responsabilidades con la entidades de Justicia.

"Al tratarse de jurisdicción diplomática, la Policía ecuatoriana no tiene acceso al predio de más de tres hectáreas de la misión argentina, que cuenta con seguridad privada. La embajada argentina se ha opuesto a entregar los vídeos", señaló Cancillería.

La noche del lunes, Ecuador hablaba de que Duarte "escapó de la embajada argentina" y no de la residencia. Según la versión oficial argentina, durante el pasado fin de semana, mientras Fuks desempeñaba "distintas tareas inherentes a su labor diplomática", "no se registró presencia" de Duarte en el ala del edificio donde estaba, que era distinta de la residencia oficial del representante argentino en Quito.

En consecuencia, "se procedió a hacer las recorridas correspondientes de las distintas dependencias", "sin ubicar el paradero" de la exministra, manifestó el comunicado de la Cancillería en Buenos Aires.

"prófuga de la justicia"

Durante el encuentro con el diplomático argentino, el vicecanciller Vayas reiteró, enérgicamente, la molestia del Gobierno ecuatoriano "ante este incidente, que involucra a una prófuga de la justicia, con una sentencia ejecutoriada, con pena privativa de ocho años por el delito de cohecho".

Duarte fue condenada en 2020 junto a Correa a ocho años de cárcel por cohecho como parte del caso "Sobornos 2012-2016", una trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País, liderado por el expresidente, con aportes indebidos de empresas que no fueron declarados.

La exfuncionaria se considera una perseguida política y niega los cargos en su contra, por lo que se refugió en la embajada de Argentina en Quito junto a su hijo menor de edad desde el 20 de agosto de 2020.

No fue hasta el 1 de diciembre de 2022 que el Gobierno de Alberto Fernández comunicó su decisión de conceder el asilo a Duarte, pero el Gobierno ecuatoriano se opuso a entregarle un salvoconducto para que viajase a Buenos Aires sin ser detenida.

La Cancillería argentina indicó que la exministra María de los Ángeles Duarte Pesantes "se presentó" ayeren la sede de su Embajada en Caracas a eso de las 11.00 horas y fue atendida por el embajador Óscar Laborde y otros dos funcionarios. "La señora Duarte Pesantes informó que actualmente se encuentra en Caracas -sin dar explicaciones sobre el modo en el que lo hizo, ni si se encuentra junto a su hijo- y realizó averiguaciones sobre la documentación que nuestro país le pudiera extender. Asimismo, manifestó no tener intenciones de viajar a la Argentina en el corto plazo", señaló la Cancillería.

La Comisión de Salud del Senado se reunió ayer con representantes de las isapres y del Gobierno para analizar la crisis por la que pasan las aseguradoras privadas de luego de que la Corte Suprema ordenara el cumplimiento de la tabla de factores definido por la Superintendencia en 2019 y la devolución del dinero cobrado en exceso a los cotizantes.

A la instancia fueron invitados la ministra de Salud, Ximena Aguilera; su par de Hacienda, Mario Marcel; el superintendente de Salud, Víctor Torres; el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid; y el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón.

Este último señaló que las aseguradoras no han cobrado indebidamente a sus afiliados y descartó cobros abultados, pues más del 90% de sus ingresos ha ido al pago de prestaciones.

"Las isapres no han hecho cobros indebidos. No se puede hablar de cobros indebidos. No nos parece que corresponda plantear que existen cobros indebidos. La ley ha obligado a las isapres a usar tablas de factores. Está vigente hoy día la circular 343, que es mandatoria para las isapres, que tienen que usar esa tabla con esos números para calcular los precios cuando venden o suscriben los planes desde abril de 2020", dijo el dirigente.

En la oportunidad, la ministra Aguilera planteó que "nosotros no podemos interpretar los fallos; sólo podemos acatarlos y esa es nuestra postura. Lo que dice el fallo es que la tabla de factores se aplica a todos los planes y contratos y, si ha habido cobros en exceso, se tienen que devolver". Sin embargo, añadió que "si estamos muy apretados en los plazos vamos a solicitar más plazo a la Corte Suprema", pues se espera presentar una ley corta a más tardar en la primera semana de abril.

Sobre ese punto, la asociación gremial Clínicas de Chile emitió una declaración pública en la que expresan que "valoramos la iniciativa del Poder Ejecutivo de presentar una 'ley corta' que haga frente a la denominada crisis que afecta al aseguramiento privado", aunque la propuesta "está lejos de resolver el problema y nos alerta sobre un posible colapso, cada vez más inminente, del sistema de salud".

Fernando Sabag Montiel, el joven acusado de querer matar el 1 de septiembre pasado a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, dijo que "no" se arrepiente del atentado y que lo hizo "por la situación del país", publicó ayer un portal informativo al que dio una entrevista.

Al ser consultado por qué quiso matar a la también exmandataria, contestó: "Básicamente, por la situación del país".

En declaraciones al programa Minuto Uno, del canal C5N, en cuyo portal se difundió la entrevista, el hombre explicó: "Estaba cargada, tiré del gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma".

Y ante la consulta de si se arrepentía, contestó: "No".

El ataque fallido fue perpetrado el 1 de septiembre pasado, cuando Sabag Montiel se acercó a la vicepresidenta, le apuntó al rostro con un arma y gatilló sin que saliera el proyectil, en un momento en que Cristina Fernández saludaba a seguidores a las puertas de su domicilio en Buenos Aires.

Por el atentado fueron detenidos Sabag Montiel, un brasileño de 36 años; su novia Brenda Uliarte, de 23 años, ambos investigados como presuntos coautores del delito de homicidio; Agustina Díaz, amiga de Uliarte, que luego quedó libre, y Nicolás Carrizo, tras detectarse comunicaciones vía chat relativos al ataque.

"Yo lo hice por motus propio (sic), ¿entendés? Están inventado una historia. Actué solo. Con respecto al atentado, sí. Y tengo las pruebas acá. Y que Brenda Uliarte no tiene nada que ver", aseguró Sabag Montiel.

"Imagínate los nervios de estar en un lugar, (en vez) de tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto y tanta gente, estaba nervioso", precisó.

Sabag Montiel añadió a C5N que después del ataque le "plantaron" balas en su casa y le "pusieron droga" diciendo que era un drogadicto: "Están defenestrando, dando una imagen inflando más de lo que soy porque yo no soy todo lo que dicen".

El ataque a Cristina Fernández se dio en un contexto de fuerte tensión política, cuando sus seguidores se congregaban en las puertas de su casa luego de que el 22 de agosto anterior el fiscal Diego Luciani solicitara una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta en el marco del juicio oral por corrupción durante su Gobierno.

Finalmente, en ese proceso la expresidenta fue condenada en diciembre pasado a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

Los periodistas le consultaron a Sagab Montiel si conocía al fiscal Luciani, y respondió que "lo conocía de la tele de antes. Porque es obvio que Luciani tenía bronca. Es él el que tiene las causas que tiene problemas con Cristina".