La disímil mirada ante las últimas cifras por violencia en Arauco
En el marco del primer año de la administración Boric, habitantes de la zona piden materializar apoyos a víctimas de violencia, así como una cartera de inversiones más robusta desde el Ejecutivo.
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En su última entrevista a este medio, la delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, entregó cifras alentadoras respecto al trabajo desarrollado en la provincia de Arauco para frenar la violencia rural. Parte de los datos proporcionados por la autoridad indican que en la zona los delitos asociados a la sustracción de madera cayeron en 56% y que los atentados incendiarios vieron una baja de 12%. Asimismo, en 81% disminuyeron los casos de amenazas y en 50% las usurpaciones. "Hay una buena evaluación de quienes viven en estos sectores, algo asociado a la recuperación de la presencia del Estado", dijo en la entrevista.
Estos son datos entregados en el marco de la semana previa al primer aniversario del gobierno del Presidente Gabriel Boric, semana que, además, estuvo marcada por el megaoperativo de Carabineros y Fiscalía que permitió la detención de una docena de sujetos asociados a delitos de violencia rural, robo de madera y vehículos. Una acción "histórica", tal como calificó la delegada en un punto de prensa.
En vista de estas buenas noticias, EL SUR contactó a cinco actores clave de la provincia, con la idea de conocer sus apreciaciones acerca de la labor gubernamental realizada el último año y saber, finalmente, qué tan de acuerdo están con el balance efectuado por el nivel central. En el reportaje participan representantes de los municipios, víctimas de violencia rural y el comercio.
Análisis de arauco 7
"La percepción de uno es que ha habido una baja en las acciones violentas y, sobre todo, hay una mejor sensación de seguridad, a pesar de que siguen habiendo algunos atentados en la zona", plantea el alcalde de Lebu y presidente de Arauco 7, Cristián Peña. Desde que el Gobierno se instaló -o más bien desde que se refrendó la medida de estado de excepción y se comenzó a trabajar en el Plan Buen Vivir-, el jefe comunal ve una atención mucho más perfilada hacia el territorio, lo que se ve reflejado en una mejor sensación de menos violencia, "porque aún no podemos hablar de una sensación de seguridad".
Peña cree que el actual panorama responde a un punto de inflexión registrado en los últimos meses, en donde se observa y palpa una acción mucho más integral, por eso llama a que esa atención se potencie, en especial en materia de presencia y resultados de investigación. Eso también implica que la provincia de Arauco siga siendo este 2023 uno de los cinco temas nacionales prioritarios del Gobierno y no caer al número 30, "que era lo que sucedía en gobiernos anteriores".
Más allá de su buena evaluación, el representante de los alcaldes del territorio insiste en que hay puntos que todavía se pueden activar. Uno de ellos, dice, es la atención y reparación a las víctimas de violencia, aspecto que a su juicio "ha estado un poco débil". "Si hay algún punto que pudiésemos criticar, es eso. La atención y reparación a las personas víctimas debe traducirse en hechos y debe haber un avance mayor", plantea Peña.
Hay otro punto que toca y que tiene que ver con el nivel de inversiones. Por un lado, Arauco 7 celebra las acciones del Gobierno Regional en esta materia, pero por otro deja tarea a la administración de Boric para que fortalezca la entrega de recursos en las siete comunas de esta provincia que posee altos índices de pobreza.
¿y las víctimas?
Aquí el asunto sufre un quiebre. Representantes de las víctimas de la violencia rural cuestionan los números arrojados por Daniela Dresdner y dicen que es propio de todos los gobiernos dar a conocer cifras que, en realidad, "no sabemos quién las realiza o cuáles son los criterios para aplicarlas".
"La sensación en Arauco sigue siendo la misma, de inseguridad, sigue siendo de miedo y frustración. Estamos claros que hay cosas que se han reducido, pero los ataques siguen, como dos cabañas en Peleco, la casa número 80 en Quidico y los asaltos de grupos encapuchados a camiones de suministro y de reparto. Una cosa son las cifras del Gobierno y otra es el día a día de los habitantes", remarca el presidente de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, Fernando Fuentealba.
El representante agrega que hay otros elementos que ayudan a entender el episodio oscuro que sigue viviendo la zona, como el impacto sufrido por el turismo. Según sus cálculos, este verano hubo un 40% menos de visitantes en relación a un año normal. Otro ejemplo que da es el robo de vehículos, delito que se ha mantenido en el tiempo y con grupos fuertemente armados.
"Aquí se requiere un estado de excepción con todas las facultades, y sobre todo con respaldo a las Fuerzas Armadas para que desarrollen su trabajo en los puntos críticos que nosotros conocemos, y donde aún permanecen estos actos violentos de terrorismo, a fin de hacer operaciones de rastrillo y, de una vez por todas, atrapar a estos grupos", afirma, al mismo tiempo que indica que en el cono sur de la provincia hay, al menos, unos 10 puntos críticos.
Lo destacable, reconoce, es que a la fecha se ha desarrollado un trabajo bastante serio de parte de Fiscalía, lo que ha permitido detener a algunos integrantes de la Resistencia Lafkenche en la localidad de Quidico, o a 11 sujetos en el sector de Elicura, hecho concretado este semana tras un megaoperativo policial.
"Trabajo sí se está haciendo, pero se podría avanzar mucho más rápido para recuperar el estado de derecho", asegura.
Mauricio Sepúlveda, expresidente de la Asociación de Paz y Diálogo Biobío y una de las víctimas de la violencia rural, concuerda con Fuentealba en el sentido de que lo hecho hasta el momento no es suficiente. Además de fortalecer el rol de las policías y las Fuerzas Armadas, cree también necesario cambiar la actual lógica administrativa, es decir, que el desarrollo y seguridad del territorio dependa netamente del Gobierno Regional y no de la Delegación Presidencial.
"Sí, se ha detenido gente, pero las cosas siguen igual y no se ven cambios. Creo que las decisiones que se han tomado no son suficientes, a menos que haya una ley antiterrorista o que todo esto lo maneje el Gobierno Regional, entendiendo que este organismo conoce mucho mejor la zona. Seguir en manos de la Delegación es seguir en manos de lo mismo, ya que recibe órdenes de Santiago", puntualiza.
Comercio del cono sur
Representantes de las cámaras de comercio y turismo de Contulmo y Cañete también tienen algo que decir al respecto. La más crítica es la presidenta de la cámara de la primera comuna, Sandra Fierro, quien asegura que las cifras entregadas por la Delegación no se condicen con la realidad que enfrentan ella y sus demás vecinos.
"El problema sigue siendo el mismo, incluso más grave, porque no se le pone la atención necesaria. Uno sigue viviendo en ascuas y con la presión de no poder dormir en las noches. Es un estrés constante y hay que estar aquí para vivirlo (...) Y para ir a comprar productos debo llegar siempre antes de que oscurezca, pues después es peligroso. Es la misma rutina", sostiene la dirigenta.
A diferencia de Fierro, el director de la cámara cañetina, Gustavo Jara, dice que es lógico que el problema haya bajado en el último año a raíz de las medidas implementadas "y porque hay una mayor eficiencia, aunque igual eso ha llevado, por ejemplo, a que se fortalezcan otros delitos, como el robo de vehículos". Eso sí, también considera urgente reavivar algunas iniciativas comprometidas en el gobierno de Sebastián Piñera, como la instalación de retenes o controles en sectores carreteros y estratégicos para una labor preventiva.
"Eso se anunció en el Plan Arauco del gobierno de Piñera, pero por el estallido social y pandemia, aunque en realidad se hicieron los lesos, nunca se implementó. El plan había sido bien consensuado con varias organizaciones sociales", subraya Jara.