Por Agencias

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, denunció ayer que está en marcha un "ataque organizado hacia el Estado de derecho y a las instituciones" y un "golpe de Estado" en su país, tras una jornada de protestas que se saldó con 17 manifestantes y un policía muertos, lo que gatilló que se decretara toque de queda en Puno, epicentro de las últimas protestas.

En una declaración sin preguntas, Otárola afirmó que los enfrentamientos ocurridos al inicio de la semana en la ciudad de Juliaca, donde murieron 17 manifestantes y un policía, fueron "un ataque organizado, sistemático de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el estado de derecho y las instituciones" de la sureña región de Puno.

"Como si estuvieran en un escenario de guerra, han tratado de tomar el aeropuerto", dijo tras aseverar que la responsabilidad es de "quienes quieren dar un golpe de Estado".

Agregó que esta acción movilizó a unas 9.000 personas en Juliaca y que 2.000 "iniciaron un ataque sin cuartel contra la Policía (...) generando una situación extrema".

En ese sentido, el jefe del gabinete pidió a las autoridades competentes "capturar y procesar a quienes están destruyendo el país, financiados con el dinero oscuro del narcotráfico".

Caos y violencia

Perú lleva semanas sumergido en el caos tras la destitución y posterior prisión preventiva del exPresidente Pedro Castillo, luego de que intentara un autogolpe de Estado para gobernar por decreto, disolviendo elCongreso e interviniendo los demás poderes.

En la última jornada seguían bloqueadas al menos 53 carreteras, 10 de ellas vías nacionales, con el tránsito interrumpido en seis regiones.

La mayoría de los bloqueos están en la región sureña de Puno, ubicada a más de 1.200 kilómetros al sur de Lima, donde hasta ayer en la madrugada se reportaban 18 personas fallecidas en violentos enfrentamientos.

En la noche, una serie de tiendas y locales comerciales, así como entidades públicas, fueron blanco de numerosos y violentos saqueos.

También hubo ataques y saqueos a las sedes de la Superintendencia Nacional de Aduanas, del Ministerio Público y a la casa del congresista Jorge Luis Flores, representante de Puno por el partido conservador Acción Popular, que sufrió un incendio.

Los manifestantes, entre los que se cuentan 73 heridos, exigen la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones generales a 2023.

Toque de queda y duelo

Durante la última jornada el Gobierno departamental de Puno decretó tres días de duelo en toda su jurisdicción, mientras que el primer ministro Otárola, anunció que el Gobierno de la Presidenta Boluarte aprobó declarar un toque de queda nocturno por tres días en Puno, vigente desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana.

"Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno", declaró Otárola.

Otárola lamentó la "pérdida irreparable" de los fallecidos, que desde diciembre suman 39 manifestantes muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, 7 por hechos vinculados a las protestas y el policía cuyo cuerpo fue calcinado.

Por su parte, el gobernador de Puno, Richard Hancco, dispuso el duelo regional desde el martes hasta mañana "en razón a los trágicos sucesos ocurridos", para "aunarse al dolor de las familias dolientes y solidarizándonos con la población afectada".

Invocó, además, a la Fiscalía a que comience "las investigaciones contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región Puno" y rechazó "cualquier acto de violencia y el uso exagerado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú, en la ciudad de Juliaca".

En este caótico contexto, ayer el gabinete de la Presidenta Boluarte, encabezado por Otárola, llegó alParlamento entre gritos de "asesinos" por parte de legisladores de izquierda, a pedir el voto de confianza para ser investidos en sus cargos, lo que al cierre de esta edición aúin no ocurría.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, confirmó que un suboficial de la policía murió tras ser "quemado vivo" por una turba que lo atacó en Juliaca. Se "constata que un policía fue golpeado y maniatado y el otro, el subalterno de segunda José Luis Soncco Quispe, ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero", aseguró Otárola. "En las inmediaciones del colegio San Martín, en la urbanización Colmena en Juliaca, un grupo de manifestantes retuvo a la unidad móvil de la unidad de emergencia de la PNP, conformada por una tripulación de dos suboficiales, quienes fueron agredidos a mansalva por los manifestantes", detalló.

El cardenal peruano Pedro Barreto, arzobispo de la ciudad de Huancayo, hizo un llamado a la calma ante "la situación de guerra y de enfrentamiento" que se vive en el país, mientras que el presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, denunció que se produjeron dos atentados contra sus sedes en Puno, en medio de la "preocupación" de Naciones Unidas.

El cardenal Barreto, quien también es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, señaló en la emisora RPP que sigue "con mucha pena, mucha tristeza" los acontecimientos violentos que se han presentado en la región de Puno.

"La verdad es que estamos en manos de la barbarie", enfatizó, agregando que se debe "reconocer que hay justos reclamos de la población" y que las autoridades del país deben cumplir "su rol fundamental".

Por ese motivo, "no hay que discutir este derecho a la protesta", pero agregó que "al mismo tiempo cuando ya se cometen destrozos y hay una actitud no solamente provocadora contra la vida y la propiedad privada", se debe indicar que eso "es un delito".

En ese contexto, Arévalo, presidente del Poder Judicial, condenó "enérgicamente, el reciente atentado cometido contra las sedes judiciales de (las localidades) El Collao y Puno".

Detalló que los ataques "han originado la destrucción de expedientes judiciales y daños a la infraestructura física, perjudicando principalmente la tramitación de procesos de carácter social".

Ante este escenario, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su alarma por el agravamiento de la crisis política. "Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú, que el lunes 9 de enero vivió uno de los días más mortíferos desde que comenzaron los disturbios", indicó en un comunicado.

"Instamos a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las personas muertas y heridas, y que se garantice a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación", enfatizó. -

El Gobierno de Emmanuel Macron presentó su proyecto de reforma a las pensiones, que va a retrasar la edad mínima de jubilación en Francia de 62 años hasta 64 para garantizar el equilibrio financiero, y que proyecta abrir una nueva temporada de protestas ante el desacuerdo de numerosos sindicatos.

Ante gran expectación, el Gobierno francés reveló los detalles de su polémico proyecto de reforma del sistema de pensiones, con la que el Ejecutivo planea ahorrar 17.700 millones hasta 2030 para equilibrar el sistema de pensiones frente a los cambios demográficos.

El plan incluye una aceleración a partir de 2027 en el aumento del tiempo de cotización necesario para disfrutar de una jubilación completa, llegando a 43 años, así como que la pensión mínima suba a casi 1.200 dólares netos al mes desde este año para un periodo de cotización completo.

Equilibrar el sistema

El objetivo de la reforma es el "equilibrio" del sistema, debido a que "hace falta que las cotizaciones de los trabajadores activos financien las pensiones de los jubilados", afirmó la primera ministra, Élisabeth Borne, en la conferencia de prensa en la que presentó el plan del Ejecutivo.

La edad de jubilación subirá desde el 1 de septiembre en tres meses, con incrementos similares cada año hasta alcanzar los 64 años en 2024, siendo una de las medidas que más rechazo ha causado en diversos sectores.

El Gobierno había estudiado la posibilidad de los 65 años, pero optó por fijar la edad mínima en 64 años para facilitar un acuerdo parlamentario.

Excluyendo ciertas profesiones consideradas especialmente precarias, la duración de la cotización para poder disfrutar de una jubilación al 100% será de 43 años trabajados a partir de 2027.

Esta reforma contemplará la posibilidad de tener derecho a la jubilación anticipada entre los 58 y 62 años para quienes hayan empezado a trabajar formalmente antes de los 20 años.

"En 2030, cuando la edad legal de jubilación esté ya en los 64 años, alguien que haya comenzado a trabajar antes de los 16 años (normalmente como aprendiz) podrá tener su pensión a los 58 años", ejemplificó Borne.

En su opinión, el aumento de la edad de jubilación se trata de "una elección esencial para defender el modelo social y mantener la solidaridad entre las diferentes generaciones".

"El déficit va a crecer año tras año, dejarlo crecer sería irresponsable, como también dejarse llevar por medidas demagógicas lo sería aún más (irresponsable)", dijo Borne.

Ese déficit alcanzaría 14.500 millones de dólares en 2030, pero con el cambio previsto se generará un ingreso adicional de 19.000 millones para ese año, aseguró por su parte el ministro de Economía, Bruno Le Maire.

Oposición

Ante la resistencia que generó el anuncio, el ministro de Hacienda, Gabriel Attal, trató de dramatizar advirtiendo de que la disyuntiva es "la reforma o la quiebra" del sistema.

Los dos principales partidos opositores, Agrupación Nacional (derecha) y Francia Insumisa (LFI, izquierda), no tardaron en oponerse a la reforma.

La excandidata presidencial Marine Le Pen, tildó la reforma de "injusta" y aseguró que intentará bloquearla, mientras Jean-Luc Mélenchon, líder del LFI, consideró que la extensión de la edad mínima para la jubilación representa "una grave regresión social".

Previendo la férrea oposición a esta reforma, tanto en el Parlamento, como en la calle, Borne se mostró dispuesta a "la confrontación de ideas, pero sin agitar el miedo".