Por Lorenzo Parra Ramírez

La atención de las más de 300 personas que llegan diariamente, en promedio, a la Urgencia del Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción estaría en riesgo. Eso, debido a que el personal de la unidad endureció su postura y anunció que, de no tener respuesta a su petitorio, iniciarán un paro inédito e histórico a contar del próximo martes 27 de diciembre.

Hace más de una semana los funcionarios del Servicio de Urgencia del Hospital Regional están realizando protestas por la situación que enfrenta la unidad, comenzando por la hospitalización durante tiempos prolongados de pacientes psiquiátricos que han agredido sexualmente a funcionarias hasta llegar ahora a un problema de gestión del servicio y de problemas de infraestructura.

Es ante la nula respuesta que han tenido por parte de las autoridades locales al petitorio que los cinco gremios de salud con presencia en el recinto -Fenats, Fenpruss, Asenf, Fertess y Atens- anunciaron la radicalización de la movilización que se inició hace poco más de una semana, dando cuenta de una fecha límite para tener respuesta a las demandas.

"Ninguno de los petitorios ha sido respondido satisfactoriamente (…) Hasta el sábado a las 12 del día esperamos. Si esa respuesta no está, a contar del martes (27 de diciembre) vamos a iniciar un paro total de actividades en la Urgencia", contó el vocero de los funcionarios de Urgencia, Exequiel Cifuentes.

Hay que recordar que esta eventual acción sería inédita e histórica, ya que, según los propios funcionarios, la última paralización del servicio que en promedio atendió a casi 120 mil personas en los últimos cuatro años, ocurrió hace 30 años. De materializarse el paro, solo se atenderán urgencias vitales.

El presidente de la Fenats del recinto penquista, Adolfo Becar, comentó que la situación de la Urgencia se agudizó con la pandemia y enfatizó que afecta a los pacientes que tienen que esperar horas para una atención con problemas de infraestructura y de gestión.

"Lo que se está pidiendo no es más dinero, sino más condiciones para la atención de los pacientes", sostuvo el dirigente, quien espera que este inconveniente se resuelva tan rápido como ocurrió con las quejas del Colegio Médico con el reajuste de sueldo.

Salida del jefe de urgencia

Son diversos las solicitudes que realizan los funcionarios, pero una de las más relevantes y que será primordial para iniciar una mesa de trabajo con las autoridades del Hospital Regional y el Servicio de Salud Concepción es que el jefe del Servicio de Urgencia, Alfredo Davanzo, deje el cargo que ocupa desde hace 12 años.

La presidenta de la Fenpruss del Hospital Regional, Evelyn Alvarado, comentó que la mala gestión de la unidad pasa por la jefatura. Añadió que la solicitud de salida de Davanzo está relacionado, según ellos, con los malos tratos que entrega tanto a los funcionarios como a los pacientes, asegurando que hay denuncias de maltrato laboral de médicos e investigaciones que no avanzan en contra del profesional médico.

"Los funcionarios están cansados de tener un jefe de servicio que no los apoya en nada y, al contrario, los maltrata", enfatizó Alvarado.

El vocero del personal de Urgencia declaró que en los años que lleva al mando de la Urgencia el facultativo no ha demostrado interés en resolver los problemas, incluso expresó que los cinco médicos urgenciólogos que había en la unidad renunciaron "por tener problemas con nuestro jefe directo (Davanzo)".

Dentro del petitorio que han presentado los funcionarios de la salud también se exponen los problemas de infraestructura de la unidad, que solo cuenta con dos baños para los pacientes que llegan a la Urgencia, como también la falta de espacio para los boxes de atención y otros inconvenientes.

Además, otro de los problemas que aseguran que debe resolverse es la hospitalización prolongada -de hasta una semana- de los pacientes psiquiátricos, quienes han sufrido agresiones sexuales y físicas en contra de funcionarias y de funcionarios.

"Los pacientes de salud mental requieren hoy un hospital psiquiátrico y no un servicio que tenga urgencia psiquiátrica", sostuvo Becar, agregando que la unidad de Emergencia ya está colapsada para hospitalizar a estos usuarios que requieren una atención de profesionales expertos.

Cifuentes enfatizó que estén los cinco gremios de salud planteando los mismos temas da cuenta que "esto es transversal y que afecta a la urgencia, siendo motivo real para pelear".

El director (s) del Hospital Regional, Boris Oportus, comentó que la unidad de Emergencia del recinto penquista no se escapa a la situación que se viven en otros servicios de estas características del país. No obstante, aseguró que están trabajando en resolver las problemáticas que los funcionarios exponen.

En el caso de los pacientes psiquiátricos, aseguró que en las últimas dos semanas ha existido una coordinación mejor con el área de hospitalización de psiquiatría y con los médicos del área que realizan visita en el Servicio de Urgencia: "Hemos disminuido en forma importante los tiempos de hospitalización o permanencia de estos pacientes en el servicio (Urgencia), logrando permanecer un número razonable de estos y por un tiempo menor al que existía antes".

En cuanto al tema de infraestructura, Oportus comentó que es complejo realizar trabajos de reparación sin afectar la atención. Sin embargo, comentó que se "han reparado e instalado nuevas puertas en los accesos, con mayor seguridad y resistencia. Se han instalado botones de pánico y se han generado puestos de trabajo de guardias dentro de la unidad, que no existían. Por lo tanto, son situaciones que a medida que se han ido planteando, se están tratando de reparar. Al mismo tiempo, otras demandas de mejoramiento de algunas unidades también se están contemplado realizar en un plazo relativamente corto".

Con el objetivo de conocer los avances del Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Coronel, instancia que está en marcha desde 2015 en la comuna, ayer se desarrolló en Concepción el primer Seminario Hacia la Transición Socioecológica Justa.

La actividad, que fue encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y en la que también participaron la delegada presidencial Daniela Dresdner, el seremi Óscar Reicher y miembros del concejo municipal de Coronel y del Consejo de Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de la comuna, tuvo un énfasis en los desafíos ambientales y sociales en el territorio.

En la cita, la ministra Rojas declaró que el cierre de las termoeléctricas es uno de los puntos que considera el trabajo de transición en el ámbito social. Asimismo, expuso que en el área ambiental que apunta a recuperar el territorio dañado "el Ministerio tienen ciertos instrumentos como son de calidad y de emisión, que se están trabajando y que son para regular el funcionamiento de las industrias (...) El trabajo es de diálogo y, por lo tanto, la pregunta es lo que quieren las personas que viven en Coronel; hacia dónde quieren transitar, por eso es importante que participen todos".

Sobre la no participación del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, que es crítico de este plan, la secretaria de Estado comentó que el jefe comunal está invitado y expuso que en la transición deben estar el Estado, el Gobierno Regional y la sociedad civil.

Con respecto al trabajo que se ha realizado en la comuna, la delegada Daniela Dresdner expuso que "creemos que el proceso de transición justa es el camino que hay que recorrer. Y tenemos el Plan Coronel, que hemos estado trabajando en conjunto para asegurar que se vaya avanzando en las medidas que Coronel necesita. Acá existe un compromiso real".

La presidenta del Sindicato de Algueras de Coronel y representante del sector social del CRAS de Coronel, Marisol Ortega, se refirió al trabajo que ha realizado el consejo y afirmó que "nosotros venimos trabajando en la comisión civil hace años. "Costó en primera instancia juntarnos con las empresas, sobre todo contaminantes, pero como se dice en buen chileno, en la mesa se resuelven las cosas, y pudimos ver qué necesitaba la gente y qué estaba fallando de parte de ellos".

El PRAS de Coronel es uno de los tres a nivel nacional, junto a Quintero-Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, y Huasco, en la Región de Atacama, pero es el primero que se realiza bajo el concepto de Transición Socioecológica Justa.

Más de 120 son las fiscalizaciones que la Seremi de Salud ha desarrollado en el último año a camping y piscinas en la Región del Biobío. El 42% corresponden a inspecciones desarrolladas en el último mes.

Señalética de autocuidado, mecanismos de desinfección de manos, manejo de residuos covid-19 en piscinas, presencia de señalética sobre normas de seguridad de bañistas, botiquín y lugar de atención de primeros auxilios habilitada, disponibilidad de agua potable, camping, son algunas de las materias que la Autoridad Sanitaria inspecciona en estos lugares de esparcimiento.

"Buscamos que durante esta temporada de verano las familias disfruten tranquilamente y en ambientes seguros. Es por eso que llevamos a cabo diversas inspecciones en campings y piscinas autorizadas para contar con las condiciones sanitarias adecuadas para el desarrollo de las actividades recreativas", contó el seremi de Salud, Eduardo Barra.

Específicamente, el equipo de Saneamiento de la Autoridad Sanitaria ha realizado 74 inspecciones entre diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de este año. Mientras que durante diciembre, que corresponde a la temporada 2022-2023, los funcionarios ya suman 55 fiscalizaciones.