Proponen ampliar atención psicológica y agilizar causas de víctimas del estallido social
Diversas instancias participan en mesa de trabajo convocada por el Gobierno, a través de la que se espera avanzar en la formulación de acciones que puedan ser incluidas en una Ley de Reparación Integral.
Con el objetivo es conocer las necesidades y propuestas a nivel nacional para generar una política y una ley de reparación integral, además de un mecanismo de reconocimiento y clasificación de estas faltas se está trabajando en en la Mesa de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, que ya tuvo una primera reunión en noviembre pasado en la zona.
La actividad, liderada por Haydee Oberreure, subsecretaria de Derechos Humanos, contó con la participación de víctimas, familiares y representantes de agrupaciones defensoras de los DD.HH., sumando casi 20 personas.
Una de ellas fue Rodrigo Lagarini, sobreviviente de trauma ocular luego de que una lacrimógena impactara su ojo derecho en octubre de 2019. El joven de 26 años participó también como representante de otros cinco afectados que no pudieron asistir al encuentro.
"Entre los sobrevivientes que yo conozco en Concepción pude contactar a algunos para hacer un petitorio con antelación y así llegar a la reunión con los puntos más importante a exponer", contó.
Eso sí, durante la actividad se realizó un método de trabajo en que se dividió a los invitados en dos grupos para que reflexionaran propuestas sobre qué consideraban ellos como una reparación completa, que al final serían presentadas a todos los participantes y autoridades.
Propuestas
Entre las ideas que destacó Lagarini está garantizar una atención psicológica sobre todo para aquellos casos que no considera el Programa Integral de Reparación Ocular que creó el Ministerio de Salud en 2019.
"Nosotros estamos todos dañados psicológicamente y la reparación que existe hoy es solo para los traumas oculares, pero una persona a la que le han disparado con perdigón o arma de servicio no tienen la posibilidad de asistir a tratamiento psicológico y siento que eso es algo que urge", indicó.
Esteban Arévalo, abogado y miembro de Unidas, una agrupación por la defensa de los DD.HH. del Biobío participó de la instancia y coincidió en lo manifestado por Lagarini, pues, según dijo muchas personas presentaron querellas, pero hasta la fecha no se les llama a declarar y otras tantas simplemente no declararon debido a la desconfianza con las instituciones.
"En Lebu, por ejemplo, un joven al que le impactó una bomba lacrimógena presentó una querella al INDH y nunca lo volvió a contactar ni citó a declarar. Ese es un ejemplo puntual que podemos replicar a cientos y quizá miles de casos, entonces esa cifra de 314 víctimas es bastante menor a la que nosotros estimamos que en la realidad existe", declaró el abogado.
Cabe mencionar que, de esos 314 casos informados por el INDH, hay personas con traumas oculares, heridos de perdigones, armas de servicio, bombas lacrimógenas, golpes, torturas y agresiones sexuales.
Falta de confianza
En cuanto a la instancia, consideró la conformación de esta mesa como "un paso fundamental en el reconocimiento por parte del Estado de que acá ocurrieron violaciones a los DD.HH.", precisó Arévalo y agregó que la idea es que se avanza en el trabajo de la mesa regional.
Para Rodrigo Lagarini, si bien concordó con que es un avance declaró que "aún hay mucha desconfianza en las instituciones porque nos han llenado de promesas y no han cumplido como corresponde". Por esto, añadió "necesito ver para creer y para sentir algún tipo de confianza porque ya han sido tres años de estar esperando y simplemente no confío", concluyó.
314 víctimas hay en la Región según el INDH, entre ellos hay heridos de perdigones, traumas oculares y/o agresiones sexuales, entre otros.