La Isla Santa María es el territorio insular más grande de la Región del Biobío. Allí viven más de 2 mil 500 personas, quienes desarrollan sus labores - en una gran mayoría- en actividades relacionadas con el mar y la agricultura. Día a día pescadores artesanales, agricultores, mariscadores y algueras, entre otros; conviven con la naturaleza en parajes con acantilados, loberías, balleneras, bosques de nalcas gigantes y un inmenso mar que quién lo contempla, sólo recibe fuerza y vida en su cuerpo.

Tal vez desde el continente podríamos imaginar que la vida allí es difícil y que existe una cultura especial, lo cual ciertamente es así. Por ejemplo, hasta hace poco no había camiones recolectores de basura. De hecho, la primera vez que logramos como municipio hacer llegar una de estas máquinas, los niños salían con mucho asombro e ingenuidad, para tocarlos y sacarse fotos. Es más, aún existe la tradición de colocar banderas rojas fuera de las casas cuando llega carne animal para la venta y por cierto, no existe sistemas de alcantarillado, por lo que es muy común encontrar fosas sépticas.

Ahí se hace ciudad, región, país y sobre todo patria. Ahí, donde si un niño sufre un accidente debe cruzar en bote artesanal al continente sorteando frio, miedo y fuertes marejadas, porque los protocolos de atención demoran a lo menos 4 horas para que funcionen (lo cual pocas veces ocurre). Ahí es el lugar donde falleció hace un par de meses un joven porque no alcanzó a recibir atención adecuada y respecto a lo cual el ministro de Transporte solo dijo: "no fue culpa de mi ministerio". Ahí es donde hasta este minuto la presencia de autoridades regionales y nacionales no se ha concretado.

Quiero decir con total sinceridad, que veo con desazón y envidia como autoridades firman convenios con grandes instituciones de nivel mundial para desarrollar políticas "innovadoras", o como el Gobierno habla de miles y miles de millones de pesos para ciencia y tecnología, o como la clase política discute temas como los tratados internaciones y estas cosas, sencillas, humildes... no están en la agenda de prioridades.

A través de estas palabras, le digo a las autoridades regionales y nacionales que me parece fabuloso que pensemos en grande y que nos desafiemos a alcanzar la vanguardia en muchas materias. Pero creo que antes de eso debemos emparejar la cancha, buscando la manera de resolver temas tan necesarios como son garantizar a los habitantes de la región - y en este caso de nuestra muy querida Isla Santa María - a necesidades básicas como salud, luz, agua, vivienda, alcantarillado y sobre todo conectividad.

Tenemos una bella oportunidad de hacer algo realmente importante y para ello creo que solo requieren decisión, convicción, voluntad y algo de dinero.

Mientras tanto les digo vengan, los invito muy cordialmente a este hermoso lugar.

El trabajo de cuidados, que es reproductivo en tanto hace posible el productivo, aportaría más del 20% del PIB si se usara esta medida de valoración. Pero, no genera ingresos monetarios ni reconocimiento para quienes lo desempeñan; por el contrario, implica una carga.

Esta labor ha recaído tradicionalmente en las mujeres a toda edad, aunque les afecta más en la etapa en que pueden y quieren trabajar, limitando el acceso y las posibilidades de perfeccionamiento laboral. La pandemia dejó una clara demostración de esto; donde las mujeres debieron asumir un doble y triple rol en medio del confinamiento: Trabajo a distancia, mantención del hogar, cuidado y apoyo escolar de hijos e hijas, y cuidado de adultos dependientes.

El resultado es un párrafo más en la historia de violencia contra las mujeres. Violencia silenciosa y muchas veces invisible, pero que cobra relevancia en la conmemoración numero 41 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, y más aún con la creciente reflexión respecto a las políticas y sistemas de cuidado.

Estos sistemas suponen un enfoque de derechos en primer lugar y un cambio cultural paulatino que otorgue valor al cuidado, imprescindible para la sociedad. Y al mismo tiempo, implica asumir que es la sociedad en su conjunto quien debe proveer de condiciones materiales para el desarrollo de una vida digna y plena.

La buena noticia es que las decisiones están avanzando. En la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el OD5 insta al reconocimiento y valoración de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados como una de sus metas; en tanto La Agenda regional de Género (América Latina y el Caribe) ha hecho un llamado a "superar la división sexual del trabajo y promover el cuidado como un derecho". En Chile, el actual gobierno anunció en junio la creación del Sistema Nacional de Cuidados, Chile Cuida, que tiene como misión, acompañar y apoyar a las personas en situación dependencia, sus cuidadores y cuidadoras, sus hogares y su red de apoyo, mediante servicios coordinados por las municipalidades.

Como señala CEPAL, la sobrecarga de cuidados limita la posibilidad de las mujeres de alcanzar la autonomía. Algunos espacios, como Fundación Trabajo Para un Hermano Concepción, han intencionado vías de cambio, especialmente hacia las mujeres en vulnerabilidad; por ejemplo, con el programa de Capacitación en oficios con enfoque de género, el cual es financiado por el Gobierno Regional del Biobío. En este y en cada proyecto vemos que las responsabilidades asociadas al cuidado son una limitación importante para acceder de forma sistemática a espacios de formación, desarrollo y generación de ingresos propios, lo que impide romper el círculo de la pobreza e inequidad, que afecta mayormente a las mujeres.

Así, ya se vislumbra el camino para avanzar paulatinamente en la eliminación de la violencia hacia las mujeres y la postergación de su desarrollo integral. Una senda trazada que hoy requiere de decisiones y acciones donde todos/as somos corresponsables. Ya que, sin una mirada y abordaje integral, las labores de cuidado y la violencia doméstica seguirán afectando a las mujeres, limitando sus posibilidades de desarrollo humano y profundizando las brechas sociales y económicas.

En Chile nadie puede asegurar que no será víctima de un hecho de violencia: un asalto, el robo del auto, incluso recibir un disparo en medio de una balacera. Muchas actividades sociales que se realizaban en la tarde o noche, se están haciendo durante el día. Es habitual escuchar decir: "ya no salgo por la noche", "tengo miedo", etc. etc. Este es un fenómeno muy complejo y, lamentablemente, difícil de resolver.

Echarle la culpa exclusivamente al gobierno de turno y a las instituciones responsables de la seguridad es lo más simple, pero es equivocado porque no solamente no soluciona el problema sino que no va a la raíz de las causas que lo originan. Se echa de menos mayor rigurosidad en el análisis y medidas no sólo de corto plazo (como el copamiento policial en las calles, estado de excepción en algunas regiones, cámaras por doquier, etc,) sino que también de mediano y largo plazo. Estas dos últimas instancias son escasas. La realidad nos hace pensar que la delincuencia en todas sus formas va a ir en aumento, y los protagonistas serán cada vez más jóvenes, más violentos y más temerarios.

Por otro lado, es fácil e injusto culpar a los migrantes. Eso es ofensivo. Sin embargo, es de gran relevancia frenar la migración descontrolada y con la lentitud de los procesos que les permite ser ciudadanos con derechos y deberes.

La delincuencia en Chile se ha ido gestando a través de los años como consecuencia de políticas públicas frágiles en temas de educación, superación de la pobreza, marginalidad y controles fronterizos y aduaneros adecuados. La cultura de la muerte se ha ido impuesto en la sociedad y, lo que es peor, poco a poco nos estamos acostumbrando.

Si no hay un giro copernicano para tratar este tema donde confluyan todos los estamentos de la sociedad, los ciudadanos no sólo se encerrarán más en sus casas sino que tomarán la justicia por sus propias manos, lo que sería una tragedia nacional y un desastre. De hecho hay más armas circulando, según se sabe.

Urge potenciar el estado de derecho, las instituciones públicas en general y el ministerio público y las policías en particular, así como gendarmería, el servicio de impuestos internos y aduanas. Si se denostan o se siembra la desconfianza en ellas, la delincuencia y el crimen organizado será más activo y potente.

Por otro lado es menester detectar a los grupos de personas que requieren más ayuda y presencia del Estado y entregarles un decidido y amplio apoyo. La marginalidad y sensación de abandono abre la puerta al surgimiento de verdaderos "estados paralelos".

En el mediano plazo hay que repensar el sistema educativo; lamentablemente el futuro de una persona está muy vinculado al lugar donde se estudia y el barrio en que se habita. Ese círculo vicioso hay que desarticularlo. En ese sentido, la educación pública ha de ser más valorada, más reconocida y decididamente apoyada. Para ello hay que reconocer a los profesores como los profesionales más importantes del país. Es una deuda pendiente. En ese mismo ámbito, los programas de estudio deben tender a valorar más la dignidad del ser humano desde la infancia y el valor del otro por el sólo hecho de existir. Ello exige contenidos más centrados en la verdad, la justicia, el valor de la palabra empeñada y el trabajo bien hecho. La cultura cleptocrática que promueve la trampa, el atajo fácil y la mal llamada "mentira piadosa" ha hecho un daño inmenso. Fortalecer la dimensión religiosa del pueblo chileno que lleve al actuar conforme al bien, la verdad y la justicia es un camino a recorrer. Así, tal vez en 30 años más podremos salir a la calle tranquilos porque el que está al lado nuestro comprenderá lo que significa un ser humano, y querrá abrazar y no denigrar su humanidad. Por último es fundamental tener un proyecto de país compartido que se entiende como una mesa para todos y no un lugar para competir los unos contra los otros, donde prima la lógica de que el fin justifica los medios.