Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl

Viajar en micro casi siempre es una buena opción. Primero, hay que tener en cuenta que el uso de este medio de transporte ayuda a disminuir la gran congestión que hoy se palpa en las principales vías penquistas, es decir, subirse a un taxibús equivale a dejar un buen número de autos particulares en casa. En segundo lugar, y bajo la misma lógica, el hecho de preferir las máquinas de tonalidades azules que recorren el Gran Concepción permite también aplacar los efectos de la contaminación que tiene en jaque al planeta.

Digo "casi" al principio porque, lógicamente, no todo es color de rosas. En los últimos días Concepción se tomó parte de las redes sociales y las plataformas noticiosas a raíz de dos videos que involucraron a estas entrañables micros azules. En uno, por ejemplo, se observa cómo el terror sacude a un grupo de pasajeros de la línea Denavi Sur, quienes presenciaron un violento enfrentamiento que involucró a personas armadas en el marco de un posible ajuste de cuentas. En la ocasión hubo hasta amenazas de muerte y lo peor es que todo ocurrió justo al lado del conductor y en medio de gritos de auxilio.

Con los días, otro material audiovisual fue subido a las redes: en una acción imprudente, una joven tomó el volante de un chofer de la línea Mi Expreso debido a que este no quiso detenerse donde ella quería, lo que puso en riesgo la vida de las demás personas.

Desde los gremios del transporte licitado reconocen carecer de una estadística asociada a hechos como los anteriores, o a robos u otros delitos o faltas sucedidas al interior de sus máquinas, cosa de la cual hacen un mea culpa y se comprometen a evaluar de cara al futuro, sobre todo en vista de que Carabineros y la Seremi de Transportes tampoco precisan de estos datos, según ambas instituciones. Pese a ello, advierten que de un tiempo a esta parte los casos de violencia se han mantenido estables, por decirlo de alguna manera. El problema, sin embargo, lo sienten en la forma y en la fuerza de los mismos, ya que dicen que desde el estallido social, más aún este año, los casos registrados demuestran una mayor violencia. Ya no solo advierten la utilización de armas blancas o las amenazas de los delincuentes, sino que también el uso de armas de fuego, la desfachatez a cara descubierta "y el balazo al tiro".

Desde el Consejo Superior del Transporte Urbano (CSTU), entidad que agrupa a unos 1.500 taxibuses del Gran Concepción, cerca del 75% de la flota total que hay en el área, dicen que este fenómeno es algo que hoy preocupa. Enfatizan, además, que las únicas herramientas que tienen a la mano para enfrentar o disuadir dichas situaciones son las cámaras de videovigilancia instaladas dentro de las máquinas -en todas, según afirman-, un factor que consideran insuficiente y que es costeado por los empresarios del transporte.

Las claves

Herman Rojas, abogado y asesor del CSTU, comenta que el tema de la inseguridad en las micros, tanto en la violencia sufrida por los choferes y los pasajeros, debe ser enfrentada de acuerdo a dos focos. Por un lado, llama a la función pública a que sea capaz de brindar seguridad durante las noches y en ciertos paraderos o sectores periféricos como los cerros de Talcahuano o en barrios de Chiguayante y San Pedro de la Paz.

Por otro, cree que la clave está en las gestiones para dejar atrás el pago con dinero en efectivo e implementar mecanismos automatizados de pago, tal como sucede en la Región Metropolitana. Al respecto, Rojas cuenta que el gremio al que representa ha llevado adelante un trabajo serio, con el ánimo de concretar un nuevo sistema con medios digitales o tarjetas electrónicas.

"Estamos viendo esto, quizá con una visión más moderna, para poder implementarlo en 2023. Hoy no podemos dar nombres de proveedores, pero sí podemos anunciar que el gremio trabaja en la posibilidad de implementarlo el próximo año. Estamos bajo la idea de implementarlo a costo empresarial, sin apoyo del Estado, pero sí necesitamos su coordinación y apoyo político", adelanta el abogado.

El empresario Arturo Giusti, presidente de la Federación de Transporte de Pasajeros de Concepción, precisa que esta es una labor que, a la fecha, solo se ha concentrado en el gremio local. Recuerda que con el gobierno se ha conversado en innumerables veces desde, al menos, una década, sin mayores resultados.

"Hace más de diez años que estamos tratando de implementar el sistema, pero hemos tenido una serie de inconvenientes. Ahora, sin embargo, estamos trabajando de nuevo y pensamos que deberíamos actuar sí o sí. De hecho, el gremio general del Gran Concepción piensa en que esto se debería concretar lo más pronto posible, y el gobierno también tiene la inquietud", asegura.

Mirada del ejecutivo

Al hablar de violencia en las micros locales, la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Claudia García, dice que la incidencia de casos es bastante baja, pero que aún así trabajan junto a la Delegación Presidencial en un plan regional de seguridad pública, en donde hay aspectos de esta materia relacionados al transporte público. Actualmente, esta medida se evalúa y pone el foco en lo que es la violencia callejera contra las mujeres.

"Una de las cosas que más valoramos en nuestro sistema del Gran Concepción es la existencia de cámaras de seguridad en toda la flota, lo que ha permitido tener un efecto coercitivo frente a la violencia, porque quedamos con los registros de todo lo que sucede al interior de los vehículos", sostiene la seremi.

Al ser un asunto multidimensional, la inseguridad y la violencia son materias que deben ser abordados desde distintas líneas. Aquí, cuenta la seremi, asoma el espacio público y el trabajo de seguridad con otros actores del territorio. "Por ejemplo, esperamos llevar a cabo durante el próximo año paraderos inteligentes, en donde podremos instalar botones de pánico y dar información al usuario de manera continua, es decir, otorgar más elementos de seguridad en lo que es la infraestructura", afirma. En principio, esta labor se concretaría en 20 paraderos con la ayuda de algunas universidades y a través de un financiamiento compartido entre el Ministerio y el Gobierno Regional.

En la misma línea del gremio, la seremi García revela que la puesta en marcha de un mecanismo electrónico de pago es una tarea que está en proceso.

"La primera etapa es la implementación del perímetro de exclusión y luego estaremos impulsando el tema del recaudo electrónico, que es lo que va a evitar manejar dinero en el transporte público. Creemos que dentro de 2023 esto ya va a estar encaminado", concluye.