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Aunque en esencia ha sido un tema técnico, la onceava modificación del Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC) se tornó un escollo complicado y polémico a raíz de las claras diferencias políticas entre autoridades o las mismas organizaciones socioambientales y actores privados presentes en el territorio. Finalmente, la discusión de nueve años decantó la semana pasada en una reversión mandatada por la Corte Suprema, situación que llevó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y al Gobierno Regional a optar por dejar atrás el actual proceso y apostar por una nueva herramienta que, en el mejor de los casos, podría finalizar a inicios de 2026, pero siempre y cuando haya un sólido esfuerzo de coordinación, según ha dicho la seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo.

Desde 2003 a la fecha, el plan que comprende a casi todas las comunas de la Provincia de Concepción, a excepción de Florida, ha sufrido 10 modificaciones efectivas. La idea de concretar la número 11 comenzó a gestarse en 2013 a causa de varias razones: el ajuste a la jurisprudencia generada por la Contraloría sobre la elaboración de planes reguladores comunales e intercomunales, los cambios normativos de urbanismo y construcción, la actualización de los polígonos urbanos comunales, la concordancia con los lineamientos regionales como la Estrategia de Desarrollo Regional, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, entre otras.

Los mayores sobresaltos, sin embargo, llegaron varios años más tarde con la realización de la consulta pública abierta en noviembre de 2018 y que dio como resultado más de mil observaciones. En ese período ya se vislumbraban algunas diferencias, pues mientras unos actores destacaban el hecho de hacer parte a la ciudadanía, otros, en tanto, reclamaban que esta no era vinculante y que solo se enfocaría en el ámbito productivo.

Los hitos polémicos

El año 2021 fue clave. En agosto, por ejemplo, se experimentó la sorpresiva votación en el Consejo Regional. Con 13 votos a favor y 10 en contra, la modificación fue aprobaba y esfumó la confianza previa del gobernador Rodrigo Díaz y su equipo, quien sufrió su primer revés político por el hecho de apostar todas sus cartas a una eventual "negativa fundamentada" de los consejeros que no se consiguió. El Gobierno Regional buscaba el rechazo para dar más tiempo a la discusión e incluir principios de sustentabilidad, o instalar una mesa de trabajo junto al Minvu.

Dos meses más tarde, el plan fue ingresado a Contraloría y el ahora exsenador Alejandro Navarro acudió a la Corte Suprema para presentar un recurso producto de la falta de una consulta indígena en el proceso. Fue esta acción del exlegislador la que explotó el sábado pasado, luego de que el máximo tribunal dejara sin efecto la votación de los consejeros y obligara a retrotraer "todos los actos que de ello derivaron, debiendo proceder las autoridades, de forma coordinada, a iniciar un proceso de consulta indígena".

Previo a este reciente hecho, en marzo de 2022, la Contraloría había determinado no tomar razón de la herramienta que en su esencia orienta y regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de las comunas locales. Es más, el órgano fiscalizador realizó en ese momento 48 observaciones, cuestionando los plazos que tomó en consideración Vivienda para tramitar las indicaciones, así como las imprecisiones respecto a la evaluación ambiental estratégica y el resguardo a espacios como el Santuario de la Naturaleza de Hualpén o los humedales urbanos de Coronel y Hualqui. Esto llevó a las autoridades a iniciar la tramitación de las 48 respuestas, pero también a dar curso a la elaboración de un nuevo PRMC, opción que cobró total fuerza tras el fallo de la Corte Suprema.

Oportunidad

La actualización entrará a una fase de cierre administrativo y la mirada estará puesta en el establecimiento de un nuevo plan. Académicos de la zona reconocen que esta nueva aventura a la que entrarán las instituciones no será para nada sencilla. Más bien la califican como "compleja", en el entendido de que la construcción del PRMC podría tardar varios años.

Eso sí, recalcan que no es bueno decir que este será un trabajo que comenzará "desde cero", pues el camino recorrido estos últimos años permitirá brindar insumos valiosos para su elaboración. Por eso, advierten que "bien vale la pena darse el tiempo para poder repensarlo, analizar y hacer un juicio crítico".

Leonel Ramos, arquitecto y director del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, dice que no hay que asustarse, pues este tipo de estudios suelen tener siempre elementos que ayudan y sirven de base para dar los siguientes pasos.

"Pienso que el tema medioambiental y el tema de la participación vinculante de las comunidades son dos asuntos críticos que hay que abordar en este nuevo enfoque. Si no somos capaces de conciliar estos dos puntos, será difícil aprobar el instrumento", sostiene el profesional, quien luego explica que a través de la primera materia es vital atender y profundizar mucho más la sensibilidad asociada a la conservación de humedales o bosques.

Respecto al segundo punto, cree que "ya no se puede seguir pensando que estas herramientas se hacen entre cuatro paredes, ya que son las comunidades las que más conocen sus territorios y deben sentir que están reflejadas en las normativas".

El plazo propuesto por Vivienda para finiquitar el nuevo trabajo fue fijado bajo los parámetros de un hipotético escenario óptimo de coordinación. Desde la academia aseguran que es muy probable que haya nudos, por lo que será relevante apoyarse del conocimiento de la ciencia y establecer metodologías de participación ciudadana eficientes y vinculantes, a fin de acortar lo más posible la tramitación.

La docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, sede Concepción, Alejandra Muñoz, analiza los años venideros en los que seguirá vigente un plan de hace 19 años. Si bien dice que la onceava modificación no era la mejor, plantea que el hecho de quedar con un plan obsoleto no ayudará a proteger, por ejemplo, las zonas rurales alrededor del Parque Nacional Nonguén. "Hay varios temas con las subdivisiones prediales en los sectores rurales que no se van a ver beneficiadas por lo que podría haber aportado la actualización", comenta.

Por lo mismo, Muñoz espera que las incertidumbres, como los procedimientos o tiempos de la consulta indígena -que será apoyada por la Conadi-, puedan resolverse pronto.

"La oportunidad de partir con un nuevo PRMC nos da la posibilidad de tener una participación temprana e informada y en donde se puedan abordar los temas de riesgo, protección ambiental y calidad de vida, algo que la onceava actualización no tocaba", cierra la académica.