La ciudad es un sistema dinámico y complejo. En cierto sentido se asemeja a un organismo vivo, que crece, cambia y cuya salud depende del funcionamiento de órganos especializados y sistemas que actúan de manera perfectamente coordinada e interdependiente.

Pero hay una diferencia importante. En el caso de los organismos vivos, la ubicación, el tamaño y la forma de interacción y funcionamiento de cada uno de sus componentes fueron resueltos por la naturaleza. En el caso de las ciudades, quienes habitamos en ella debemos ponernos de acuerdo para establecer esa coordinación que permite la existencia y la "salud" de la ciudad.

Es por esto que las ciudades metropolitanas deben implementar acuerdos amplios que permitan definir cómo y en qué se utiliza el territorio que la conforma. Para eso existen los Planes Reguladores Metropolitanos: establecen un ordenamiento de la ciudad, definen qué actividades se pueden desarrollar en cada zona y qué requisitos y condiciones deben cumplirse para implementar ese desarrollo. En el caso del área metropolitana de nuestra región, el acuerdo vigente se suscribió en 2003 (¡19 años!), hasta la fecha se le han hecho 10 modificaciones y la 11° ha tardado hasta la fecha 11 años y aún no termina, lo que tiene a nuestra ciudad regida por un plan insuficiente y que no da cuenta de la realidad.

Desde el Gobierno Regional del Biobío planteamos serias diferencias con la modificación que el año pasado se propuso al PRMC y que fue sometida a votación del Consejo Regional. A la luz de los hechos, no estábamos equivocados al votar en contra. Las propias observaciones posteriores de Contraloría refrendaron la postura del GORE, cuya mirada frente a este tema ha sido clara: necesitamos un nuevo Plan Regulador Metropolitano, pero uno desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad y aplicabilidad.

Creemos que es necesario convenir de manera urgente un amplio acuerdo político y social para elaborar un plan que proyecte nuestra ciudad hacia el futuro. Este proceso debe ser participativo, basado en evidencia sólida, mirar el futuro y abordar sus desafíos.

Nos merecemos una ciudad que brinde calidad de vida a sus habitantes, con buenas y expeditas vías de circulación, con tecnología, que permita el surgimiento y crecimiento de empresas y emprendimientos, que se haga cargo de los desafíos del cambio climático y de la protección del paisaje, en resumen, que permita que niños, jóvenes, adultos y ancianos puedan trabajar, estudiar, emprender, crear y vivir en ella.

Para conseguir este objetivo, todos los actores públicos tenemos la responsabilidad de poner a disposición de este esfuerzo nuestra inteligencia, energía y generosidad para participar, buscar acuerdos importantes, dejando de lado pequeñas victorias mezquinas y de corto plazo, para construir una visión común de la ciudad en que vivirán nuestras hijas e hijos. La vida y la salud de nuestra ciudad depende de ello.

El reciente fallo de la Corte Suprema que deja sin efecto la aprobación de la 11° Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Concepción pone de manifiesto otro fracaso colectivo en la preservación de nuestro territorio y nuestro medioambiente.

Efectivamente, la administración pública ha fallado en desarrollar un plan desde la gobernanza y el consenso que considere, además de la consulta indígena, a otras voces que alertaban de la falta de consideración de riesgos, la poca atención a las zonas periurbanas y la consolidación de una superficie desproporcionada de Áreas de Extensión Urbana, entre otros problemas. Esta modificación se ha construido pensando en una expansión urbana que utiliza el valioso suelo alrededor de las ciudades con una prodigalidad inexplicable desde su uso eficiente, sin considerar adecuadamente las proyecciones de crecimiento poblacional previstas para los próximos años, ocupando espacios de gran valor ecológico y soslayando evidentes riesgos naturales y antrópicos.

Si bien la modificación no alcanzaba los niveles deseados de protección sobre las áreas naturales y rurales que muchos deseaban, también es cierto que avanzaba sobre un plan anticuado que, a falta de algo mejor, continuará vigente durante un buen tiempo hasta que se construya una alternativa. Este fallo deja en una situación muy precaria el territorio rural y periurbano en torno al Área Metropolitana de Concepción y, particularmente, al Parque Nacional Nonguén, acosado por la progresiva edificación en su entorno que amenaza con aislarlo definitivamente.

El tiempo que resta hasta que se logre un nuevo Plan plantea grandes incertidumbres: ¿continuarán las subdivisiones prediales en áreas rurales? ¿Se mantendrá la expansión de primeras y segundas residencias en estos sectores? ¿Podrán mantenerse los precarios corredores que conectan el Parque Nacional con otras zonas naturales y frenar los proyectos inmobiliarios, de infraestructura viaria y energética que lo amenazan? En definitiva ¿sabremos ver que nuestro futuro está en que la naturaleza se incorpore a la ciudad en lugar de pretender que la ciudad ocupe los espacios naturales?

El desarrollo urbano actual no puede construirse sin una mirada integral que sume al bienestar social y económico otras variables vinculadas a la protección y restauración del medioambiente. Entender el territorio como paisaje aporta una mirada abierta que incluye su memoria y trasciende el sesgo utilitarista que lo concibe únicamente como recurso de valor económico. Va siendo hora de preguntarse qué podemos aportar al paisaje, porque ya tenemos muy claro lo que él nos ofrece: todo.

El fallo de la Corte Suprema que anuló la votación del CORE respecto del Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción (PRMC) abrió una serie de interrogantes sobre este tipo de instrumentos de planificación territorial (IPT) y de otros que tienen como objetivo el ordenamiento de las ciudades.

Las preguntas que surgen abarcan distintas aristas y van desde si ¿una sentencia de este tipo puede hipotecar o retrasar proyectos de relevancia social para la Región, como la Ruta de Pie de Monte?, ¿cuánta es la incidencia de esos mecanismos de planificación en la vida diaria de los habitantes? y, finalmente, ¿son éstos el reflejo actualizado del ritmo de crecimiento de un territorio?

Como dato, según el Banco Mundial, al año 2021, el 88% de la población en el país vive en una zona urbana. Por lo tanto, esto demanda que existan instrumentos de planificación territorial que ordenen y mejoren el desarrollo de comunas y áreas metropolitanas.

En la región del Biobío, de las 33 comunas el 79% de ellas posee un Plan Regulador Comunal (PRC). En un 49% de esos territorios estos instrumentos están vigentes. Un 30% se encuentran en fase de modificación, un 6% en etapa de formulación y un 15% son comunas que no cuenta con un PRC. Esto, de acuerdo al Estudio de Planificación Comunal en Chile 2021 elaborado por la CChC.

A nuestro juicio, como requerimiento básico no sólo se necesitan planes adecuados, sino, que sean eficientes, ágiles y dinámicos en su gestión, desarrollo y vigencia.

Sin embargo, esto al parecer no se estaría cumpliendo. Desde hace bastante tiempo, en la práctica los IPT no contribuyen a resolver el bienestar de los ciudadanos en el territorio. Esto se atribuye a que, muchas veces, la decisión política prima por sobre la técnica, generando escenarios desapegados a la realidad.

Se suma que los plazos fijados para procedimientos de análisis, diagnóstico y diseño de los IPT son excesivos. Así, cuando éstos entran en vigencia, ya están obsoletos y obligan a ser modificados una y otra vez, puesto que la ciudad evoluciona a una mayor velocidad.

Es fundamental que estos instrumentos puedan estar al día con el devenir y desarrollo de las ciudades. Es decir, lo ideal es que se basen en información actualizada, procesada y publicada, como la que entregan hoy instrumentos de inteligencia artificial al servicio de la planificación y que son una verdadera réplica del mundo real, aportando a la predicción de escenarios urbanos. Su uso basado en información, simulación y modelos predictivos deben incorporarse como una obligación en su desarrollo.

Estamos seguros que el futuro City Sience Lab Biobío, dependiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), nos permitirá avanzar firmemente en este camino.

Asimismo, creemos que la gestión de estos instrumentos debe estar en manos de los Gobiernos Regionales, tanto administrativa como financieramente, siendo parte de sus competencias.

Es claro que un IPT de esas características: actualizado, vigente y con una conexión con las necesidades de los ciudadanos permitirá tomar decisiones que propendan a mejorar el entorno y servicios, a generar una movilidad sostenible y a ordenar los lugares de vivienda y trabajo para desarrollar ciudades inteligentes y sustentables.