Por Felipe Cuevas Mora

La situación de la provincia de Arauco en materia de inversión pública es uno de los focos principales que abordará el Comité Regional de Seguimiento de Inversión, liderado por la delegación presidencial y algunos secretarios ministeriales.

Situación que, a la luz de las cifras, muestra un complejo panorama que se acrecienta ante la crisis de violencia rural: del total de 109 proyectos que se están tramitando en Desarrollo Social con un presupuesto de $60 mil millones, solo 51 recibieron asignación presupuestaria en la partida 2022 con un presupuesto total de $9.668 millones, y 20 se están ejecutando en sus distintas etapas.

Entre el total, hay diez proyectos que cuentan con asignación presupuestaria para el próximo año de $10 mil millones.

El panorama se agudiza aún más considerando que varios de estos proyectos pertenecen al plan de zona de rezago, que se decidió prolongar por dos años más, y que hasta hace algunas semanas tenía una ejecución de un 41%, inferior al mínimo solicitado (75%) para sumar una segunda zona al plan.

Estado de avance

En el detalle que entrega la plataforma del Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social respecto a la ejecución de los proyectos, de las 109 iniciativas para el periodo 2022-23 -de los cuales diez corresponden al próximo año- un total de 20 se encuentran en fase de ejecución, entre ellos la reposición de la Feria Techada en Lebu, el mejoramiento de la Plaza Caupolicán y la construcción del Polideportivo de Cañete, la normalización de la Unidad de Imagenología del Hospital de Curanilahue o la reposición del Puente Serrano de la misma comuna.

En el caso de los restantes 79 proyectos, estos se encuentran en etapas iniciales o no han contado con el visto bueno para iniciar las respectivas licitaciones, según indica la plataforma ministerial.

La inversión total destinada para este año, que supera los $9.668 millones, está centrada fundamentalmente en Seguridad Pública (24,93%), proyectos intersectoriales (12,74%), Transporte Caminero (12,91%) y Proyectos de Aguas Servidas (10,89%), y en materia de instituciones que han asignado un mayor monto presupuestario para este año están el Gobierno Regional ($3.396 millones), Carabineros de Chile ($2.408 millones) y el Ministerio de Salud ($1.563 millones).

La cifra global es superior a los montos asignados el año pasado que llegaron en materia de inversión pública a $9.434. Sin embargo, es significativamente inferior respecto a los $25.152 millones destinados en 2014 o los $24.184 millones destinados en 2017. Esto se refleja también en como la cifra de arrastre en materia de inversión pública ha escalado a poco más de $7 mil millones.

Situación compleja

La delegada presidencial Daniela Dresdner indicó que "hemos visto que hay proyectos bloqueados en su avance, como las licitaciones desiertas, el aumento de los precios o empresas que han abandonado proyectos, sobre todo en la provincia de Arauco. Nuestra labor es ir avanzando en solucionar esos problemas que afectan a las personas, porque también han afectado aspectos como la seguridad en la provincia".

Respecto a la baja inversión y los esfuerzos que se buscará realizar desde el Ejecutivo, apuntó a que "se está trabajando desde hace mucho tiempo en esta situación ya que, por ejemplo, ha habido un aumento al tope presupuestario que tienen estos proyectos que tienen Resolución Satisfactoria, y en eso debemos avanzar, considerando también el aumento del costo en los materiales".

El seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo planteó que "hemos tenido problemas con algunos proyectos en la provincia por el tema de la seguridad, con licitaciones sin oferentes o ofertas sobre lo licitado y hemos debido hacer regulaciones. Hay situaciones cotidianas que se han dado respecto a la falta de oferta, pero también los costos excesivos que se proponen".

Una comitiva de representantes de la Asociación de Municipalidades del Biobío se reunieron este miércoles con el gobernador Rodrigo Díaz para abordar la compleja situación en materia de los subsidios al transporte escolar en zonas rurales, donde los alcaldes representados en los integrantes de la Comisión de Educación, indicaron que los fondos correspondientes no han sido traspasados directamente a los municipios para su ejecución.

El alcalde de Mulchén y vicepresidente de la Asociación, Jorge Rivas comentó que "pudimos compartir nuestras preocupaciones, con la rebaja del FAEP que se utiliza en gran medida para el apoyo a la gestión en educación pública y traslado de nuestros alumnos en zonas rurales. Se nos descontarán en promedio cerca de $100 millones y la preocupación está dada por cada uno de los departamentos de educación de las comunas, por lo que esperamos una buena solución".

El alcalde de Negrete y presidente de la Comisión de Educación, Alfredo Peña en tanto dijo que "es un problema que se debe ver a nivel del Gobierno, ya que se ha retrasado el proceso de desmunicipalización y eso ha hecho que los recursos disminuyan. Es una urgencia y tremenda responsabilidad que se debe llevar a cabo de parte del Gobierno, pero no hemos tenido respuesta hasta ahora y el gobernador nos dejó tarea, para abordarlo en el presupuesto 2023".

Tras la cita, el gobernador Rodrigo Díaz indicó que "la plata del FNDR es la misma, por ejemplo, si se destinan fondos para subsidios, en este caso para transporte escolar o transporte público para zonas donde no llega transporte licitado (Cocholgue en Tomé), se deja de entregar fondos para otras cosas. En ese sentido, aquí hay un tema profundamente político, porque el centro les quita plata a las comunas, por lo que el municipalismo debe exigir al Estado que resuelva sus problemáticas, bajo el argumento de un abandono a la Educación Pública".

Lo anterior, argumento la autoridad regional, "de acuerdo a las realidades de cada municipio, porque hay comunas con más y menos recursos. Se debe focalizar en las comunas con menos recursos, porque la pelea es de protección a las niñas y niños de áreas rurales, el cual es un problema nacional".

Agregó que, "si bien vamos a recuperar presupuesto para el próximo año, es insostenible que los Gobiernos Regionales financien la educación en cualquiera de sus dependencias. Es responsabilidad de los gobiernos dar respuesta y ninguno de los que han pasado, independiente del color político, ha dado una respuesta a las demandas del área de la educación".

Inspectores del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes en la Región detectaron este miércoles un bus de transporte escolar cuyo modelo no se ajustaba al inscrito en su documentación y que además contaba con el chasis visiblemente adulterado, levantando sospechas de un posible caso de clonación.

El control se realizó en San Pedro de la Paz, donde los fiscalizadores constataron que, si bien el bus contaba con toda su documentación y estaba inscrito como transporte escolar, el modelo era diferente al que se señalaba en la documentación del vehículo y además el chasis no correspondía y se encontraba visiblemente adulterado.

De acuerdo a lo consignado por los inspectores, la patente observada en el control anteriormente había correspondido a un servicio interurbano, pero había aspectos que no se ajustaban al modelo del vehículo como falta de focos delanteros, diferencia en el tipo de motor y lo observado en el chasis.

La seremi de Transportes Claudia García Lima, valoró el trabajo de los fiscalizadores y dijo que "de acreditarse la posible clonación, adquiere mayor relevancia este control ya que el bus trasladaba diariamente a cerca de 30 estudiantes de San Pedro de La Paz desde sectores como Villa Los Escritores, Michaihue y Boca Sur".

Carabineros adoptó el procedimiento de este caso, el conductor del vehículo quedó detenido, mientras que la fiscalía decretó la incautación del bus para que el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículo (SEBV) realice los peritajes correspondientes.