Por Diana Aros Aros

Un total de 28 robos de cables de cobre ha registrado este año la compañía de electricidad Frontel en la Región del Biobío. Los eventos son equivalentes a más de 50 mil metros de este insumo, es decir, son cerca de siete mil kilos, aproximadamente. La cifra supera lo registrado durante 2021, donde se verificaron 21 ilícitos con 44 mil metros de cable sustraído, siendo Mulchén la comuna más afectada con 8 casos de sustracciones de tendido eléctrico.

En esta temporada, Mulchén sigue siendo la comuna donde la distribuidora ha evidenciado más robos, con un total de cinco casos en lo que va de 2022. En total, se han hurtado 4.120 metros en dicha ciudad, a la que le sigue Santa Juana con cuatro incidentes correspondientes a 9.200 metros robados.

En el caso de las comunas de Hualqui y Florida, estas han registrado tres sustracciones, con 7.200 y 4.460 metros robados de cable de cobre, respectivamente.

La abogada de la compañía de electricidad, Carolina Barril, señaló que "desde que se creó la mesa de trabajo contra el robo de cable de cobre, Frontel ha participado activamente en la coordinación de acciones que buscan frenar este delito, el que lamentablemente afecta la calidad y continuidad del suministro de cientos de familias, servicios públicos y empresas".

Acciones legales

El pasado jueves 4 de agosto Frontel se vio afectada por el robo de más de 900 metros de cables en Yumbel, por lo que la compañía presentó una querella con el objetivo de buscar a los autores del ilícito, o cómplices o encubridores del hecho, a fin de que la situación sea investigada por las autoridades respectivas. La acción judicial se presentó ante el Juzgado de Letras y Garantía de dicha comuna, la que fue declarada admisible al cumplir con los requisitos legales para ser remitida al Ministerio Público.

En concreto, el robo afectó al sector San Cristóbal, donde se sustrajo casi un kilómetro de cable de cobre, afectando a un total de 4.046 clientes de la comuna. El gerente zonal de Frontel, Fernando Caire, sostuvo que el hecho logró normalizarse gracias a maniobras y traspasos de carga, recuperando el servicio a la totalidad. "Es preocupante la situación, porque, lamentablemente, están aumentando este tipo de ilícitos. De enero a la fecha se han sustraído más de 50 mil cables de cobre en la Región, siendo los sectores rurales los más afectados".

Desde la Coordinación Regional de Seguridad Pública, perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, señalaron que se encuentran trabajando con las distintas empresas de distribución y transmisión eléctrica desde hace varios años, generando planes de trabajo para evitar este tipo de delitos bajo criterios de prevención y control.

"Durante este año la Delegación Presidencial Regional conformó una mesa técnica contra el crimen organizado, que incluye, precisamente, a este delito por complejidad. A su vez, el Plan Regional de Seguridad Pública vendrá a reforzar el trabajo intersectorial de prevención y persecución del robo en lugar no habitado", explicó el coordinador regional de Seguridad Pública, Felipe Rodríguez.

Medidas de seguridad

Sobre las medidas que la compañía ha tomado para abordar estos eventos, Carolina Barril anunció que se reactivarán las capacitaciones a las policías sobre el modo empleado por las bandas delictuales, las herramientas que utilizan, las acciones legales ejercidas y sus resultados. "También se continuará trabajando en la coordinación de estrategias que, en conjunto, permitan la disminución del flagelo", apuntó la abogada.

Además, Barril detalló que en años anteriores la compañía ha participado en seminarios organizados por la autoridad, en campañas comunicacionales y en la fiscalización de locales de compra y venta de metales, como parte de las pesquisas destinadas a comprobar el origen del material de cobre existente en estos lugares.

Tras mantener un diálogo bilateral, la Asociación de Pescadores Industriales del Biobío (Asipes) puso a disposición de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) un total de 260 puestos de trabajo, como parte de una mesa de protección al empleo que impulsa el Gobierno Regional. El acuerdo se concretó ayer en una reunión de las entidades mencionadas luego de generar un catastro de empleabilidad en áreas como aseguramiento de calidad, operarios de refrigeración, empaque y paletizado, entre otros.

La presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, explicó que "como sector productivo vital para el territorio, lo que hemos hecho es trabajar en conjunto con la CUT para atender el planteamiento hecho por sus dirigentas, en cuanto a que se estaban produciendo despidos desde el sector comercio y servicios anexos y que era urgente poder reubicar a estos trabajadores, en medio de la grave crisis económica que afecta al país".

Paola Zúñiga, presidenta de la CUT Concepción, sostuvo que "para nosotros son fundamentales estos acuerdos, pues el diálogo demuestra que se puede llegar a avances importantes. El apoyo desde el Gore y la pesca industrial da una luz de esperanza a los trabajadores y trabajadoras que hoy están cesantes".

Los cupos laborales dispuestos por Asipes son para plantas de alimentos del mar que se ubican en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel, las que producen congelados y conservas.

El gobernador regional Rodrigo Díaz valoró la alianza e indicó que "esta buena noticia, este encuentro entre el mundo de la CUT y el de la pesca industrial, vale la pena ser apoyado".

Además, en la instancia se propuso que las capacitaciones sean provistas por el Gobierno Regional, bajo el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC).

El Observatorio de Corbiobío lanzó la convocatoria de Reforma Tributaria para regiones, con el objetivo de levantar propuestas económicas y estratégicas del sector productivo, universidades y pymes, en el marco de la discusión presupuestaria.

Ariel Yévenes, economista de Corbiobío, señaló que para revertir la concentración de la inversión pública en Santiago "es clave que el ministro de Hacienda (Mario Marcel) y el Congreso Nacional consideren, primero, una Ley Marco de Presupuestos Regionales, que sea de carácter permanente y que fije las fuentes de financiamiento y los criterios y mecanismos de distribución de recursos entre las regiones y al interior de cada una de ellas".

En la misma línea, Yévenes planteó que deben determinarse los tributos que gravan actividades o bienes de identificación regional para ser aplicados por los gobiernos regionales en obras de desarrollo local.

Dijo, además, que la idea es que las propuestas, que se canalizarán ante Hacienda y el Congreso Nacional, sean un aporte en la discusión presupuestaria.