Secciones

  • Portada
  • Opinión
  • Actualidad
  • Nacional
  • Economía y empresas
  • Tendencias
  • Deportes
  • Clasificados
  • Defunciones
  • Página del lector
  • Espectáculos
Proceso de desmunicipalización contempla traspaso educativo en 2024

Sobredotación y crisis económica complica traspaso de colegios municipales a servicio local Andalién Costa

El servicio considera a los 69 colegios de Coronel, Lota, San Pedro de la Paz y Santa Juana, y más de 300 funcionarios podrían quedar sin trabajo. Mineduc aborda ley miscelánea.
E-mail Compartir

Por Felipe Cuevas Mora

Un complejo y dispar escenario afrontan los cuatro municipios que serán parte del segundo Servicio Local de Educación (SLE) que se instalará en la Región, como parte del proceso de desmunicipalización de la educación escolar desde 2024: se trata del SLE Andalién Costa, que agrupará a los más de 20 mil alumnos de 69 establecimientos de Coronel, Lota, Santa Juana y San Pedro de la Paz, que inició este año su proceso de anticipación previo a la entrada en régimen en enero próximo, y contempla el traspaso educativo para enero de 2024.

Los municipios reconocen que tanto el escenario económico y deudas previsionales, como la posible reducción de las plantas de funcionarios en un 80% para el nuevo servicio, son focos de preocupación que se han expuesto al nivel central, además de que los funcionarios ya han iniciado gestiones para abordar la situación de quienes no serán traspasados.

Complejo escenario

Luego de una semana de movilizaciones, los funcionarios de educación municipal de Lota depusieron la movilización producto del no pago de sueldos y deudas previsionales, producto de la retención de casi $1.700 millones, el Ejecutivo comprometió la inyección de $452 millones para solventar los pagos en el corto plazo.

El alcalde de Lota, Patricio Marchant, dijo que ante el complejo escenario la única salida que se ve en el mediano plazo es adelantar el proceso de traspaso al nuevo servicio local: "El sistema educativo está quebrado, y tenemos un complejo escenario. Pasamos en 2023 y 2024 a la educación pública, y hoy no tenemos liquidez para cumplir compromisos. El deber del Gobierno es ayudarnos en esto".

En el caso de Coronel, que cuenta con casi 10 mil alumnos, la principal preocupación en el ámbito educacional radica en los pagos irregulares que detectó Contraloría en julio, asociados a cotizaciones y adelantos pendientes, que ascendían a $170 millones por declarar. Pese a ello, la directora de Educación Municipal, Victoria García valoró que "desde 2021 estamos trabajando con el nuevo Servicio Local, tenemos un gestor territorial con el que coordinamos todas las acciones. Han estado en la comuna, dándonos a conocer cómo es el proceso y con la participación de varios estamentos. El traspaso ha sido ordenado, con bastante información que poco a poco va llegando a los estamentos".

En San Pedro de la Paz, comuna que reúne a más de 4 mil alumnos, la preocupación está en la situación de los funcionarios, que la ley no contempla sean traspasos en su totalidad al nuevo servicio.

El director de Educación Municipal, Carlos Martínez detalló que actualmente se está enviando la información solicitada por la Dirección de Educación Pública (DEP), y dijo que "pareciera ser que somos la excepción de la regla respecto a nuestros pares, al no tener déficit en nuestra gestión ni problemas de cotizaciones ni remuneraciones, lo que se ha logrado gracias a la administración en los últimos años. Existe temor de conformar el nuevo servicio con comunas que vienen con una compleja situación económica, y no sabemos si serán los municipios o servicios locales los encargados de abordarlo".

"Con el traspaso, los funcionarios no tienen claridad sobre su continuidad laboral. Hay una solución legislativa en curso, pero por otro lado la asociación de funcionarios tiene un contacto bastante fluido con el municipio, y se está evaluando mantener a algunos de ellos en otras reparticiones", sumó.

Crisis de funcionarios

Según datos entregados por la Federación de Funcionarios de Educación Municipal del Biobío (Fefudem), en la Región son 1.752 los funcionarios que actualmente trabajan en las 29 comunas que aún tienen a los municipios como sostenedores, de los cuales más de 1.400 quedarían fuera de las plantas de los nuevos SLE. En el caso concreto del próximo Servicio Andalién Costa, de un universo cercano a los 380 funcionarios, más de 300 quedarían sin trabajo.

Ante esta situación, los funcionarios han iniciado gestiones tanto con sus sostenedores y también a nivel ministerial, levantando propuestas como agilizar el proceso de incentivo al retiro, realizar capacitaciones focalizadas, apostar por la reconversión laboral y redistribuir a los funcionarios en otras reparticiones municipales.

Como respuesta a esta situación, el Ministerio de Educación ingresó hace algunas semanas un proyecto de ley miscelánea que busca zanjar algunos de estos aspectos y facilitar la entrega de recursos para el pago de cotizaciones pendientes y hasta ahora sigue en su primer trámite constitucional.

El subsecretario Nicolás Cataldo indicó en su última visita a la zona que se busca "postergar la puesta en marcha de seis servicios para el 2024, y en la ley entra una revisión completa del cronograma de la puesta en marcha de los Servicios Locales, que hemos trabajado con el Consejo de Evaluación".

"Pensamos extender la transición en cuanto a la creación de servicios locales hasta el 2027 y el traspaso de los establecimientos hasta 2029. Esto viene acompañado de un proyecto de ley que queremos presentar a fines de agosto busca mejorar la Educación Pública en temas de gobernanza, laborales, gestión de administración y financieros", añadió.

20 mil escolares serán incorporados al nuevo Servicio Local Andalién Norte, que tendrá su traspaso en enero de 2024

Aedo y comisión investigadora de Robo de Madera: "Es el momento de que actúe el Estado"

E-mail Compartir

Este miércoles se constituyó la comisión investigadora de Robo de Madera en la Cámara de Diputados que busca abordar uno de los puntos críticos del conflicto de violencia rural en la Macrozona Sur, y que tendrá como presidente al jefe de bancada de la Democracia Cristiana y diputado por el distrito 20, Eric Aedo.

El diputado afirmó que "llegó el momento de actuar como Estado y dejar de mirar para el lado como si esto no existiera" y fundamentó que la instancia fiscalizadora apunta a un problema que "es de conocimiento público, con la existencia a gran escala de este delito y que de acuerdo al gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz, representa un volumen de 100 millones de dólares al año. El propio presidente de la Corporación de la Madera, Juan José Ugarte, ha reconocido que sólo durante este primer semestre han circulado 25 mil camiones con madera robada con total impunidad".

Además, el parlamentario del distrito 20 indicó que "como se puede presumir, no se trata de ladrones que actúen de forma aislada, sino que de bandas organizadas, verdaderas mafias, que actúan de forma similar a los carteles de la droga, con grupos de protección armada que custodian el tránsito de la carga a través de las rutas, lo que explica parte de la violencia que se vive en este territorio del sur del país".

Gaspar Domínguez, exvicepresidente de la Convención Constitucional:

"El Rechazo abre un escenario de incertidumbre respecto a qué hacer en el futuro"

En su paso por la zona, el vocero del comando del Apruebo abordó los escenarios tras el plebiscito de salida del 4 de septiembre.
E-mail Compartir

Una cargada agenda de actividades tiene en la zona el exvicepresidente de la Convención Constitucional y actual vocero nacional del comando del Apruebo, Gaspar Domínguez, quien recorrerá hasta mañana la Región para abordar la propuesta de texto que se votará el próximo 4 de septiembre.

En conversación con este medio, destacó que, durante las últimas semanas, la ciudadanía se ha interiorizado aún más respecto a la propuesta, y que las dudas se focalizan en artículos específicos. "Lo más llamativo es que he notado con mucha fuerza un aumento en el interés que tienen los vecinos de conocer el texto constitucional. Cada vez asisten más personas a las reuniones y se pregunta sobre los artículos, viendo que asisten con su texto en mano", comentó.

Respecto al trabajo durante el último mes de campaña, enfatiza que una labor clave será combatir la entrega de noticias falsas o informaciones ajenas a la propuesta. "No es algo que resolvamos en un mes, y el esfuerzo debe estar en transmitir con sinceridad y precisión las normas que estén en el texto. Las reuniones se deben realizar con texto en mano para que la gente se haga una idea de la propuesta, ya que no debemos votar por personas, sino que por contar con un nuevo texto constitucional o mantener el que actualmente tenemos", añadió.

-¿Cómo se toman las críticas que vienen desde el Rechazo tanto a la labor del comando como al rol de La Moneda?

-Existen discrepancias de forma respecto a la campaña, pero la atención para combatir esto debe estar en los consensos y creo que hay bastante amplios en temas como salud o educación donde se debe mejorar la calidad más allá de la plata que cada uno tenga, además de pensar en los desafíos que planteará la implementación de la nueva Constitución.

-¿Qué opinión tiene de la posición del Ejecutivo, respecto a elaborar un nuevo proceso constituyente si gana el Rechazo?

-Esta discusión da cuenta de que no existe consenso sobre cuál es el camino más conveniente a tomar en caso de que gane el Rechazo. Se habla de un grupo de expertos, el propio Congreso 0 un nuevo proceso constituyente, pero queda claro a que en la opción Apruebo hay metas claras con plazos establecidos para abordar los ajustes que correspondan. El Rechazo abre un espacio de incertidumbre que no tiene el Apruebo, con grandes certezas para lo que viene.