Por Efe

El ultraderechista Steve Bannon, que fue asesor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, fue considerado culpable de desacato al Congreso tras haberse negado a comparecer ante el comité que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

Bannon, de 68 años, encaraba desde noviembre de 2021 un cargo penal por su negativa a comparecer ante dicho comité y otro por no querer entregar documentos. Fue declarado culpable de ambos y la condena puede acarrearle entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de hasta 100.000 dólares, por cada uno.

La vista en la que se dará a conocer la sentencia que debe cumplir se celebrará el 21 de octubre, según varios medios estadounidenses.

El comité quería que Bannon testificara porque cree que tenía algún conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir ese 6 de enero, cuando el Congreso tenía previsto certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre y Trump había convocado una protesta cerca de la Casa Blanca.

Bannon habló con Trump al menos dos veces la víspera del ataque y el 5 de enero aseguró en su podcast que al día siguiente se iba a desatar "un infierno".

Aunque al principio quiso acogerse al "privilegio ejecutivo", que protege las comunicaciones de un presidente con su equipo, el comité de la Cámara de Representantes ya había dicho en octubre de 2021 que el exasesor no estaba cubierto por esa protección ya que en el momento del ataque no ocupaba ningún cargo público.

Al salir, Bannon aseguró que solo está decepcionado por una cosa: que miembros del comité que investiga el asalto no hayan tenido el valor de declarar en este proceso.

El veredicto se conoció un día después de la octava y última sesión, hasta septiembre, de la serie de interrogatorios públicos que ese comité inició hace un mes.

El foco estuvo puesto en los 187 minutos que pasaron desde que Trump arengó a la multitud a hacerse oír en el Capitolio hasta que a las 16.17 de esa tarde colgó un video en Twitter donde les dijo por primera vez que debían abandonar la sede del Congreso.

El comité probó que Trump decidió no frenar rápido el asalto porque le convenía y que en su lugar pasó la tarde viéndolo en la cadena conservadora de televisión Fox News, ignorando las peticiones de sus asesores y de su familia para que intercediera.

Una funcionaria aseguró que, si hubiese querido actuar, demoraba menos de dos minutos en llegar a la sala de prensa a dar un mensaje.

El Gobierno de Argentina decretó este viernes una suspensión en las contrataciones de personal en la Administración pública nacional, una medida que se inscribe en las necesidades de reducir el déficit fiscal del país.

Según un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, "resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal".

El decreto, que lleva la firma del presidente argentino, Alberto Fernández, establece que la suspensión de las contrataciones tendrá vigencia hasta finales de 2023.

La medida alcanza a las contrataciones en las jurisdicciones y entidades del sector público nacional, donde no se podrán "efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza".

La resolución ya había sido adelantada días atrás por la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien, al asumir este mes al frente de la cartera en reemplazo de Martín Guzmán, reiteró la necesidad de buscar reducir el desequilibrio fiscal.

Argentina acumuló en el primer semestre del año un déficit fiscal primario de 755.975,7 millones de pesos (5.558,6 millones de dólares), una cifra equivalente al 0,99% del PBI y que supone un aumento del 263% respecto al rojo registrado en igual periodo de 2021.

El acuerdo de refinanciación de deudas sellado en marzo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye entre sus metas que el país debe lograr este año un déficit fiscal primario equivalente al 2,5% del PIB, desde un rojo registrado en 2021 equivalente al 3% del PIB.

Aunque este objetivo anual no se ha modificado, en junio pasado, al realizar la primera revisión del acuerdo de facilidades extendidas con Argentina, el FMI modificó la meta déficit fiscal primario acumulado al cierre del primer semestre, que se elevó de 566.800 millones de pesos (4.167,6 millones de dólares) a 874.400 millones de pesos (6.429,4 millones de dólares).

La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, reabrió una investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por los delitos contra la administración pública y tráfico de influencias, lo que eleva a cinco las investigaciones fiscales abiertas al mandatario.

"La Fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición N° 1 del 4 de enero de 2022 que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial", escribió en Twitter el Ministerio Público.

De esta manera, Benavides reactivó la investigación que había iniciado y posteriormente suspendido la exfiscal general Zoraida Ávalos por presuntas irregularidades en la compra de Biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A..

Vicepresidenta

Ávalos inició en enero pasado esta investigación contra el mandatario, pero el día 4 de ese mismo mes la suspendió por la inmunidad de la que goza el jefe de Estado.

Este caso se desprendió luego de conocerse las reuniones que presuntamente sostuvo Castillo con la lobista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, cuya empresa Heaven Petroleum ganó una licitación en la petrolera estatal Petroperú para venderle biodiesel.

El empresario y aspirante a colaborador eficaz Zamir Villaverde acusó a Castillo de presuntamente haber recibido 2 millones de soles (510.000 dólares) por esta la licitación.

Villaverde aseguró que dicho dinero le fue entregado al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien actualmente está prófugo de la Justicia, para que él se lo diera al jefe de Estado.

Justo ayer, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, insinuó que en caso de destituir a Castillo, ella debería asumir el cargo para dar continuidad al "mandato del pueblo".

La Policía Federal de Brasil detuvo a un ultraderechista por amenazar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato opositor en las elecciones de octubre, a miembros del Tribunal Supremo y a otros políticos.

El hombre, identificado como Ivan Rejane Fonte Nova Pinto es sospechoso de usar redes sociales y aplicaciones de mensajes para "amenazar el Estado democrático de Derecho al defender la extinción" del Supremo Tribunal Federal (STF) y para promover "acciones violentas contra sus miembros", dijo la alta corte.

La orden de prisión temporal y dos más de allanamiento fueron llevadas a cabo en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, y fueron expedidas por el magistrado Alexandre de Moraes, con base en los videos que publicaba Pinto en su canal de Youtube y en otras redes sociales.

El magistrado también ordenó el bloqueo de las redes sociales del acusado y la búsqueda de armas, municiones y dispositivos informáticos que tengan relación.

En sus videos, Pinto alentaba a sus seguidores a "cazar" a los magistrados de la Suprema y a varios políticos de izquierda, entre ellos Lula, candidato presidencial, y varios diputados.