La prevalencia mundial de la obesidad se ha triplicado en los últimos 40 años: uno de cada cuatro adultos es obeso. Las tasas de obesidad infantil y adulta chilenas, 26% y 35%, respectivamente, son las más altas de la OCDE. La obesidad no es solo un factor preponderante de riesgo de enfermedades no transmisibles, sino que también limita los logros educativos, disminuye la productividad en el trabajo y reduce la probabilidad de empleo.

Un instrumento eficaz en alterar la ingesta excesiva de "nutrientes críticos" asociados a la obesidad (calorías, azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas trans) es la incorporación de sellos frontales de advertencia "ALTO EN" en los alimentos. Este sistema, pionero en Chile, ha sido replicado en Perú, Israel, Uruguay, México, Brasil, Canadá, y Argentina. La Ley N° 20.606 se implementó en Chile en 2016, incorporando límites críticos de exigencia más restrictivos a medida que avanzaron las tres fases.

Tras la vigencia de la primera fase, el estudio "Efectos de Equilibrio de las Políticas de Etiquetado de Alimentos" evidenció que por cada peso gastado en las compras totales hechas en Walmart, entre mayo de 2015 y marzo de 2018, la ingesta de azúcar y calorías disminuyó en 9% y 7% respectivamente, siendo estas cifras parejas en todos los niveles de ingreso.

En cuanto al impacto de la ley en la demanda, la evidencia muestra que la información transmitida a través de los sellos frontales logró facilitar a los consumidores la identificación de productos con un contenido excesivo de nutrientes críticos, induciendo la migración hacia productos sin sellos. El informe sobre evaluaciones de la ley del Minsal, evidencia que un 48,1% de los consumidores compara la presencia de sellos y, entre quienes comparan, un 79,1% indica que influyen sobre su compra. El 64,9% está de acuerdo con la afirmación "después de comparar la cantidad de sellos, compra menos cantidad de los alimentos de lo que hubiera comprado si el alimento no tuviera sellos". Adicionalmente, los sellos resultan más efectivos si logran cambiar la percepción (errónea) previa del consumidor sobre el producto.

En cuanto al efecto en la oferta, la preferencia por productos sin sellos incitó una reformulación significativa de los alimentos. En 2018, se evidencia que un 33% y 23% de productos altos en azúcar y calorías respectivamente fueron reformulados para evitar los sellos. Asimismo, la oferta de productos "ALTO EN SODIO" se redujo de un 74% a un 27%.

El proceso de reformulación conlleva la sustitución de nutrientes críticos por insumos que alteran el sabor. En el caso de los yogures y jugos de frutas, el azúcar se sustituyó por edulcorantes de bajo costo, mientras que, en el caso de los cereales, por polioles o maltitoles, que son más caros. Esto nos lleva a que el encarecimiento del costo final del producto, sumado a la mayor demanda de productos sin sellos, aumentó los precios finales de dichos productos.

Finalmente, si bien hubo sustitución dentro de ciertas categorías, el estudio no encontró evidencia sobre sustitución entre categorías. Por lo tanto, complementar la ley con la aplicación de impuestos en categorías sin alternativas sanas a las que migrar aumentaría su efectividad.

Hay un dicho muy cierto que dice: "para hacer tortillas hay que quebrar huevos", esta frase nos revela que para hacer entonces esta preparación, se requiere necesariamente tomar decisiones que pueden ser dolorosas e impopulares. Pues bien, así también, para que un país pueda avanzar con políticas públicas, obras, programas sociales diversos (o hacer tortillas), los gobernantes deben resolver considerando la evidencia científica disponible y en particular lo que la economía tiene para indicar.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dentro de las siete acepciones con las que define a la palabra economía, la tercera reza: "Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos". Ergo, ya podemos establecer que los bienes siempre serán escasos frente a las necesidades, y por ello, la política económica debe priorizar los recursos disponibles, teniendo siempre una mirada en resolver la coyuntura actual, pero con particular interés en el impacto futuro de dichas decisiones.

Pareciera que a ratos la economía como ciencia se ha dejado de lado para usarla más bien como un elemento político, donde acomodaticiamente se hacen unas u otras interpretaciones de hechos objetivos, para, en definitiva, amoldar la realidad a la explicación desde mi trinchera. El propio Banco Mundial o la OCDE han entregado sus opiniones al respecto, donde se reconoce una muy posible ralentización de nuestro crecimiento, una elevada inflación, depreciación de la moneda local, baja del poder adquisitivo, entre otros, lo que hace ver que nuestras perspectivas económicas en el corto y mediano plazo no sean de las mejores.

Hoy por hoy, con una economía tremendamente sobrecalentada, con una inflación anual de un 12,5% (el mayor nivel desde junio de 1994), una proyección de frenazo en el crecimiento en el tercer trimestre de este año y derechamente una recesión para el 2023, lo razonable sería quebrar los huevos. En ese sentido la literatura indica que la responsabilidad fiscal por parte del gobierno, por un lado y el manejo independiente por parte de los bancos centrales, con potentes señales en materia de tasa de política monetaria (TPM), serían las herramientas necesarias a considerar para sortear con mayor éxito esta transición sin hipotecar el desarrollo.

Chile requiere abordar seriamente lo que está pasando, no subestimar a la economía y adoptar las medidas que sean necesarias para enfrentar el complejo panorama. Reducir el gasto público, no estar planteando alzas impositivas ni ofertones de bonos de última hora, entre otros, podrían brindar quizás las certidumbres que actualmente parecieran escasear en el plano económico. Para poder cumplir cada uno de los sueños y anhelos que tenemos como país, tenemos que convencernos que, sin huevos, Chile no tendrá tortillas.

La Constitución de 1980 contiene un catálogo de derechos en el capítulo III "De los derechos y deberes constitucionales". En el artículo 19 se encuentran principalmente derechos que usualmente se llaman civiles y políticos, como la vida, la integridad, la honra, la libertad personal y seguridad individual, la libertad de reunión, la libertad de conciencia, la libertad de trabajo o la libertad de desarrollar actividades económicas, entre otros. Como derechos sociales se incluyen algunos que, para ciertos casos, están formulados en términos de libertades o del derecho a elegir entre sistemas de prestaciones distintos, como ocurre con la atención sanitaria. Asimismo, el derecho de propiedad aparece consagrado en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. El artículo 1°, en tanto, establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Desde 1989 se estableció en la actual Constitución, como límite al ejercicio de la soberanía, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo un deber de los órganos del Estado, respetar y promover tales derechos, sean los que consagra la propia Constitución, como los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Un ejemplo de tales tratados es el Pacto de San José de Costa Rica, acuerdo internacional por cuya vulneración Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 14 ocasiones.

La propuesta de texto que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre tiene también un catálogo de derechos fundamentales que incluye un conjunto de derechos en diversos ámbitos, tanto civiles y políticos como sociales y económicos, agregando derechos en torno a materias, ambientales, culturales y tecnológicas.

Su capítulo II "Derechos Fundamentales y Garantías" comienza indicando que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes y que el pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza.

De forma particular, se proponen derechos que han sido ajenos al texto vigente, como es el caso, entre otros, de la educación sexual integral; la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental; el derecho al cuidado; a la ciudad y el territorio; al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible; a una muerte digna; al ocio, al descanso y al disfrute del tiempo libre; al deporte; y a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones. Algunos de ellos, regulados con bastante detalle, requerirán desarrollo legislativo de aprobarse el texto.

Cambios sustantivos en la propuesta son el rango constitucional para los tratados de derechos humanos; y la consagración de que los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos y que la naturaleza es titular de derechos reconocidos en el texto. También es nueva la referencia a grupos sometidos a desigualdad estructural y que no están reconocidos como tales en la Constitución de 1980. Tal es el caso de las mujeres, la infancia, personas con discapacidad, pueblos originarios, personas mayores, personas de disidencias sexuales y de género.

Es importante apuntar finalmente que, en materia de garantías, en la propuesta constitucional hay también un desarrollo diverso al actual. Un ejercicio comparativo más completo sobre los derechos, de cara a la decisión de septiembre, debería extender la mirada también hacia tales garantías. Estas son, en gran medida, las que favorecen la vigencia de los derechos.