Por Agencias

Duras críticas ha recibido el Poder Judicial luego de que se conociera que el sospechoso de cometer el crimen del carabinero David Florido, quien aún se mantiene prófugo, recibió de la Corte de Apelaciones el beneficio carcelario para completar en libertad la pena de cárcel que debía cumplir hasta 2024, pese al informe negativo de Gendarmería.

Ante los cuestionamientos, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, manifestó ayer que "es importante decir que el proceso de libertad condicional es un proceso que efectivamente requiere un informe de Gendarmería. En ese informe se daba cuenta de algunos elementos que favorecían y otros que no favorecían a la persona que estaba solicitando el beneficio y al no serle concedido el beneficio esta persona recurrió de amparo y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el amparo procedía".

"Esto no ha sido una decisión apresurada ni ha sido una decisión de una comisión administrativa, sino que ha sido una sentencia judicial que tuvo que ver con procedimiento de amparo", añadió la magistrada.

"En definitiva pueden suceder situaciones en que una persona obtenga beneficios y desgraciadamente vuelva a delinquir", sentenció Vivanco.

Sin embargo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reveló haber solicitado un informe al respecto en el mismo día en que un allanamiento en el domicilio del sospechoso no tuvo éxito en su ubicación: "He pedido que se me haga llegar los antecedentes de todas las personas que se identifican como delincuentes prolíficos, porque en la práctica han cometido un sinnúmero de delitos, y que se mantienen en libertad".

"No puede ocurrir ni instalarse en una sociedad que las personas que cometen delitos finalmente están amparadas por un manto de impunidad y por lo tanto, la eficacia en la persecución penal y en la aplicación de las sanciones es muy determinante a la hora de brindarle seguridad a las personas", argumentó.

La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo ayer que la visita que realizó a China no se concibió como una misión de investigación, sino como una oportunidad para establecer una relación con el Gobierno de Pekín para que proteja los derechos humanos.

"Las visitas de alto nivel no son por definición misiones de investigación, hubo limitaciones especialmente en relación con las restricciones por la covid-19", explicó.

La visita que Bachelet realizó a China a finales de mayo ha sido foco de severas críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de algunos países que consideran que las conclusiones que ofreció la alta comisionada tras la misma fueron muy blandas.

En una presentación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra, Bachelet respondió a preguntas anteriores que los países le formularon sobre ese viaje y, entre otros comentarios, reconoció que no pudo hablar con ningún detenido en los campos de "reeducación" para miembros de la minoría musulmana uigur, asentada en la provincia de Xinjiang.

"Estuve acompañada por funcionarios del Gobierno durante mi visita a Xinjiang", comentó. "No pude hablar con ningún uigur actualmente detenido ni sus familias, pero anticipando esto me encontré con antiguos detenidos que están fuera del país y familias que han perdido contacto con sus seres querido" en esa región, explicó.

Bachelet sostuvo que el Gobierno chino facilitó todas las reuniones que solicitó con representantes del Poder Judicial, funcionarios con responsabilidad en distintos ministerios, empresarios y académicos.

"El gobierno también respetó mi deseo de reunirme con entidades de la sociedad civil y esto fue organizado por mi oficina sin presencia de funcionarios públicos", agregó.

La alta comisionada, quien esta semana anunció que concluirá su primer mandato el próximo 31 de agosto y que no buscará un segundo, hizo hincapié en que la criticada visita a China le permitió exponer varios temas.