Crece debate local por norma que busca fortalecer la integración social y urbana
Académicos y municipios analizan los pro y los contra de la medida. Mientras algunos lo ven como un avance, otros ven nudos en términos de la disponibilidad de suelos y servicios.
A inicios de marzo el Congreso despachó la denominada "Ley de Integración Social y Urbana", una iniciativa que en su espíritu pretende lograr un adecuado desarrollo de las ciudades y una densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo. En términos más concretos, la medida busca aumentar la construcción de viviendas con integración social.
Entre las materias contenidas en la normativa -que pasó por el Tribunal Constitucional y que está a la espera de ser publicada en el Diario Oficial- asoma la entrega de una serie de funciones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como el fomento de la organización el desarrollo de comités habitacionales y cooperativa de viviendas, los sistemas de autoconstrucción, la implementación de políticas y programas habitacionales orientadas a enfrentar el déficit en vivienda y desarrollo urbano de las familias más vulnerables y la generación de políticas de suelo para reducir o contener el déficit habitacional y urbano.
Otro de sus lineamientos indica que los instrumentos de planificación territorial deben integrar como una de sus dimensiones a la inclusión social urbana por medio de viviendas de interés público, es decir, la idea es que, por ejemplo, haya un rol más activo de los actores locales en el ajuste de sus planes reguladores.
Los especialistas
Sergio Baeriswyl, ex presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) y académico de la Universidad del Bío-Bío, explica que en el Gran Concepción hay un déficit que supera las 20 mil viviendas y que, pese a ello, ningún municipio de la zona incluye una dimensión social.
"Cuando salga la ley van a tener que empezar un proceso para incorporar estas dimensiones de la integración social en sus planes reguladores. Esto será muy positivo porque la ley les permitirá establecer condiciones para incentivar las viviendas integradas, y en algunos casos el instrumento puede incentivar, obligar o resguardar que las iniciativas consideren condiciones de integración social", sostiene el profesional.
Agrega que lo que debiese ocurrir en el corto plazo es que todas las municipalidades inicien ajustes en sus herramientas para atender el problema de déficit habitacional, lo que no estará exento de complejidades. "Puede ocurrir que las comunidades no quieran esta medida, como pasó en Las Condes. Eso, para evitar que lleguen familias de un estrato económico distinto", reconoce.
La académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción Xenia Fuster cree que esta es una iniciativa que, más que preocuparse de la integración social, se enfoca en la producción de viviendas.
"No es una ley que reflexione sobre la cohesión, los conflictos o los vínculos (…) Se transfiere a los municipios y a los gobiernos regionales la responsabilidad de ver dónde se instalará este tipo de vivienda y cómo el entorno se prepara o no para recibir los criterios con los que funciona esta ley y que todavía están muy amplios", dice.
En relación a los posibles nudos, la docente ejemplifica que hay comunas como Chiguayante que ni siquiera cuentan con espacios para construir viviendas de estas característica, pese a ser una de las ciudades de la Región con mayor déficit habitacional. Por ello, piensa que la tendencia será "crecer hacia arriba", lo que es también un punto de conflicto.
"Nos vamos a encontrar con el tema de la disponibilidad de suelo y de servicios, porque lo que se espera es que los conjuntos de vivienda de interés público estén conectados a distintos servicios, pero la pregunta es qué barrios de la Región concentran servicios de salud, educación, áreas verdes o comercio. En Concepción habría que construir solo un área de integración en la zona del centro o el sector universitario" proyecta Fuster.
Mirada municipal
El plan es analizado con atención por los municipios. Desde San Pedro de la Paz aseguran que los planes reguladores actualmente sí pueden estimular la construcción de viviendas de interés público por medio de la regulación de la altura, densidad y uso de suelo y que la obligación que plantea la norma "es letra muerta" para ellos, pues los planos reguladores son aprobados por los concejos comunales. Esta obligación, dicen, solo se ajusta a nivel metropolitano.
"La mencionada ley sí puede ser un mecanismo idóneo para fomentar la construcción de vivienda de interés público y la integración social, pero puede generar impactos urbanos no deseados en los barrios en donde se aplique el estímulo, como la saturación de la red viaria, rechazo ciudadano o contaminación acústica, es decir, pérdida de calidad de vida residencial. Es muy objetable que esta medida la tome unilateralmente el Ministerio", comentan.
Al contrario, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, sostiene que la medida la observa con optimismo. "Si es aprobado y responde a los criterios de integración, será un aporte para todas las personas, aunque esperamos que se consideren los recursos necesarios para que desde los gobiernos comunales se puedan implementar estas estrategias, porque es usual que se determinen nuevas atribuciones a los municipios, pero muchas no consideran los recursos necesarios para materializarlos", enfatiza.
Como la normativa aún no entra en vigencia, desde el municipio de Concepción dicen que lo que rige por el momento es la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones de 2019. Según la encargada de Asesoría Urbana, Karin Rudiger, esta "establece la categoría de proyecto de vivienda integrada y regular el otorgamiento de beneficios de normas urbanísticas a dichos proyectos. Consiste en que la Seremi de Vivienda justifica el establecimiento de un polígono en la ciudad donde se va a poder aumentar los parámetros urbanos que establezca el plan regulador para densificar al máximo el área, dependiendo del cumplimiento de ciertos criterios".
Para el caso de Concepción son los corredores de transporte público, donde la densidad máxima se fija en un tope de 600 habitantes por hectárea.