Por Karlyng Silva Leal

El cambio del Jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Biobío continúa siendo foco de dudas y consultas, ya que el Gobierno aclaró que tomó la decisión en consideración al comunicado público que emitió el colectivo Justicia para Manuel Rebolledo a pocas horas de que se designara al contraalmirante Jorge Parga como la persona a cargo del estado de excepción que rige en la Región del Biobío.

La delegada regional Daniela Dresdner aseguró que la Armada, así como el nuevo Jefe de la Defensa Juan Pablo Zúñiga cuenta con todo el respaldo para realizar el trabajo mandatado en el marco del estado de excepción.

Por otra parte, explicó que "lo que tiene que ver con el contraalmirante Parga es un caso puntual que tiene relación con que nosotros entendemos las necesidades de seguridad, las que son reales y por eso se decreta el estado de emergencia, pero además entendemos que nada puede estar por sobre la valoración de los DD.HH. Es algo que entendemos profundamente y vamos a defender".

Declaraciones

Cabe recordar que la decisión de remover al contraalmirante Parga tiene relación con declaraciones que emitió durante el año pasado en el contexto del juicio en contra de Leonardo Medina, infante de Marina que fue condenado a una pena de 540 días por el delito de cuasidelito de homicidio de Manuel Rebolledo ocurrido durante el estallido social

En medio del proceso judicial, la autoridad de la Segunda Zona Naval apuntó a la defensa de los funcionarios de la Armada y a la convicción de inocencia. Sobre esto, la delegada fue enfática respecto al motivo del cambio: "aquí hay una acción concreta en la que declara la inocencia de una persona que es declarada culpable, una acción concreta respecto de un poder que no le correspondía y por lo tanto hay una acción inadecuada".

Por otra parte, apuntó a que la decisión se funda en el respeto irrestricto a los DD.HH., pero también a que las funciones que debe cumplir cada autoridad están en constante evaluación. "Cuando hay datos que nos proporcionan que son distintos, los evaluamos y tomamos decisiones al respecto. Lo hemos hecho con las seremis, con todos los cargos que tenemos, lo haremos con esto y lo seguiremos haciendo", agregó.

Manuel rebolledo

En contacto con diario El Sur, Roberto Pino abogado del colectivo Justicia para Manuel Rebolledo, explicó que el comunicado fue redactado en conjunto con los padres de Manuel, luego de ser advertidos de la situación.

"Estamos agradecidos de los rápido que llegó a La Moneda, lo que nos hace sentir que en las redes de la presidencia también están atentos a este caso que lamentablemente ya cumplió su etapa en Chile. Nosotros queríamos alertar sobre la situación, no pensé que el gobierno iba a adoptar una medida tan efectiva y rápida en el corto plazo y la verdad es que me sorprende para bien".

Por su parte, el Manuel Rebolledo padre comentó a diario El Sur que la situación al menos representa un alivio para la familia y a todos quienes han estado presentes tras la muerte de su hijo. "Nos da alegría (el cambio de Jefe de la Defensa) porque él no podía estar en ese cargo habiendo defendido a un asesino, porque a él (Leonardo Medina)" lo condenaron a 540 días habiendo una imagen que demostraba para nosotros que era culpable", aseguró.

Estado de excepción

En una cuarta jornada del estado de excepción la delegada Dresdner comentó que debido al cambio del Jefe de Defensa algunos procesos se vieron ralentizados, sin embargo, insistió en que "ya está completamente instalado y funcionando ya en la zona y vamos a seguir asegurándonos de que esto siga avanzando".

Por otra parte, aseguró que el cambio del contraalmirante no tendría por qué afectar el despliegue de las FF.AA. bajo la medida presidencial. "La Armada está instalada, el despliegue es cambiante a propósito de medidas estratégicas y de todas maneras insisto nosotros seguimos en coordinaciones con el contraalmirante Zúñiga como con las otras policías para poder ampliar aún más los rangos de acción", finalizó.

Sin embargo, la tarde del viernes se informó de un ataque incendiario que afectó a cuatro maquinarias y tres camionetas en la comuna de Arauco. El delegado provincial, Humberto Toro, comunicó que el hecho ocurrió "en la ruta P-40, que une Arauco con Lebu, en el Fundo Anguita de Forestal Arauco. Se están desplegando Carabineros. Este hecho fue a las 17.50 horas cuando se recibió el llamado de los trabajadores".

Se trata del primer hecho de violencia con el despliegue del estado de excepción decretado por el Presidente Gabriel Boric en la Provincia de Arauco.

La delegada presidencial se reunió ayer con los seremis del MOP, Minvu, Desarrollo Social y Educación para coordinar los avances que cada cartera tiene en el marco del plan Buen Vivir.

En esta ocasión el trabajo se concentró en la Provincia de Arauco, donde el diagnóstico realizado con alcaldes y la población de las comunas afectadas apunta a necesidades bastante conocidas.

"En la comunas donde está el conflicto tenemos problemas muy graves y profundos respecto a los caminos rurales, agua potable, necesidad de colegios, de salud y son todas las cosas que ellos (seremis) han levantado con absoluta urgencia", detalló la delegada Dresdner.

Tras la reunión, el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, comentó que en la cartera los trabajos que les corresponden en el marco de este plan tienen relación con los caminos y el acceso al agua potable y apuntó a que se busca fortalecer la capacidad de los actores locales para ser parte de las soluciones en temas recurrentes como la mantención y conservación de caminos básicos, sobre todo en estas comunidades.

Por su parte, el seremi de Desarrollo Social, Hedson Díaz explicó que desde ya el Departamento de Inversiones está trabajando en fortalecer los equipos para hacer más ágil la tramitación de proyectos, pero que también con la Conadi se está dando un impulso para la compra de terrenos en comunidades y no solo individual.

Con el objetivo de fortalecer la inclusión de personas migrantes diferentes fundaciones locales reunieron esfuerzos para inaugurar oficialmente la Oficina de Orientación a Personas Migrantes que se mantendrá en las instalaciones de Infocap Biobío.

Juan Pablo Moyano, superior de la Comunidad Jesuita de Concepción explicó que la Red Apostólica Ignaciana (RAI) busca hacerse cargo de la realidad que se vive en las ciudades a través de un trabajo mancomunado entre organizaciones y fundaciones penquistas.

Así, la oficina contará con un equipo de profesionales para orientar y asesorar a las personas que se acerquen para ayudarlos a mejorar su calidad de vida.

La directora nacional del Servicio Jesuita Migrante, Waleska Ureta, destacó la creación de la oficina y el rol de la sociedad civil en este trabajo. "Hoy la falta de información es un tema muy transversal en todas las personas migrantes que están llegando a Chile. Es importante que como país generemos espacios, instancias y dispositivos que permitan la inclusión de las personas migrantes en nuestra sociedad".

Así la Oficina ubicada en Los Carrera #179 atenderá los días martes, miércoles y viernes de 13:00 a 19:00 horas, donde quienes lo necesiten podrán recibir orientación en trámites migratorios, educación, salud mental, apoyo social, derivaciones jurídicas y denuncias.

Por una defraudación que alcanza los $412 millones la Fiscalía inició el juicio oral por corrupción en el Dirección Municipal de Talcahuano. Así se acusó a cuatro personas, de los cuales tres fueron funcionarios de la Dirección y una cuarta era externa al trabajo municipal.

Según detalló la fiscal Marcela Cartagena, que dirige la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío, ayer inició el primer juicio oral de esta unidad, en él se concretaron los alegatos de apertura de todos los intervinientes.

"Nosotros iniciamos esta investigación en el año 2019 que abarca hechos desde octubre de 2017 a marzo de 2019", detalló. Además, explicó que la Fiscalía solicitará penas que van desde los 7 años de presidio hasta los 20 años de presidio, respectivo a la responsabilidad de cada acusado en su participación del ilícito, pero también a su integración en el sistema público.

Así la fiscal también sostuvo que para el Ministerio Público es relevante esclarecer el daño que generó el delito, desde el punto de vista formal, la malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, pero sobre todo el perjuicio a los usuarios del sistema de salud municipal que son personas que no pueden elegir sus sistema de salud.

Por último, apuntó a que existen distintos tipos de pruebas que serán presentadas en aproximadamente un mes y medio, incluyendo declaraciones de testigos, detectives, peritos, pruebas documentales, entre otros.

94 años de presidio es la suma de las penas que solicita el Ministerio Público que se asignen a los imputados