Parlamentarios acusan tardía respuesta del Ejecutivo y oficialismo supedita apoyo
Pese a que existe un respaldo total de los diputados y senadores de la zona a las medidas anunciadas por La Moneda, las diputadas Candelaria Acevedo (PC) y Clara Sagardía (CS) pusieron algunos reparos.
Una avalancha de reacciones a nivel político dejó el anuncio de La Moneda la noche del lunes respecto a la implementación del Plan Buen Vivir en las provincias de Arauco y Biobío para afrontar las demandas de comunidades mapuches, y el conflicto de violencia rural que ha motivado una serie de movilizaciones de camioneros y contratistas forestales las últimas semanas.
A nivel regional, tanto los diputados como los senadores del Biobío mostraron su conformidad frente a los anuncios liderados por la ministra del Interior Izkia Siches, que consideran la realización de diálogos territoriales, compra de terrenos, inversiones en la zona y la puesta en marcha desde ayer del estado de excepción para el resguardo de rutas y carreteras en ambas provincias mencionadas.
Mientras los parlamentarios oficialistas respaldaron al Ejecutivo condicionando su apoyo futuro a medidas de índole militar, desde la oposición acusaron que la decisión de despliegue de las Fuerzas Armadas llegó de manera tardía y representa una contradicción por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista, ya que al ser oposición antes de marzo rechazaron constantemente las solicitudes de extender el estado de emergencia que rigió por seis meses en las dos provincias.
Apoyo condicionado
La diputada del distrito 20 María Candelaria Acevedo (PC) dijo respaldar las medidas del Ejecutivo, apelando a que "se está integrando este estado de excepción con otras medidas que vayan en resolver las demandas de las comunidades mapuches. Si en 15 días más se solicita prorrogar el estado de excepción, lo tendré que evaluar".
Su par del distrito 21, Clara Sagardía (IND-CS) dijo que las medidas anunciadas por la ministra Siches van en línea con lo demandado por la ciudadanía, y que "serán muy importantes, sobre todo la creación de un ministerio de Asuntos Indígenas para que se traten muchas materias que demanda la comunidad, y también se podrán perseguir los delitos del robo de madera, narcotráfico y del terrorismo que dicen que existe, algo de lo que yo dudo. Tenemos un problema de emergencia que debe ser solucionado por el Gobierno".
En tanto, el senador Gastón Saavedra (PS) dijo que el estado de excepción está establecido en la Constitución, y que el Ejecutivo tomó el camino correcto, pero "se dilató en demasía, lo que provocó un desgaste político y se hipoteca parte del capital político del Presidente, lo que creo que fue innecesario. Luego está, además, que tiene que incluir a toda la institucionalidad. ¿Qué significa? Que tiene que nombrar un fiscal con dedicación especial para investigar todos los hechos acaecidos. No basta con esto. Hay que incorporar también las tareas de diálogo fecundo para la construcción de acuerdos y programas de inversión para la zona".
Medida tardía
En la misma línea de lo señalado por el senador Saavedra, los parlamentarios de oposición valoraron los anuncios del Ejecutivo pese a calificarlos como tardíos.
Junto con destacar las medidas, el senador Sebastián Keitel (Evópoli) dijo que "es lamentable que hayamos tenido que esperar más de 50 días, con muertes, destrucción y tomas ilegales, para que el Gobierno finalmente se decidiera a hacer algo tan simple, como utilizar las herramientas que hoy les entrega la ley para proteger a los habitantes de nuestra región. Yo espero que esto sea parte de un cambio real respecto a la manera en cómo se enfrenta la violencia y la inseguridad en la Macrozona Sur y se dejen de lado de una vez por todas los complejos".
El senador Enrique van Rysselberghe (UDI) indicó que "finalmente, el Presidente Boric y el Gobierno cortaron por lo sensato, aplicando el estado de excepción, herramienta que tiene el Ejecutivo para abordar estas situaciones. Las familias de la Macrozona Sur no tenían tiempo para seguir esperando, y el Gobierno dejó su tozudez de lado. Lamentamos la demora en la medida y miramos con inquietud la falta de acuerdo en la coalición gobernante".
El diputado Eric Aedo (DC), único parlamentario de la zona que integra la comisión mixta que aborda el proyecto de ley de infraestructura crítica -al cual el Ejecutivo desistió de hacerle modificaciones para cumplir el acuerdo con los camioneros- expuso que "se cumplió lo que pedimos. Los días que se perdieron atentan contra sus vidas, contra su integridad; el gobierno debe proteger el estado de derecho y la vida de las personas. Gobernar no es solo decir palabras bonitas, sino que hay que tomar decisiones difíciles".