Por Felipe Cuevas Mora

Uno de los principales flacos abiertos que ha tenido el Ejecutivo a nivel regional, liderado por la delegada presidencial Daniela Dresdner, han sido las críticas y cuestionamientos a su gestión provenientes de los partidos oficialistas y afines al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Desde la solicitud pública de los partidos de Apruebo Dignidad de bajar la nominación de Sergio Pinilla (Convergencia Social) como delegado provincial de Biobío a las críticas del senador Gastón Saavedra tanto por las acciones adoptadas frente a la violencia en Arauco o el paro de camioneros, como también por los nombramientos de seremis, las que también llegaron desde su partido, Revolución Democrática, han sido distintos momentos en que la base política a nivel regional del Ejecutivo ha acusado falta de consideración y poca sintonía de las definiciones con los ejes que rigen al oficialismo.

La última y más reciente crítica provino directamente del Partido Comunista, quién a través de un comunicado de su comité regional, señalaron que "repudiamos enérgicamente el desalojo y la posterior represión de la que han sido víctimas los trabajadores subcontratados movilizados de ENAP, una acción legítima que busca mejorar sus condiciones labores", para luego enfatizar en que "nos parece preocupante el trato hacia los trabajadores movilizados, en contraposición a otros conflictos de mayor envergadura donde se realizaron innumerables acciones para llegar a acuerdos, incluyendo la visita del subsecretario del Interior".

CUESTIONAMIENTOS

Las críticas provinieron también de las figuras más relevantes del partido oficialista a nivel regional durante la tarde del lunes, sumadas a otras a nivel nacional como la del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Mientras la consejera regional Tania Concha expuso en sus redes sociales que "entregamos todo nuestro respaldo a los y las trabajadoras, sobre todo hoy. A los camioneros se les trata con guantes de seda y a los trabajadores subcontratistas de ENAP con represión. Solidaridad a Fenatrasub", la diputada del distrito 20, María Candelaria Acevedo apuntó a que "el desalojo de los trabajadores de Fenatrasub es una pésima señal, ya que el uso de la fuerza con quienes solo buscan mejoras laborales no es el camino a seguir. El único desalojo aceptable es el de la gerencia de ENAP, quienes son la piedra de tope en el conflicto".

Pablo Cuevas, secretario político del Partido Comunista en el Biobío dijo que "entendemos que la situación que se vive es parte de una situación aún más compleja incluso, relacionada con las relaciones laborales y el subcontrato, que rechazamos por las condiciones que se generan (...) Lamentamos los hechos ocurridos ayer, porque lo fundamental debe ser el diálogo, la posibilidad de buscar acuerdos y sobre todo poder reunirse a conversar. Saludamos los esfuerzos del gobierno, de las seremis de Trabajo y Energía que han estado junto a los trabajadores, pero vemos la irresponsabilidad del directorio de ENAP que ha sembrado el pánico con comunicados y que no se han sentado con los trabajadores a dialogar. Creemos que el directorio debe presentar su renuncia o realizar cambios".

El dirigente, además cuestionó el actuar de Carabineros -"estamos analizando el actuar de la policía, al ver como gaseaban en su rostro a los trabajadores que no estaban realizando desórdenes, sino movilizándose pacíficamente"- y expuso que "una de las principales preocupaciones para el Gobierno debería ser destrabar el conflicto y revisar la situación del directorio de ENAP más que haber dado la orden de desalojo a los trabajadores, que siempre han estado dispuestos a avanzar en el diálogo".

Quienes matizaron sus críticas fueron los partidos de Apruebo Dignidad, que en la mañana de ayer sacaron un comunicado respaldando a los trabajadores subcontratistas, solicitando la renuncia del director regional Álvaro Hillerns y e invitando a "al directorio, trabajadores subcontratados y actores políticos y de gobierno a fortalecer las diferentes instancias de diálogo para llegar a una solución en conjunto que permita mejorar las condiciones de trabajo de todos y todas quienes forman parte de la ENAP".

VOLUNTAD DE DIÁLOGO

En las ocasiones que ha sido consultada sobre las críticas de Apruebo Dignidad, la delegada Daniela Dresdner siempre ha señalado que los cuestionamientos no le molestan y que serán considerados en su respectivo mérito.

Si bien ayer no tuvo agenda con medios de comunicación donde se le pudiera consultar por las críticas del oficialismo, en conversación con CNN Chile la autoridad fue abordada respecto a las críticas por el uso de la fuerza, e indicó que "lo que el Gobierno ha comprometido tiene que ver con la mejora de las condiciones de los trabajadores subcontratados, y esto es una intención del Gobierno que no cambia. Seguimos con las puertas abiertas al diálogo con los trabajadores para entregar mayores y mejores soluciones".

Ante las diferencias planteadas respecto a lo ocurrido con el paro de camioneros, Dresdner matizó señalando que "en ambas instancias se buscó el diálogo, llegar al punto en que se agotara y en ambas instancias se agotó cuando se vio comprometido el suministro de combustible. En ese punto, se tomaron otras medidas y en el caso de los camioneros fueron querellas por Ley de Seguridad de Estado, que hicieron deponer las movilizaciones, y en el caso de ENAP fue el desalojo para evitar el desabastecimiento".

Este martes se definieron los reemplazos para los integrantes de la comisión mixta que aborda el proyecto de ley de resguardo a infraestructura crítica, y que incorpora una serie de modificaciones del Ejecutivo para dar respuesta a los acuerdos adoptados con los gremios de camioneros y transportistas forestales, entre ellas la creación de un estado de emergencia intermedio en el que pueden intervenir Fuerzas Armadas en el resguardo de las carreteras.

Entre los nuevos integrantes de la comisión estarán el UDI Andrés Longton y el diputado de la Democracia Cristiana del distrito 20, Eric Aedo, quienes reemplazarán a Gonzalo Fuenzalida y Matías Walker respectivamente, quienes integraban la instancia desde 2020. Este último sigue integrando la instancia, pero ahora como senador. Ambos parlamentarios se suman a los diputados Leonardo Soto (PS), Jorge Brito (RD), Jorge Alessandri (UDI), y los senadores Pedro Araya (IND), Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).

El diputado Aedo expuso que "apoyaremos a este gobierno, pero creemos que se puede mejorar. Por ejemplo, se debe definir qué son los caminos esenciales, pero en la zona de Arauco hay caminos esenciales al interior de la cordillera de Nahuelbuta, por donde transitan estos grupos armados y los habitantes de la zona lo conocen. No solo las carreteras principales, la ruta 5 o 160, además de los caminos interiores, sino que hay otros".

El jefe de bancada de la DC añadió que "es importante considerar también todos los parques eólicos de la zona y que generan electricidad para el sistema interconectado y que también hay que proteger, o los hospitales o los centros de salud. Hay que incorporarlos, acogiendo la propuesta del gobierno, pero enriqueciéndolo de una vez, y no discutiendo semana a semana qué incluir. Creemos que se quiere perfeccionar el proyecto, pero lo apoyaremos".

Las claves del proyecto

El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, expuso en el Congreso los alcances que tendrá la modificación que buscan ingresar: "Es la necesidad de tener una herramienta constitucional que nos permita asegurar el libre tránsito y también la seguridad en las rutas de nuestro país, sobre todo en las rutas que son críticas para el abastecimiento y para el transporte de las personas".

Además, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve detalló que "se busca garantizar mejores condiciones de seguridad y al mismo tiempo resguardar los derechos y garantías constitucionales. Con esta iniciativa, que será coordinada por una autoridad civil, cuyo mando operativo será un miembro de las FF.AA.".

Este lunes, el senador Sebastián Keitel (Evópoli) solicitó de manera formal al gobernador Rodrigo Díaz realizar una consulta ciudadana para conocer la intención de los habitantes de la zona de restituir el estado de excepción constitucional que rigió a la zona entre octubre y marzo, a raíz de la situación de violencia que se vive en la Macrozona Sur.

En la misiva, Keitel planteó que "las últimas informaciones entregadas por Carabineros y la Multigremial de La Araucanía, dan cuenta de un consistente aumento de hechos de violencia en la zona en más de un 169%. Estamos hablando de atentados incendiarios, ataques armados en las carreteras y usurpaciones, que impiden que las familias y trabajadores puedan vivir en paz y con la tranquilidad que cualquier ciudadano merece".

"Esta situación -añade- ha evidenciado el profundo error cometido por las actuales autoridades de gobierno, quienes retiraron el estado de excepción, sin contar con un plan robusto en materia de seguridad, lo que dejó a la Región en total desamparo".

El senador por la zona dice que "se hace indispensable considerar el restaurar esta medida con la finalidad de proveer a la Región de una dotación de personal militar que refuerce la labor de las policías, autoridades regionales y locales (...) Por todo esto, le solicito considerar la aplicación de una consulta ciudadana con el fin de que los habitantes de nuestra Región se pronuncien sobre la necesidad de establecer nuevamente el estado de excepción constitucional de emergencia para reforzar la seguridad en el Biobío".