Por Diana Aros Aros

Tras permanecer 12 días tomada por trabajadores contratistas, la planta Bocamina II de la compañía Enel Generación restablecerá sus operaciones mediante un proceso de análisis e inspección de las instalaciones. Por medio de esta acción se esperan revisar todos los componentes y sistemas. Asimismo, la intención es retomar a la brevedad posible las funciones de la central, según declaró la empresa un día después de conocido el acuerdo.

En su declaración, Enel detalló que las autoridades de gobierno, las empresas y en especial los trabajadores contratistas han iniciado un proceso de diálogo "que se sustenta en la asunción de los roles previamente asignados a cada interviniente en la Ley, en los contratos vigentes y en las directrices de la Estrategia de Transición Justa".

Señalaron también que en el ámbito de sus atribuciones y dentro de la esfera de sus competencias, velarán para que dicha instancia de trabajo "resulte exitosa, beneficiosa para todas las partes, asegure la cobertura sanitaria y económica acorde a las funciones desarrolladas y, en particular, resulte coherente con el proceso y estrategia de transformación energética definida".

Junto con lo anterior se precisó que tanto Enel como las empresas contratistas seguirán aplicando los respectivos planes y coberturas de salud ocupacional, a fin de asegurar que todos los riesgos laborales sigan atendidos tal como las regulaciones vigentes lo indican.

Acuerdos

La noticia del término de la paralización fue dada a conocer el pasado domingo en horas de la tarde, cuando diversas autoridades de la Región y los trabajadores involucrados firmaron un acuerdo que establece ciertas garantías. Dentro de las medidas principales asoman capacitaciones, reubicaciones de contratistas -a raíz del pronto cierre de la planta por el plan de descarbonización- y la toma de exámenes médicos para los contratistas que durante años han operado en la central.

La firma del documento se llevó a cabo con las seremis de Energía y del Trabajo, además de los mismos trabajadores contratistas. En la instancia se planteó también continuar con una mesa de trabajo que involucre a quienes se desempeñan en la planta, autoridades y Enel.

"Como Gobierno entregamos distintas soluciones en tres de los puntos que los trabajadores demandaban. Esto eran exámenes de salud, intermediación laboral y capacitación. La idea es poner a disposición los instrumentos públicos para apoyar a los trabajadores y, además, ellos llegaron a acuerdos con empresas contratistas para su indemnización, la cual tiene a Enel como garante", explicó la seremi de Energía, Daniela Espinoza.

La autoridad recalcó que la compañía será la encargada de que las empresas contratistas cumplan con la entrega de la indemnización que se fijo para trabajadores, la cual contempla un monto de $2 millones.

Por su parte, Sergio Henríquez, uno de los voceros del movimiento, manifestó que están conformes con lo determinado en el acuerdo. "La firma de ese documento es para seguir conversando en una mesa de diálogo, seguir instalando temas, pero la gente en general se manifestó cómoda", dijo.

Respecto al cierre de la central -que debiese concretarse a fines de mayo en el marco del plan que busca terminar con las centrales a carbón del país-, la seremi de Energía comentó que eso es algo que aún no está definido. "Eso es algo que está en desarrollo, pues hay aspectos técnicos que está analizando el Ministerio para poder entregar una fecha definitiva. Por el momento, no hay certeza de que esto no sea el 30 de mayo como estaba estipulado desde el comienzo", reveló.

12 días estuvo tomada la central ubicada en Coronel por parte de los trabajadores contratistas de Enel.

Un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Quilamapu, a través de un proyecto FNDR del Gobierno Regional, trabajó en mejorar la productividad del cultivo de la papa en la Provincia de Arauco, resaltando las ventajas comparativas de la zona.

El proyecto, que lleva cuatro años activo en terreno, tiene por objetivo entregar a agricultores locales las herramientas y el conocimiento para disminuir sus costos y obtener mejores resultados a la hora de la cosecha.

Mario Saavedra, encargado de la Oficina Técnica del INIA en Cañete, señaló que "en la Provincia de Arauco se cosechan, en promedio, 22,5 toneladas por hectáreas, es decir, 900 sacos por hectárea, según testimonio de productoras y productores paperos, lo que es considerado por ellos un buen rendimiento. Hoy, con un cuarto de hectárea bien trabajada es posible obtener lo que en promedio se obtiene en una hectárea".

Agregó que "a esto le podríamos llamar un 4x4, es decir, aplicar cuatro tecnologías para cuadriplicar los rendimientos".

El coordinador de esta iniciativa, Rodrigo Avilés, explicó que "buscábamos compartir con los agricultores las principales variables del uso de este cultivo, como el uso de la semilla certificada, el análisis de suelo, la correcta fertilización y el riego", añadiendo que han enfocado su trabajo en lograr un manejo adecuado de este paquete tecnológico para lograr nuevos rendimientos.

Durante estos cuatro años la meta ha sido identificar las falencias y dificultades de los agricultores locales para luego buscar soluciones que mejoren y transmitan el conocimiento.

Patricio Saldaña, ingeniero agrónomo, sostuvo que a través de estos experimentos "nosotros demostramos que, si se hacen bien las cosas, podemos alcanzar altos rendimientos. Por ejemplo, estamos hablando de rendimientos que bordean las 100 toneladas por hectárea, casi 4 mil sacos por hectárea".

Hace unos días el pleno de la Convención Constitucional aprobó una propuesta que sostiene que los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, podrán participar en el proceso de toma de decisiones de las empresas en las que laboran. Se espera que dicha materia sea regulada por ley para así establecer cuáles serán los mecanismos por el que se ejercerá el derecho.

Desde la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío apoyaron esta iniciativa. Eso sí, enfatizaron la importancia de aclarar cuál será el rol de los grupos sindicales en estos procesos.

"Como gremio nos parece razonable la participación de trabajadores en las decisiones de las empresas, ya que estas se construyen en la suma de accionistas, colaboradores y trabajadores, y cada uno de ellos participa y aporta desde su rol. A ambas partes les interesa el desarrollo y crecimiento de la empresa, por lo tanto, es razonable que los trabajadores participen", sostuvo Álvaro Ananías, presidente del gremio.

Añadió que lo importante es que en ámbitos de legislación se indique exactamente cuáles serán las responsabilidades y los riesgos que deberá asumir cada uno de forma que puedan participar y aportar activamente en su rol.

En la misma línea, Ananías instó a los parlamentarios a trabajar en conjunto con los gremios y trabajadores para lograr una legislación adecuada y conveniente, permitiendo, además, que el país continúe desarrollándose en diversas materias.