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El abogado Pedro Díaz aseguró que se han solicitado más indagatorias

LA BÚSQUEDA DE APOYO NO CESA

La familia del niño espera los nuevos resultados y pide un mea culpa de las instituciones por los distintos errores que se cometieron en el inicio de la investigación.
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Por Karlyng Silva Leal

"Como todos saben ya se cumple un año devastador de la pérdida de mi hijo, hoy aún sin verdad, sin justicia", son las palabras que publicó Estefanía Gutiérrez hace un par de días en su Facebook sobre la desaparición y deceso de su hijo de 3 años, Tomás Bravo. A casi un año del hallazgo del cuerpo sin vida del niño, las circunstancias de su muerte se mantienen en investigación a la espera del resultado de pericias que permitan entender qué ocurrió el 17 de febrero de 2021 y si hubo terceras personas involucradas.

Hace un año, el niño de 3 años y 7 meses desapareció en Caripilún, en la comuna de Arauco, donde la última persona que lo vio con vida fue su tío abuelo, Jorge Escobar Escobar. Tras ello, se desplegó en la zona un operativo de búsqueda sin precedentes en Chile y trajo como resultado que el menor fuera encontrado fallecido nueve días después.

Durante el transcurso estos doce meses, la familia del niño fue golpeada con fuerza por diferentes situaciones, ya que la búsqueda fue solo el inicio de un largo proceso al que se sumó una cobertura mediática que ameritó la reserva de la carpeta investigativa por parte de Fiscalía, y situaciones complejas que la misma madre del niño acusó en sus redes sociales a lo largo del 2021 tras el hallazgo del menor.

La familia debió lidiar con que el trabajo del Servicio Médico Legal se extendiera por 56 días hasta que finalmente pudieron entregarles el cuerpo, que el único imputado fuera el tío abuelo del niño, quien formó parte de su crianza y crecimiento, así como también una extensa investigación por parte de Fiscalía, que a la fecha no ha permitido determinar si existió intervención de terceros en su muerte y si hay un culpable identificable.

INVESTIGACIÓN

La investigación en curso es hoy conducida por la fiscal Regional, Marcela Cartagena, quien ha calificado la indagatoria como la más compleja que han enfrentado en el Biobío. Pese a los recursos destinados, que se acumulan 20 tomos de investigación y que las pericias solicitadas continúan al alza, aún no existe una respuesta que satisfaga a la familia.

El abogado de Estefanía Gutiérrez , Pedro Díaz, indicó a diario El Sur que además de las seis pericias que hasta hace un mes se encontraban en curso -tanto en Chile como en el extranjero- se han solicitado más durante las últimas semanas. "La familia está esperanzada en que los resultados salgan pronto, están también sentidas por el tiempo que se ha demorado la investigación, situación que los ha complicado", sostuvo.

"El inicio de la investigación tuvo tantos errores que hoy cuesta un poco creer en los resultados que puedan aparecer y por eso las pericias que esperamos se están realizando muchas en el extranjero y algunas en universidades en Chile", detalló Díaz, sobre las irregularidades del caso que la misma fiscal regional ha reconocido recientemente.

RESPUESTAS

El abogado sostuvo que, a un año de iniciada la investigación, aún restan situaciones pendientes, principalmente para dar mayor tranquilidad a los familiares del niño. "Lo primero y muy importante es el respeto a la familia, sobre todo en estos días que son de bastante dolor. Además, se espera el mea culpa de las instituciones: PDI, el Ministerio de Justicia, el Servicio Médico Legal, todavía no hacen el mea culpa y eso ayudaría a aliviar, aunque sea un poco, el dolor de la familia", agregó.

Entre las mayores falencias que la familia identifica en el caso está el proceso de búsqueda, que por la masiva colaboración no permitió preservar el sitio del suceso, sumado a la precipitada acusación pública a Escobar como presunto autor, la falta de pruebas para demostrarlo en tribunales, la filtración de un informe del SML que concluía una causa de muerte por inanición e hipotermia y una extensión de la investigación sobre el único imputado.

Sobre esto, la madre del niño ha manifestado su opinión en redes sociales y en la publicación más actual indicó: "Aunque ustedes no lo crean, con todos los errores del SML, aún sigue trabajando en el caso de mi hijo… Ya no confío en nada que venga de las instituciones chilenas. Lamentablemente hay que buscar ayuda afuera del país para encontrar alguna respuesta".

Por otra parte, el abogado Díaz destacó el trabajo realizado por la fiscal Cartagena "que es una labor integradora con los querellantes y además inédita en las investigaciones en Chile". Además, fue la misma persecutora quien anunció este año que se generarían protocolos y sugerencias a través de la experiencia de este caso para no reiterar errores de tal importancia.

Durante este año, Estefanía Gutiérrez participó en distintas marchas por el país en las que exigió justicia para su hijo, también acompañó a otros padres cuyos hijos también han muerto.

A principios de febrero acudió hasta "La Moneda Chica" para que el futuro Gobierno se pronunciara sobre cómo el Estado le ha fallado a su hijo y otras víctimas.

También apoyó una Iniciativa Popular de Norma para la Convención Constituyente sobre la creación de la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para niños, niñas y adolescentes, familias víctimas de abuso y violación de DD.HH. del Sename y otras instituciones.


Tomás Bravo: a un año de su desaparición siguen los peritajes para saber la causa de muerte

Los principales hechos que marcaron el caso

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17 de febrero de 2021

Se pierde el rastro de Tomás Bravo tras salir a buscar unos animales con su tío abuelo, Jorge Escobar, a metros de su casa

26 de febrero de 2021

A casi 2 kilómetros de su casa fue encontrado el cuerpo del niño. Inmediatamente el fiscal José Ortiz ordena la detención del tío abuelo

2 de marzo de 2021

Jorge Escobar fue formalizado por el delito de homicidio calificado: El Juzgado de Garantía de Arauco rechazó la cautelar de prisión preventiva

3 de marzo de 2021

Se designa a Marcela Cartagena como fiscal del caso, debido a su complejidad. La fiscal regional ordenó pericias en Caripilún

23 de abril de 2021

Se entrega el cuerpo de Tomás Bravo a su familia por parte del SML y es trasladado en caravana hacia Arauco

11 de enero de 2022

La Fiscalía del Biobío en su cuenta pública admitió errores en la investigación del caso y la generación de nuevos protocolos para evitarlos

Carlos Peyrin es el primer caso sentenciado culpable por delitos asociados al estallido social en Concepción

Con libertad vigilada queda condenado por lanzar molotov

El joven tendrá que someterse a un programa privativo de formación laboral y otro cultural para evitar su reincidencia.
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El Juzgado de Garantía de Concepción otorgó el beneficio de la libertad vigilada intensiva a Carlos Peyrin Matamala, quien fue condenado a tres años y un día de presidio por el delito consumado de arrojar una bomba molotov en la vía pública en diciembre del año 2019 en el centro penquista. Este delito ocurrió bajo el contexto de las manifestaciones del denominado estallido social .

Durante esta semana se realizó la revisión de la sentencia, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción aceptara la solicitud de la Fiscalía para que Peyrin cumpliera el resto de su pena privado de libertad por su inasistencia a talleres de cumplimiento con Gendarmería a causa del trabajo que había conseguido en el rubro de la construcción.

El magistrado Carlos Aguayo acogió la solicitud de la defensa, considerando que la libertad vigilada intensiva es más favorable para el condenado que la pena privativa de libertad, accediendo a su sustitución.

Peyrin tendrá que someterse también a un programa formativo laboral y otro cultural de tratamiento de violencia para evitar la reincidencia.

Durante el juicio que lo determinó culpable, se comprobó que el 2 de diciembre de 2019, el condenado contribuyó a la alteración del orden público armando bombas incendiarias que lanzó contra un carro lanza gases de Carabineros.

3 años es la pena que enfrenta el joven por lanzar el artefacto incendiario en la vía pública en el centro penquista.