Por Redacción

En forma unánime, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU), aporte económico de hasta $185.000 destinado a todas las personas desde los 65 años, excepto a quienes pertenezcan al 10% de mayores ingresos.

Con esto, la iniciativa fue despachada del Congreso y quedó lista para ser promulgada por el presidente Sebastián Piñera y publicada en el Diario Oficial.

Tal como había adelantado el gobierno, el beneficio se empezaría a pagar durante la tercera semana de febrero. Los primeros en recibir estos recursos serán los beneficiarios de los aportes del Pilar Solidario.

Se calcula que al menos dos millones 400 mil personas serán beneficiadas con la Pensión Garantizada Universal.

El Ejecutivo celebró la aprobación de la PGU, calificándola como la reforma más trascendental de las últimas décadas en materia de pensiones.

"Tenemos la inmensa alegría de poner en marcha la segunda etapa de la mejoría de las pensiones, a través de la creación de la Pensión Garantizada Universal, que se empezará a pagar a partir del próximo mes de febrero y mejorará las pensiones de más de 2,5 millones de personas mayores de 65 años, estén pensionados o estén trabajando, pero muy especialmente las pensiones de las mujeres y la clase media", destacó el presidente Sebastián Piñera.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseguró que "este es un hito en la seguridad social de Chile. Es el cambio más sustancial de las últimas décadas y deja pavimentado el camino para una reforma integral al pilar contributivo que no hemos podido alcanzar hasta ahora".

El ministro secretario general de la presidencia, Juan José Ossa, tildó como "histórico" el proceso que culminó con la aprobación de la PGU. "Me atrevería a decir que se trata de la modificación a las pensiones más relevante de los últimos 20 o 40 años", sostuvo.

En el mismo sentido se manifestó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien planteó que "esta es una de las reformas más importantes tal vez de los últimos 40 años, junto con la que hizo la presidenta Bachelet en 2008. Esta yo creo que es una reforma tan importante o incluso más importante que esa"

Cerda afirmó que el objetivo del gobierno era impulsar un cambio legal que permitiera mantener una ayuda estatal similar al IFE Universal, pero con mayor focalización. "Es una reforma que es lo más parecido al IFE Universal que tuvimos hasta hace un tiempo atrás. No podíamos mantenerlo porque los montos fiscales eran demasiado grandes", explicó.

Los ministros agradecieron el respaldo al proyecto por parte de los legisladores de oposición. Al ser aprobado por los 122 diputados presentes en la sala, hubo aplausos transversales desde las distintas bancadas.

Sin embargo, durante el debate algunos parlamentarios lamentaron que las personas de menos recursos sean menos beneficiadas que la clase media, esto porque quienes actualmente reciben aportes solidarios sólo recibirán el complemento para alcanzar los $185.000. Así, los beneficiarios de Pensión Básica Solidaria ($176.096), solo recibirán por PGU la suma de $8.904.

El nuevo beneficio será recibido íntegramente por quienes no perciban aportes fiscales y tengan una pensión base igual o menor a $630.000 mensuales. Para jubilaciones mayores a ese monto la PGU se calculará en forma decreciente.

FINANCIAMIENTO

La Cámara de Diputados también despachó ayer el proyecto que garantiza el financiamiento de la PGU, consistente en la eliminación de exenciones tributarias, el que fue aprobado unánimemente por los 124 diputados presentes.

Dicha iniciativa incluye nuevos impuestos para poseedores de bienes de lujo, como propiedades de alto valor, aviones, helicópteros, yates y autos avaluados en más de $40 millones.

Para esta parte del proyecto, al igual que en el Senado, los parlamentarios de la UDI solicitaron votación separada. Sin embargo, a pesar de los rechazos y abstenciones de diputados de Chile Vamos, estos artículos fueron aprobados por amplia mayoría.

ASESORES PREVISIONALES PIDEN AUMENTO PROGRESIVO

La Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) valoró la aprobación de la PGU, destacando su impacto en la clase media. "Estas personas habían sido postergadas pese a su esfuerzo en ser activos en el sistema previsional, en ahorrar mes a mes", dijo el presidente del gremio, Lientur Vergara. Junto con solicitar prioridad para la reforma de fondo al sistema de pensiones, la entidad llamó a las autoridades a garantizar que la PGU sea "sostenible, permanente y que aumente de manera progresiva".

En prisión preventiva quedaron los cuatro ciudadanos venezolanos que el martes agredieron a dos funcionarios de Carabineros en el sector de Cavancha, en Iquique, en medio de un procedimiento por presunto tráfico de drogas que fue registrado en el video de un celular en el cual se observa una fuerte agresión de puños y pies a los uniformados.

Uno de los policías resultó con fractura nasal y dental al ser golpeado con una manopla, por lo que debió ser trasladado por vía aérea al hospital de la institución en Santiago.

Los cuatro detenidos fueron formalizados ayer por los delitos de tráfico de drogas y maltrato de obra a Carabineros. El magistrado del Juzgado de Garantía de Iquique, Vicente Muratori Quezada, aseguró que los individuos "actuaron de forma concertada" y que "querían evitar la incautación" de un bolso con sustancias ilícitas.

Al fundamentar la decisión de dejarlos en prisión preventiva, el juez dijo que "la forma de comisión del delito, haber actuado en grupo pandilla, el ser imputados por más de un delito, causa una inseguridad tremenda en la sociedad (…) Los ciudadanos de Tarapacá tienen miedo de caminar por ese mismo lugar donde fueron detenidos".

El gobierno condenó la agresión y aseguró que los involucrados serán devueltos a sus países de origen, independiente de lo que ocurra con la causa penal.

"He dado instrucciones precisas al delegado presidencial de Tarapacá de que inicie el proceso de expulsión de estas cuatro personas que fueron detenidas por agresión a Carabineros", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

"No vamos a permitir que se les falte el respeto a nuestros carabineros", agregó el secretario de Estado, señalando que "estas personas serán expulsadas de igual manera, vale decir si tienen condena o no la tienen". Más tarde insistió en que "la decisión de expulsar a estas cuatro personas es a todo evento" y que los trámites para concretarlo se realizarán "lo antes posible".

Lo anterior, sin embargo, choca con los tiempos judiciales, ya que el tribunal decretó un plazo de 90 días para realizar la investigación.

BORIC :"INACEPTABLE"

El presidente electo, Gabriel Boric, también se refirió al hecho, calificándolo como "inaceptable". El futuro mandatario añadió que "el tema de la seguridad es prioritario para las familias, quieren recuperar los barrios".

Boric aseguró que ha conversado sobre el tema con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. "Tenemos que dotar de mayor eficacia a las policías en las denuncias, fortalecer los aspectos culturales de vida comunitaria para quitarle las calles a la delincuencia y al narco también", indicó.

En tanto, la máxima autoridad policial se comunicó con los funcionarios afectados para manifestarles el respaldo de la institución y ofrecerles apoyo jurídico. "No puede salir gratis pegarle a un carabinero", planteó en esa conversación.

Tras los hechos del martes, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, viajó a Santiago para intentar reunirse con el ministro del Interior. Sin embargo, Rodrigo Delgado no pudo recibirlo, ni tampoco el subsecretario Juan Francisco Galli. Finalmente sostuvo un encuentro con la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez.

A su parecer, el problema está íntimamente relacionado con la migración irregular que se produce en la Región de Tarapacá. "El problema que tenemos como país, es que están entrando y saliendo personas sin ningún tipo de control", planteó en radio Biobío.

El edil aseguró que el Departamento de Extranjería no ha realizado una adecuada labor en la zona, donde se produce un "embudo" de ingresos ilegales. "Se tiene que considerar a Iquique y Alto Hospicio como ciudades fronterizas porque hay tráfico de personas, armas, drogas y autos", declaró en Chilevisión.

ESTADO DE EXCEPCIÓN

La bancada de diputados de la UDI solicitó al gobierno que decrete Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región de Tarapacá, ante los hechos de violencia en que se han visto involucrados ciudadanos extranjeros. "Es la única alternativa que tenemos para enfrentar esta ola de delincuencia y de violencia que nos afecta", dijeron los diputados Juan Antonio Coloma y Renzo Trisotti. A su juicio "en Iquique estamos viviendo una situación tan igual o incluso peor" que en la macrozona sur.

Pese a que durante el martes dejaron casi listo para despacho el proyecto de ley de amnistía para los denominados presos de la revuelta, ayer se confirmó en la comisión de Constitución del Senado tras definir el periodo que se considerará para aplicar el perdón.

En la instancia se definió que será para delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, ambos días inclusive, y cumpliendo con todas las determinaciones que se acordaron previamente, como por ejemplo, dejar fuera el homicidio frustrado.

Las críticas por parte del senador Rodrigo Galilea (Renovación Nacional), que votó en contra, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, calificando el tiempo de un "periodo excesivamente largo", no fueron suficientes para evitar que se aprobara la duración propuesta.

También se dio el visto bueno al artículo 3, que establece que, para ser considerado en el antes llamado indulto, solo podrán considerarse delitos cometidos "en el contexto de manifestaciones o desórdenes públicos acontecidos en las revueltas sociales".

En tanto, se definió que, según cómo quedó redactado, se deberá contar con un respaldo de 22 votos para ser aprobado el proyecto.

Por otro lado, se considera no solo a personas que estén en prisión preventiva, sino que también a quienes ya condenadas puedan solicitar al tribunal que se revise el caso para poder acceder a esta disposición. Además se esclareció que a quienes accedan a la amnistía no se les extingue su responsabilidad civil por los delitos a los que fueron condenados.

FECHA DE VOTACIÓN

Aunque ayer fue despachado por la comisión, en el Senado aún no se establece una fecha para votar el proyecto, y lo más probable es que se haga en marzo, cuando retornen los parlamentarios al congreso. Ayer fue el último día legislativo y la tabla de la sesión de Sala ya estaba establecida, por lo que no se consideró.

Según el presidente de la comisión, Pedro Araya (independiente-PPD), será "resorte de los acuerdos del comité" si es que se cita a una sesión especial para revisar esta iniciativa.

El senador de la Circunscripción II aseguró que no tiene urgencia en el Gobierno, y dijo que el informe elaborado por la secretaría "estará listo en la medida que los comités lo soliciten".