Descentralización efectiva
Convencional constituyente distrito 20, tammy pustilnick,
Esta semana la Comisión de Forma de Estado de la Convención Constitucional ha aprobado en general la iniciativa de norma constitucional que consagra un Estado Regional y entidades territoriales autónomas. La iniciativa fue presentada de manera transversal por diversas fuerzas políticas de la misma Comisión, las que trabajamos en conjunto hacia un mismo fin: lograr una descentralización efectiva de nuestro país.
Las formas de Estado son las distintas maneras de organización que éstos pueden adoptar dependiendo de la relación que establecen con su pueblo, su territorio y el poder. Así, los Estados tradicionalmente suelen ser caracterizados y divididos entre unitarios y federales, según sean las relaciones entre el órgano central (uno o varios) y sus territorios.
Esto implica que buscamos cambiar este paradigma de cómo se distribuye (o mal distribuye) territorialmente el poder: el artículo tercero de la actual Carta Fundamental establece que Chile es Estado unitario, lo que implica que existe un solo centro de decisión política y gubernamental, y del cual emana un ordenamiento jurídico aplicable a todas las personas, en el que existe un alto grado de concentración de la toma de decisión política a nivel central o nacional.
La actual forma de Estado de nuestro país se caracteriza por la centralización política, es decir, la competencia legislativa está reservada a los órganos centrales. Las decisiones políticas se toman a nivel nacional, incluso en materias que puedan tener incidencia estrictamente local, lo que trae aparejado que no se consideren las realidades de los territorios en la toma de decisiones, lo que genera una desconexión con sus distintas realidades, más aún considerando la rica diversidad geográfica de Chile.
Por lo anterior, buscamos que el Estado Regional sea una nueva forma de Estado, en la que los territorios sean verdaderas comunidades políticas. En el caso de las regiones autónomas, para lograr que puedan tener una autonomía real, se propone la existencia de un órgano regional con potestades legislativas exclusivas sobre materias de competencia de la región, y autonomía financiera para sus ingresos y gastos que descentralice financieramente el país, bajo los principios de solidaridad y equidad interregional.
Esta iniciativa ya aprobada en general dentro de la comisión, y aún cuando faltan varios pasos para convertirse en norma constitucional, trae la esperanza de materializar una nueva forma de distribución territorial del poder que permita que todos los territorios alcancen su desarrollo y que ninguno, bajo ninguna circunstancia, sea relegado y/o discriminado.